La crisis económica como causa de modificación de contratos públicos (modificación Ley de contratos de Navarra).

El Boletín del Parlamento de Navarra de 16 de septiembre de 2011 publica el Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2011, y de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto de Sociedades. Se trata de una norma cuyo objeto reconocido es conseguir una reducción de gastos de cara a lograr la estabilidad presupuestaria. A tal fin entre otras medidas, considera oportuno modificar la Ley Foral de Contratos Públicos en lo atinente a la modificación de los contratos administrativos.

De este modo, su artículo 2. añadiría una Disposición adicional trigésimo sexta a la Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de

Navarra para 2011, con el siguiente contenido:

“Disposición Adicional trigésimo sexta. Modificación de contratos públicos.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, se considerará que se realiza por motivos de interés público cualquier modificación de los contratos administrativos que se realice durante el presente ejercicio presupuestario de 2011 y que tenga como finalidad el logro del objetivo de estabilidad presupuestaria, reduciendo el volumen de obligaciones o ampliando el plazo de ejecución del contrato”.

http://www.parlamento-navarra.es/UserFiles/File/BOP/B2011811.pdf 

Esta nueva norma, fue aprobada el día 22 de septiembre por el Parlamento Navarro, está pendiente de publicación oficial.

Lo importante ahora es determinar los efectos que esta norma, y otras similares..., tienen:

- ¿encontrais habilitación en esta norma para no abonar el beneficio industrial en un contrato suspendido o en un contrato con una reducción sustancial de la prestación?

- ¿considerais que caben modificaciones no sobre el objeto o la prestación sino sobre el momento del pago del precio?

- ¿considerais en definitiva que algunas de estas modificaciones pueden conllevar la alteración sustancial del contrato y que en consecuencia ante la falta de medios económicos lo procedente es resolver el contrato y no modificarlo?

 

 

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Empleados del Sector Público
Comentario por noelia parreño molina el enero 10, 2012 a las 6:35pm

 

Buenas tardes,

En relación a la modificación propuesta por el Parlamento de Navarra, la Comisión Jurídica Asesora, órgano consultivo de la Generalitat de Cataluña, en su dictamen 146/11 de 26 de junio, entiende justificada por razones de interés público una modificación contractual consistente en prorrogar y reducir el precio del contrato para reducir gastos, Entiende la comisión que "como consecuencia de la supresión de prestaciones derivadas de la obligación de reducir gastos por parte de los departamentos de la Generalitat de Cataluña, se puede entender avalado este ejercicio de la potestad de alteración contractual de la Administración.”

Os añado el link por si queréis consultar el dictamen. http://www20.gencat.cat/docs/CJA/Continguts/Activitat/Dictamens/Des... 

 

 

Comentario por José Norberto Viguria Alegría el octubre 14, 2011 a las 10:09am

José Luis:

Si me permites yo matizaría tu afirmación en el sentido de que el interés público que justifica la modificación es la estabilidad presupuestaria y esa modificación puede consistir en las operaciones que apuntas. Pero la gran duda que se me plantea es cuáles son las circunstancias imprevistas (se sobreentiende que para un administrador diligente) que permiten iniciar un expediente de modificación. La nueva norma incorporada en los Presupuesto únicamente incorpora un nuevo motivo, pero no dice nada de cuáles son las circunstancias imprevistas.


Empleados del Sector Público
Comentario por jose luis ezquerro el octubre 14, 2011 a las 9:24am
de acuerdo con Norberto, el régimen de las modificaciones de contrato sigue inalterado, ahora se considera de interés público reducir las prestaciones del contrato y ampliar el plazo del contrato y puede dar lugar a una modificación unilateral del contrato por parte de la Administración, en definitiva, alargar en el tiempo la ejecución de un contrato o reducir las prestaciones contratadas. Las consecuencias de estas modificaciones habrá que verlas, parece lógico que den lugar a reclamaciones de los contratistas. la reducción de unidades hasta el 20% delprecio de adjudicación del contrato son obligatorias para el contratista (art. 105.2 LFCP), así que de auí no derivaría indemnizacion alguna. La variación del plazo, puede plantear más problemas, aunque en principio solo operarían en su caso, las cláusulas de revisión de precios. Las cláusulas de abono del precio y las causas de resolución del contrato no se ven afectadas por la nueva norma.
Comentario por José Norberto Viguria Alegría el octubre 7, 2011 a las 10:27am

Ya ha sido publicada en el Boletín y estas son las primeras impresiones que me causa.

 

En primer lugar, dicha norma de carácter excepcional y con vigencia temporal limitada, lo que hace es explicitar la voluntad del legislador sobre lo que ha de entenderse “motivo de interés público”. Sin embargo, el resto del artículo 105 LFCP (que regula las modificaciones de los contratos de las Administraciones) permanece sin alteración. Esto quiere decir que previamente deben darse los presupuestos de base necesarios para las modificaciones:

 

a) Que concurran circunstancias imprevistas (para un administrador diligente)

b) Que las prestaciones no puedan separarse del contrato o proyecto original sin graves inconvenientes para la ejecución del contrato.

 

Una vez acreditados estos hechos es cuando puede operar el interés público de la estabilidad presupuestaria. Es decir, no hay nuevos supuestos de modificación sino nuevas justificaciones.

 

A la vista de las declaraciones de los responsables gubernamentales promotores de la reforma no parece que ese haya sido el objetivo de la norma, sino más bien la idea era poder modificar los contenidos de los contratos vigentes a las maltrechas arcas forales. Por tanto, parece que el objetivo declarado de los promotores no se ha trasladado correctamente al ordenamiento.

 

En segundo lugar llama la atención, reforzando su carácter de norma excepcional, el que no existan pautas para la aplicación de la nueva norma por lo que sería posible que la norma se aplicase a un pequeño contratista que trabaja para un órgano de contratación sin disponibilidades presupuestarias y no se aplicase al contratista de una gran obra sólo porque la obra ha sido adjudicada por un órgano con mayor presupuesto.

 

Por último, la aprobación de una norma que consagra una prerrogativa de la Administración que opera sobre contratos formalizados, es decir una norma de carácter retroactivo, nos acerca peligrosamente a la prohibición constitucional de retroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales.

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