Cláusulas sociales en la contratación pública de Castilla y León.

Me ha llegado el Acuerdo 59/2012, de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, que aunque no me afecta directamente, se nos solicita que dentro de nuestro ámbito competencial pongamos en marcha medidas similares. Lo más importante que he visto es que:

 

1. Qué es una cláusula social. Las cláusulas sociales en la contratación pública consisten en que los poderes públicos incorporen a los procedimientos contractuales objetivos específicos de política social, en base al principio del Estado social que propugna la Constitución Española y en atención al proyecto social que constituye la Unión Europea.

 

Según el punto primero del acuerdo: "A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por cláusulas sociales aquéllas que establecen la inclusión de aspectos de política social en los procedimientos de contratación pública como el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con discapacidad, el fomento de la estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas."

 

2. Se aplica a casi todos los contratos.Salvo en la contratación centralizada, a todos, hasta los "contratos menores".

 

3. Se reservan determinados contratos a centros especiales de empleo.

Según el punto cuarto del acuerdo:

  • Los contratos reservados representarán en cómputo global anual el 6,5% del presupuesto total adjudicado en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior para el conjunto de actividades que figuran en el Anexo I.
  • Los centros especiales de empleo son empresas con clara vocación por la integración laboral de las personas con discapacidad.
  • Al menos el 40% del total de la plantilla esté compuesta por trabajadores con discapacidad con mayores dificultades de empleabilidad entendiéndose como tal los recogidos en el artículo 6.2 del Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
  • En el objeto del contrato hay que incluir de forma expresa el valor social de las obras, los productos o los servicios que necesiten contratar, tales como: el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con discapacidad, el fomento de la estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas.
  • Como requisito de solvencia técnica o profesional, se exigirá que las empresas acrediten un número medio anual mínimo de trabajadores en su plantilla y, en su caso, de trabajadores estables, referido a los tres últimos ejercicios, siempre que el cumplimiento de dicho requisito sea adecuado de la capacidad específica de la empresas requerida para la ejecución del contrato, por la relevancia de las prestaciones que deben ser efectuadas por su personal.
  • Preferentemente se adjudicará el contrato a favor de las proposiciones presentadas por:
    • empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100,
    • empresas de inserción laboral reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción,
    • entidades reconocidas como organizaciones de Comercio Justo en los contratos que tengan por objeto productos en los que exista alternativa de esta naturaleza
    • entidades sin ánimo de lucro, si se trata de contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial.
  • Criterios de adjudicación de carácter social, cómo: Condiciones especiales de ejecución de carácter social será:
    • Para personas con discapacidad: "la adecuación de los productos y servicios ofertados a su utilización por personas con discapacidad"
    • Para categorías de población especialmente desfavorecidas: "las características vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de dichas categorías de población."
    • Para la integración de la perspectiva de género: "las ventajas comparativas que la oferta contiene para la mejor satisfacción del objeto del contrato en lo referido a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, siempre y cuando los aspectos a valorar no se encuentren exigidos en el pliego de prescripciones técnicas como características obligatorias de la prestación."
  • Condiciones especiales de ejecución serán:
    • Al menos un 20%, sobre el total de los trabajadores afectados por el contrato, de personas en situación de exclusión social o en grave riesgo de estarlo, que estén desempleadas y que tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo ordinario,
    • Que estén incluidas en alguno de los siguientes colectivos:
      • Personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, o con enfermedades mentales, que tengan posibilidades de inserción en el mundo laboral.
      • Personas perceptoras de la renta mínima garantizada.
      • Jóvenes mayores de dieciséis años y menores de treinta provenientes de instituciones de protección de menores.
      • Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en proceso de rehabilitación y reinserción social.
      • Parados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años.
    • Al menos el 30% sobre el total de los trabajadores afectados por el contrato gocen de estabilidad laboral, salvo que, el porcentaje de contratación indefinida de la empresa sea superior al 80% del total de la plantilla."

Dejo aquí anexado el acuerdo:

 ACUERDO 59/2012, de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León, po...

 

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