La implantación de la gestión electrónica en la contratación se complica, aún más.

Digo que se complica aún más, porque si cualquier cambio suele ser (generalmente) para muchos algo traumático, en el sector público, el cambio que va a suponer pasar del papel a lo electrónico, va a ser muy, muy lento y complicado, es más, "aún más complicado" que hace unos días.


Obviamente no vamos a pasar de buenas a primeras a los sistemas dinámicos de adquisición ni a las subastas electrónicas, algún paso intermedio habrá que dar.


Jaime Domínguez-Macaya ha distinguido fases en el proceso de implantación de la e-contratación: la pre-econtratación, la econtratación y la iecontratación.

En la pre- econtratación es donde se deberían realizan aquellas actividades que facilitan el tránsito hacia la econtratación, sería la fase en la que se utilizan los correos electrónicos y la publicación en web.

Creo que en este estado ya se encuentran muchos poderes adjudicadores. Utilizamos el correo electrónico (ojo con el correo que no es un medio legal de comunicación) y tenemos nuestro perfil (ojo con el sellado del tiempo) y/o la plataforma de contratación del Estado.


En la 2ª fase la "econtratación" se aceptarían ofertas electrónicas, se utilizaría la firma electrónica reconocida, se garantizaría la inviolabilidad de las ofertas y se utilizarían los registros de licitadores (con la finalidad de implantar la contratación administrativa electrónica).

Dejando al margen la última etapa (en la que muy pocos se encuentran), la iecontratación, yo creo que la 2ª etapa sería un buen momento para implantar las comunicaciones y notificaciones electrónica (el correo electrónico no es un medio legal para realizar las comunicaciones y notificaciones electrónicas, ya que, según dispone el art. 27.3º y 4º de la Ley 11/2007 "en ningún caso tendrán la condición de registro electrónico los buzones de correo electrónico corporativo asignado a los empleados públicos o a las distintas unidades y órganos. Tampoco tendrán la consideración de registro electrónico los dispositivos de recepción de fax, salvo aquellos supuestos expresamente previstos en el ordenamiento jurídico.")

La vía para implantar en la gestión del procesos de contratación las comunicaciones y notificaciones electrónicas es el previsto en el art. 27.6º de la Ley 11/2007 que establece que "cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, en cuyo caso la Administración Pública podrá establecer reglamentariamente la obligatoriedad de comunicarse con ella utilizando sólo medios electrónicos."


Este artículo, en palabras de Jaime, parece estar pensando en "un colectivo como el de los licitadores públicos en los que se dan con creces todos y cada uno de los supuestos de la norma" (Jaime Dominguez Macaya Laurnaga pág. 2.358 Contratación del Sector Público Local editada por El consultor - La Ley).


Yo me atreví a plantear con ocasión del 2º planE y aprovechando que todos los Secretarios de Ayuntamiento debían utilizar su firma electrónica reconocida, la implantación vía pliego de cláusulas la obligatoriedad de utiliz....


Pues bien digo que la implantación de la gestión electrónica es aún más difícil porque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Recurso contencioso-administrativo núm. 2137/2008) ha sentenciado que la Administración no puede obligar a las empresas a inscribirse electrónicamente en el Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la Construcción (REA).


Según el Tribunal sólo se puede establecer la obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas cuando concurren los requisitos legales previstos y ante la duda, se ha de interpretar siempre de forma restrictiva, y en el caso de autos, no se puede obligar porque en el supuesto legal sólo se hace referencia a la personas jurídicas o colectivos de personas físicas, pero no a las personas físicas. (leer más sobre la sentencia).


Y claro si el art. 26.7º parece estar pensando en "un colectivo como el de los licitadores públicos en los que se dan con creces todos y cada uno de los supuestos de la norma", pero no se puede utilizar porque hay licitadores que son personas físicas.


A lo mejor se redactó pensando en la crisis que estaba por llegar y los planesE que se iban a aprobar, pero lo que está claro es no se puede utilizar para obligar a las empresas a que inscriban electrónicamente en el Registro de Empresas Contratistas y, lógicamente, tampoco debería servir para cualquier otra información que hubiese que comunicarse en el proceso de contratación.


Y entonces, para qué sirve el art. 27.6º de la Ley 11/2007, en quién se está pensado.

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