La Ley 34/2010 de modificación de la Ley 30/2007 para adaptarla a la Directiva de Recursos ha impulsado y ha afectado a la gestión electrónica del proceso de contratación.

La gestión electrónica de las tareas administrativas (sean o no de contratación) es el futuro (o el presente) en la forma de relacionar, estando sujeto este nuevo escenario a la normativa legal.

La normativa legal que regula esa relación electrónica es nueva y para muchos todavía desconocida.

Voy a dar mi opinión sobre los aspectos que regulan la gestión electrónica en los procesos de contratación en la Ley 34/2010 y cómo los interpreto a la vista de lo que establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadano...

1. En relación con el perfil de contratante hay que:
  • Publicar la adjudicación definitiva, (art. 135.4º).
  • Indicar el plazo que hay para formalizar el contrato, (art. 135.4º).
  • Cuando interpuesta una cuestión de nulidad, se acuerde el mantenimiento de los efectos del contrato, deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante, (art. 38.8º).
2. En relación a la aportación de documentos por medios electrónicos.

El art. 135.2º de la Ley 30/2007 según la redacción dada por la Ley 34/2010 se establece que "el órgano de contratación requerirá al licitador ... para que presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, .... Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos."

Para adjudicar el contrato, el mejor licitador debe acreditar que reúne una serie de requisitos, acreditación que se realiza en base a unos documentos que el licitador propuesto:
  • o presenta por escrito o por medios electrónicos o
  • nos autoriza para obtener de forma directa la acreditación de ello.
Nada que decir en cuanto a la primera opción, el licitador propuesto elige el medio de relacionarse con la Administración Publica y lo puede hacer por escrito o por medios electrónicos (art. 6.1º a) Ley 11/2007).

En cuanto a la segunda opoción, que el licitador autorice para obtener datos, creo que sólo es necesaria si se trata de datos de carácter personal, pero si son datos que necesita un poder adjudicador (una Diputación) y que los tiene otra (la Agencia Tributaria) no se precisa autorización para acceder a esos datos.

La Administración que los tiene los debe facilitar (art. 9.1º Ley 11/2007) y la que los necesita tiene la obligación de recabarlos (art. 6.2º.b) Ley 11/2007).

En mi opinión, la información relativa a las obligaciones tributarias y sociales no debería de ser entregada por los licitadores (aunque sea cómodo). La Agencia Tributaria y la Seguridad Social deben facilitarla y el poder adjudicador que la necesite acceder a ella, sin molestar al licitador propuesto.

3. En relación a las comunicaciones y notificaciones electrónicas.

Tres aspectos se regulan:
  • Los licitadores tienen que presentar, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, (art. 130 d) Ley 30/2007 modificado por la Ley 34/2010).
  • La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días. (art. 130 d) Ley 30/2007 modificado por la Ley 34/2010), (art. 135.4º, último párrafo Ley 30/2007 modificado por la Ley 34/2010).
  • Las comunicaciones entre los órganos competentes para la resolución de los recursos o de las reclamaciones y los órganos de contratación o las Entidades Contratantes, se harán, siempre que sea posible, por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. (D.A. 3ª. 1º. Ley 34/2010).
  • Las notificaciones a los recurrentes y demás interesados intervinientes en los procedimientos de recurso se harán por los medios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. No obstante, cuando el recurrente hubiese admitido las notificaciones por medios informáticos, electrónicos o telemáticos durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, en el caso de que hubiese intervenido en él, y, en todo caso, cuando lo solicitara en el escrito de interposición del recurso, las notificaciones se le efectuarán por estos medios, (D.A. 3ª. 2º. Ley 34/2010).
Es necesario tener muy claro, que una dirección de correo electrónico no es un medio electrónicamente seguro para realizar notificaciones con efectos jurídicos y como no es seguro electrónicamente no es legal (art. 27.3º Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos) y no es legal por que una dirección de correo no deja constancia de la transmisión y de la recepción, de las fechas, del contenido íntegro y de la identidad fidedigna del remitente y del destinatario.

Supongo que a lo que se refiere es a una dirección de correo electrónico de las legalmente autorizadas para servir de medio de comunicación, es decir, la de gmail o de yahoo no valen.

En este vídeo los funcionarios del gobierno Vasco hablan sobre el asunto de las comunicaciones electrónicas y los correos electrónicos; hay que esperar unos 7 minutos, pero es un vídeo muy interesante


En cuanto al plazo para entender rechazada (hecha) una notificación electrónica, el plazo que se establece como regla general es de 10 días (art. 28.3º de la Ley 11/2007), plazo que es reducido a 5.

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Comentario por Guillermo Yáñez Sánchez el agosto 31, 2010 a las 9:10am
Corregido el error.
Comentario por R el agosto 31, 2010 a las 8:49am
Guillermo, muy buena la entrada, sólo una pequeña corrección, creo que cuando te refieres al art. 26.3º Real Decreto 1671/2009, quieres hacer referencia al 27.

Empresas, licitadores y contratistas.
Comentario por David Elías el agosto 29, 2010 a las 2:29am
Gracias por la información

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