Propuesta de modificación de la legislación contractual para luchar contra la corrupción.

Me he enterado de que el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia ha presentado la Proposición de Ley 122/000026 sobre transparencia y lucha contra la corrupción y lo ha hecho, entre otros motivos, por el clientelismo político y su consecuencia, la corrupción, según dice la exposición de motivos:

3. Partidos y clientelismo.
Por otra parte, la acción jurídica contra la corrupción no es ni mucho menos suficiente por sí misma para combatir aquella. La proliferación de normas y leyes puede hacer muy poco, e incluso resultar contraproducente si no se procede a reformar las instituciones públicas y privadas más implicadas en su desarrollo, es decir, aquellas instituciones que ofrecen la oportunidad y encubren las prácticas de corrupción. Entre estas últimas, los partidos políticos tienen un papel protagonista, como lo demuestra la frecuencia rutinaria con la que cargos de partidos políticos, e incluso los partidos como tales, aparecen implicados en procesos de corrupción junto con personas y entidades beneficiarias asociadas a esos cargos y partidos en asociaciones clientelares. En esta relación, determinadas personas y entidades se asocian con opacidad y ánimo de lucro ilegal a cargos o partidos capaces de satisfacerlo, aprovechando la capacidad de los cargos políticos para beneficiar a sus asociados clientelares mediante contratos, decisiones administrativas o normativas y reglamentos que favorezcan su asociación en detrimento de quienes compitan cumpliendo las reglas legales. El clientelismo asociado al poder discrecional de cargos y partidos políticos en las instituciones es, pues, un fenómeno esencial en la raíz de la corrupción política.

Las administraciones con mayor número de empleados públicos nombrados por un cargo o partido político son las más proclives a corromperse. Por esta razón es necesario reducir al máximo posible el número de cargos de libre designación o de confianza, especialmente en aquellos puntos críticos donde se toman decisiones de alcance económico, tales como otorgar contratos públicos. La contratación pública se ha identificado  como la actividad de gobierno más vulnerable a la corrupción, de forma que la transparencia y la rendición de cuentas se consideran como condiciones clave para la promoción de la integridad y la prevención de la corrupción, eliminando las «zonas oscuras» y la discrecionalidad."

En consecuencia, UPyD propone reformar los siguientes artículos:

  1. "Artículo 5. Medidas contra la corrupción en la contratación administrativa.Se modifica la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, de 30 de octubre, para reforzar los principios de objetividad, publicidad e imparcialidad en las adjudicaciones de los contratos y prevenir posibles adjudicaciones fraudulentas, de acuerdo a los criterios siguientes:
    1. Limitación de la posibilidad de adjudicar contratos directamente a favor de un contratista:
      • a) Los contratos menores deberán ser de un importe inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 6.000 euros, cuando se trate de otros contratos.
      • b ) Ninguna empresa podrá ser adjudicataria durante un mismo ejercicio presupuestario de un número de contratos menores de cualquier clase celebrado con un mismo organismo cuya cuantía acumulada supere los 50.000 euros.
    2. Extensión de la publicidad en la contratación administrativa. Todos los contratos administrativos deberán cumplir con el requisito de publicidad a través del perfil de contratante.
    3. Ampliación de los supuestos sujetos a la prohibición de contratar del artículo 49 de la Ley al personal de alta dirección, asesores, representantes legales, apoderados o mandatarios de las empresas, que tengan conflictos de intereses con las administraciones públicas.»
  2. Artículo 6. Reforzamiento de las incompatibilidades. Se modifican diversas las leyes en las que se regula el régimen de incompatibilidades de cargos electos, altos cargos y empleados públicos de todas las administraciones públicas para hacerlas más estrictas, con el objeto de prevenir posibilidad de que el cargo público pueda dar preferencia a sus intereses privados sobre los públicos que representa. 
    1. Uno. Rebajar la participación que los cargos electos, miembros del gobierno y altos cargos, por sí o junto con su cónyuge, sea cual sea el régimen económico matrimonial, o persona que conviva en análoga relación de afectividad e hijos dependientes o personas tuteladas, deben tener en una empresa o sociedad relacionada con la administración para que su actividad pública sea declarada incompatible con la privada, de acuerdo a los criterios siguientes:
      • «1. No podrán tener una participación directa o indirecta superior al 5 por ciento en el capital de las empresas o sociedades en tanto tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza, con el sector público estatal, autonómico o local.
      • 2. En el supuesto de las sociedades anónimas cuyo capital social suscrito supere los 300.000 euros, dicha prohibición afectará a las participaciones patrimoniales que, sin llegar a aquel porcentaje, supongan una posición en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuación.»
  3. Artículo 11. Campañas de publicidad institucional. Se regularán las campañas institucionales de publicidad y de comunicación de las administraciones públicas y de las entidades integrantes del sector público en cualquier ámbito territorial o nivel de las administraciones públicas, de acuerdo a los siguientes criterios:
    • 3. Se establecerá la obligación de realizar un informe anual de dominio público donde se incluirán todos los anuncios y campañas institucionales realizadas en el año anterior, señalándose su finalidad y su importe y adjudicatarios de los contratos celebrados.»
  4. Artículo 18. Registro Público de Contrataciones. Se creará el Registro Público de Contrataciones de las administraciones para que cualquier ciudadano pueda consultar todos los contratos realizados por cualquier nivel y ámbito de las administraciones públicas, las sociedades públicas y entidades participadas, y las empresas adjudicatarias."

