Si no se paga en plazo, se puede interponer recurso contencioso administrativo.

El último aspecto que ha introducido la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con la finalidad de luchar contra el "aumento de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que está afectando a todos los sectores, en especial, a las pequeñas y medianas empresas", es darles la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo.


Así lo establece el art.3.2º de la Ley 3/2004, añadiendo un nuevo artículo 200 bis a la Ley 30/2007

Transcurrido el plazo, el contratista puede reclamar por escrito (o electrónicamente, pues es su derecho elegir el canal de comunicación con la administración deudora) el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora.

Si transcurre 1 mes sin que la Administración haya contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda.

El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última.

La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.

Así que desde el 7 de Julio de 2010 (fecha en la que entró en vigor, según la D.F. Única Ley 15/2010), hay que pagar a los proveedores públicos de contratos adjudicados definitivamente después de dicha fecha en un plazo de 55 días, si no se hace, se puede interponer un recurso contencioso administrativo.

Visitas: 139

Comentar

¡Necesitas ser un miembro de CONTRATACIÓN PÚBLICA para añadir comentarios!

Participar en CONTRATACIÓN PÚBLICA


Empleados del Sector Público
Comentario por José Manuel Martínez Fernández el abril 10, 2012 a las 1:12pm

Creo que debe aplicarse el criterio de la transitoria primera del TRLCSP, pues precisa cuando se entiende "iniciado" un procedimiento a afectos de normativa transitoria aplicable, mismo concepto que utiliza la DT.3ª.2 de la Ley 34/2010


Empleados del Sector Público
Comentario por Guillermo Yáñez Sánchez el abril 10, 2012 a las 11:29am

Hola Mara, pues en mi opinión:

  • La Ley 15/2010 entró en vigor, el 6 de Julio de 2010.
  • En aquel momento, regía la adjudicación definitiva como momento, dentro del proceso de contratación, en el cual el contrato se formalizaba, existía.
  • Luego se publicó la Ley 34/2010, de 5 de agosto, que entró en vigor el 9 de Septiembre de 2010, eliminó la adjudicación definitiva y trasladó sus efectos a la formalización del contrato.

En consecuencia, yo creo que el dato es si la adjudicación definitiva se acordó y notificó antes del 6 de Julio de 2010.

De todos modos lo paso por la red, a ver lo que pasa.

Comentario por Mara Rubio Sasián el abril 10, 2012 a las 11:07am

Hola Guillermo: Ya me he dado cuenta de que este comentario es antiguo, como obviamente no podía ser de otra manera. Tengo una consulta, la ley 15/2010 regula en su Disposición Transitoria su aplicación a los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor, (6-07-10), y mi pregunta es qué entendemos por celebracion del contrato, la firma del documento contractual o la aprobación del inicio de expediente de contratación?. Es que tenemos un pleito en el que nos solicitan la aplicación de la medida cautelar del art. 200.4

Me será de gran ayuda vuestra opinión. Un saludo y muchas gracias a este foro por existir.

El cactus de la contratación pública

Planta en cultivo para talleres, jornadas y eventos de contratación pública en temas diversos.

© 2020   Creado por Guillermo Yáñez Sánchez.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio