¿Vulnera el RDL 4/2012 sobre las medidas para la financiación local el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público?

Se ha publicado una noticia sobre la posible vulneración de la normativa española sobre protección de..., por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Además de esta posible transgresión, ¿el RDL 4/2012 podría vulnerar también directa o indirectamente la Ley de Contratos del Sector Público?.

  1. Se puede plantear si la imposición a la renuncia a los intereses y el momento en que se va a hacer efectivo el pago, supone un quebrantamiento del artículo 216.4º del TRLCSP. La modificación de este precepto podría hacerse por norma de igual rango, si no fuera porque ese artículo remite a Ley de Medidas contra la Morosidad en Operaciones Comerciales, que a su vez es transposición de una Directiva Comunitaria (D.2000/35/CE, modificada por la 2011/7/UE). ¿Se salvaría este RDL 4/2012 en un recurso ante el TJCE por vulneración de esas Directivas?. Se puede argumentar que en realidad son los acreedores quienes renuncian a sus derechos, pues pueden pedir ser excluidos de este plan de pagos, y reclamar su crédito con los intereses legales, pero esto supone "de facto" que no llegarán a cobrar en muchos años, pues tras estos pagos y el plan de ajuste que implica, muchos Ayuntamientos tardarán años en tener liquidez.
  2. Este mecanismo de pago del RDL 4/2012 puede también haber servido para tratar de “legalizar” facturas que estaban “en los cajones” porque correspondían a gastos realizados sin consignación presupuestaria y/o sin la tramitación jurídica adecuada, aumentando así la sensación de impunidad del “derrochador público”. Aunque esta “legalización encubierta” puede decirse que empezó en cierta medida al crearse en el Plan Contable que aprobó (23 de noviembre de 2004) la famosa cuenta 413, “Obligaciones pendientes de aplicación a presupuesto”, pero esta nueva medida que se ha difundido como mecanismo para “sacar las facturas del cajón” puede parecer que permite dar carta de naturaleza a contrataciones nulas.
  3. No debieran consentir los Interventores locales que esas facturas se incluyan en la relación certificada sin ser modificadas, pues en principio no corresponderán a deudas “vencidas, líquidas y exigibles” (requisito que establece el artículo 2.1.a del RDL 4/2012), ya que esas contrataciones sin consignación presupuestaria y/o sin tramitación adecuadas, serían nulas de pleno derecho ex artículo 32 del TRLCSP. Su pago podría hacerse por aplicación del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto, pero en esa caso, además de las responsabilidades que deberían reclamarse al promotor del gasto, el pago no debería incluir conceptos propios de los contratos públicos como lo gastos generales y beneficio industrial, porque no estaríamos a un contrato válido.
  4. Cabe también plantear si este mecanismo para tratar de “saldar” las deudas de las EELL se hace especialmente a costa de las PYMEs locales, autónomos, y por supuesto, funcionarios. Y ello fundamentalmente porque se las trata igual que a las grandes empresas, y peor que a las entidades financieras.
  5. No se ha establecido, por ejemplo, un sistema de renuncia de intereses y quita de la deuda por tramos, de manera que hasta por debajo, por ejemplo, de 250.000€, no hubiese renuncia a intereses ni quita, de esa cantidad hasta 500.000€ se renunciase a los intereses, y por encima de esa cifra se obligase a un renuncia a intereses y a una quita también obligatoria. O se discerniese entre empresa de menos de 250 trabajadores y el resto. Y que por supuesto los primeros que renunciasen a sus intereses fuesen los bancos, los grandes beneficiarios de la operación. Las entidades financieras no sólo no renuncian a los intereses de los créditos que ya tiene concedidos a las EELL, sino que van a cobrar intereses por la deuda que las EELL tienen con su proveedores de obras, servicios y suministros, que la reciben en una especie de endoso obligatorio.
  6. Las PYMEs locales no sólo renuncian a los intereses de la deuda que actualmente tienen con ellas las EELL, sino que probablemente van a perder durante un buen tiempo a estos clientes, ya que el Plan de ajuste los va a dejar para pocas compras o inversiones nuevas… pero no podrán renunciar a seguir pagando la factura de la luz, el teléfono, el gasoil, etc.. Además, sufrirán la enorme pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, que verán de nuevo reducidas sus retribuciones y/o sus puestos de trabajo, lo que automáticamente va a reducir su gasto en los negocios locales, porque lo que tratarán es de no dejar de pagar la hipoteca, la luz, la calefacción o el teléfono. Es decir, a las PYMES locales se las va a castigar triplemente:
    1. renuncian a los intereses de sus deudas con las EELL,
    2. los perderán como clientes y
    3. reducirán sus ventas a los empleados públicos.
    4. Como se ha apuntado, se les da en el RDL 4/2012 el mismo trato que a las grandes empresas, e infinitamente peor que a los bancos, y sin duda su contribución al empleo y economía locales es muy superior al de aquellas.
  7. Da la sensación de que el legislador español no ha tenido en cuenta la “COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES «Pensar primero a pequeña escala» «Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas (Bruselas, 25.6.2008.COM(2008) 394 final)”, que está siendo un elemento clave en la modificación de la regulación de la contratación pública comunitaria en las nuevas Directivas sobre contratación que elabora la Comisión Europea (y que tiene ya un tímido reflejo en el artículo 22.2º y la disposición final quinta del TRLCSP). 
  8. En cuanto a la posible vulneración de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por la obligación de publicación en la página web de la Corporación consultante de los datos contenidos en el “fichero de facturas”, remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, la asesoría jurídica de la AEPD considera que: la publicación en Internet de los datos contenidos en el denominado por la consultante “fichero de facturas” referidos a quienes no tengan la condición de personas jurídica o se refieran a comerciantes, industriales o navieros el ámbito exclusivo de su actividad empresarial, de forma que la información sea libremente accesible por cualquier persona implica una cesión de datos que no encuentra amparo, sin el consentimiento del interesado, ni en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 ni en el artículo 7 f) de la Directiva 95/46/CE. De este modo, la inclusión de estos datos en Internet únicamente sería posible si el acceso quedase limitado al propio interesado mediante la inclusión previa de varios datos que sólo él pudiera, en principio, conocer”.

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Comentario por ALFONSO RUIZ DE CASTAÑEDA DE LA el abril 5, 2012 a las 1:55pm
Se me olvidaba, una Comunicación de la Comisión carece de valor normativo. Expresa la opinión de la misma. Fuentes son los Tratados, los reglamentos, las directivas y las decisiones. Tratados, reglamentos y decisiones son de aplicación directa y no se pueden transponer por los EM.
Comentario por ALFONSO RUIZ DE CASTAÑEDA DE LA el abril 5, 2012 a las 1:44pm
José Manuel, padre de mi tocayo. Mira que te he recomendado el arte de Cuchares. Un Decreto Ley nunca puede vulnerar una ley ordinaria, no así una ley orgánica. CALMA. Si la vulnera o esta generando una excepción o la esta derogando ya sea de forma parcial o total. Un abrazo

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