A mi no me parece mal, algo hay que hacer porque diariamente el periódico es un continuo rosario de corrupción contractual, y no vamos a hacer como en China.




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Empleados del Sector Público
Comentario por Federico Azagra el marzo 6, 2012 a las 4:20pm

Respecto a las medidas propuestas para evitar la corrupción hay que considerar que la limitación de la contratación menor va a conllevar un incremento proporcional de los procedimientos negociados sin publicidad por razón de cuantía. Creo que se olvida que el procedimiento de contratación por ese escrúpulo obsesivo a "aparentar" transparencia está haciendo que el procedimiento de contratación sea caro, largo, inoperante y excesivamente formalista. Esto satura a las Mesas de Contratación y a los técnicos que tienen que invertir más tiempo en su autoprotección que en la búsqueda de una contratación ágil, eficaz y transparente. Una solución sería reconocer el papel que han de jugar las Mesas de Contratación y cuidar su composición para garantizar que está constituida por funcionarios independientes con capacidad de evaluar técnica y económicamente las ofertas. Así mismo ha de considerarse que cuando surgen los problemas todo el peso del asunto se deja recaer casi exclusivamente en el Secretario pareciendo que se diluye la responsabilidad del resto de los miembros de las Mesas. La corrupción no se elimina criminalizando a los funcionarios y convirtiéndolos en "Inspectores fiscales". Lo que ha de verificarse es la real ejecución de las prestaciones y su proporcionalidad de gasto, así como la necesidad de la prestación desde el punto de vista del ámbito competencial del Departamento al que está adscrito el órgano de contratación. Encualquier caso, cualquier medida tendente a frenar esta tendencia corrupta con que nos sorprenden los diarios sea bienvenida.


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Comentario por Guillermo Yáñez Sánchez el febrero 14, 2012 a las 8:52am

Copio y pego otro comentario en este hilo, de José Manuel Martínez:

  • "Debería corregirse la contradicción que al respecto creo que existe entre los 178.2.d de la LOREG, el 12 de la Ley 53/1984 y 6.1 de la 5/2006, a las que se remite el 60.1.f del TRLCSP, además del 75.1.2 de la LBRL, al que no se refiere el TRLCSP. Creo que existe esa contradicción en dos cuestiones:
  1. Las Leyes 53/1984 y 5/2006 requieren que la participación en el capital social de los cargos públicos para que determine la incompatibilidad ha de ser superior al 10%, porcentaje que UPyD propone rebajar al 5%. Pero el artículo 178.2.d de la LOREG, para los concejales, no establece porcentaje alguno. Aunque las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa consideran que ese porcentaje se aplica igualmente a los concejales, hay que recordar, por un lado, que la LOREG es una Ley Orgánica y que las limitaciones de derechos, según la doctrina del Tribunal constitucional,  no admiten una interpretación analógica como proponen la Juntas Consultivas de contratación.
  2. El 178 de la LOREG, al menos en la interpretación que de él da la JCCA, excluye de la prohibición los supuestos en los que el cargo público hace un pago a la Adm. en virtud del contrato, como en muchos los contratos patrimoniales. Esta exigencia de que el contrato sea financiado total o parcialmente por la entidad contratante no se prevé en las otras dos leyes las que se remite el artículo 60.1.f) del TRLCSP y el 75.1.2 de la LBRL (éste a la Ley 53/1984).
  • Debería hacerse extensiva la prohibición a las empresas de los ascendientes de los políticos y altos cargos, no sólo de los descendientes y cónyuges. Recordemos que el objetivo de esta prohibición es evitar un conflicto de intereses, real o aparente, y garantizar la objetividad en la adjudicación (STS de 31 de mayo de 2004, 27 de marzo de 2007)
  • - Una flexibilización del régimen en los municipios muy pequeños parece oportuna, como prevé el artículo 20.2 de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra (6/2006, de 9 de junio)  y el Proyecto de Ley de Patrimonio, Servicio Público y Contratación Local de la CCAA de Aragón (justificado en el IJCCA de Aragón 1572010)."

Empleados del Sector Público
Comentario por José Manuel Martínez Fernández el febrero 10, 2012 a las 1:54pm

 

De China podríamos aprender algo: "la confiscación de todos los activos personales del exdirectivo de China Mobile"

 

Sobre la propuesta de UPyD, algunas consideraciones:

 

- Llama la atención que se refiera a la Ley 30/2007 y no al TRLCSP

- Debería hacerse extensiva la prohibición a las empresas de los ascendientes de los políticos y altos cargos, no sólo de los descendeintes y cónyuges.

- El actual porcentaje del 10% del capital social en manos del político afectado pro la incompatibilidad, que UPyD propone rebajar al 50%, debería desaprecer y operar la prohibición cualquiera que sea la participación, siguiendo al literalidad del 178 de la LOREG

 

- el 178 de la LOREG, al menos en la interpretación que de él da la JCCA, excluye de la prohibición los supuestos en los que el cargo público hace un pago a la Adm. en virtud del contrato, como en muchos los contratos patrimoniales. Esto parece estar en contradicción con el 75.1.2 de la LBRL, al que no sé por qué no se cita en ningun informe de ninguna JCCA que abordan el tema. Creo que la incompatibilidad debería operar en todo caso.

- Una flexibilización del régimen en los municvpios muy pequeños parece oportuna, como prevé el Proyecto de Ley De Patrimonio, Servicio Público y Contratación Local de la CCAA de Aragón.

 

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