Comentarios al Anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Desde el 26 de marzo, los ciudadanos pueden consultar el Anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la web http://www.leydetransparencia.gob.es/index y por un período de quince días, el texto de este Anteproyecto de Ley y realizar aportaciones al mismo.

 

No sé si este Proyecto de Ley va a suponer que no se tramite el que había presentado UPyD: 122/000026 Proposición de Ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción, presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia (lo adjunto al correo). Esta proposición tiene medidas más concretas, con propuestas precisas de modificación de normas.  A mediados de febrero intente hacer llegar las siguientes sugerencias a la proposición de UPyD  a través de cargos del partido y del Colegio de funcionarios con habilitación estatal.

En cuanto a sugerencias al Proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en una primera vista de pájaro sobre el texto, hago los siguientes comentarios, que remití al Ministerio en la web que ha creado al efecto:

  1. En mi opinión, la publicación de datos y acuerdos por sí sola no es suficiente para luchar eficazmente contra la corrupción. Es necesario potenciar los instrumentos de control interno y externo de los órganos políticos, tanto en sede administrativa como judicial.
  2. Para ello se ha de reforzar en competencias y medios, y garantizar su independencia, tanto de los Interventores, como de las asesorías jurídicas internas (los Secretarios en las Entidades Locales).
  3. En el control externo, se han de ampliar las competencias de los Tribunales de Cuentas, dotarlos adecuadamente y garantizar su total independencia del poder político.
  4. Para las EELL, además, se debería crear un organismo ad hoc, dotado con funcionarios de habilitación estatal, que analice los acuerdos de las entidades locales a los efectos previstos en el art. 56 y 60 de la LRBRL, pues la operatividad del sistema actual ha sido muy escasa, basta ver los acuerdos recurridos por el Estado o las CCAA al leer las actas municipales.
  5. El control externo judicial requiere un reforzamiento en medios de la fiscalía anticorrupción y de los juzgados contencioso-administrativos.
  6. Medidas de Buen Gobierno:
    1. Los principios de actuación del artículo 23.2º b deberían ser más precisos. Así, la exigencia de “abstención de toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con su puesto público” debería concretarse en una modificación concreta del artículo 28 de la Ley 30/1992 y del artículo 60.1.f del TRLCSP:
    2. En la prohibición para contratar que regula este precepto debería corregirse la contradicción que al respecto existe entre los 178.2ºd de la LOREG, el 12 de la Ley 53/1984 y 6.1º de la 5/2006, a las además del 75.1º 2º de la LBRL, al que no se refiere el TRLCSP.
    3. Debería hacerse extensiva la prohibición a las empresas de los ascendientes de los políticos y altos cargos, no sólo de los descendientes y cónyuges, y tanto si son adjudicatarios de un contrato o de un bien público.
    4. Ello sin perjuicio de una posible flexibilización del régimen en los municipios muy pequeños, como prevé el artículo 20.2º de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra (6/2006, de 9 de junio) y el Proyecto de Ley de Patrimonio, Servicio Público y Contratación Local de la CCAA de Aragón (justificado en el IJCCA de Aragón 15/2010).
  7. Disposición final quinta. Entidades Locales. Con el mismo criterio que se prevé para fijar las retribuciones de los cargos electos locales, debería concretarse el número máximo de personal eventual y el número mínimo de funcionarios con habilitación estatal para el ejercicio de funciones reservadas de Tesorería, Intervención y Secretaría. Deberían ampliarse la intervención preceptiva de estos funcionarios en los expedientes de las EELL, y garantizarse su independencia en selección, nombramiento, destitución y régimen retributivo.

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Comentario por Guillermo Yáñez Sánchez el abril 13, 2012 a las 10:06am

Empleados del Sector Público
Comentario por José Manuel Martínez Fernández el marzo 30, 2012 a las 1:16pm

Al hilo de lo que comenta Albert sobre los FHE, he tratado de hacer llegar a UPyD lo siguiente en relacion con su la Proposición de Ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción.122/000026 Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (BOCortes Generales 5 de enero de 2012)


Artículo 8. Profesionalización y despolitización del empleo público.

Una Función Pública profesional es básica para una buena gestión pública que evite arbitrariedades y malas o corruptas prácticas. Con el fin de evitar el abuso de la libre designación para cubrir puestos de cargos directivos e incluso técnicos y el abuso en el nombramiento de personal de confianza que ha conducido a una administración politizada, y para garantizar la profesionalidad, objetividad e imparcialidad del empleo público, se introducen los siguientes cambios:

 

4. Funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Con el objeto de garantizar la imparcialidad y objetividad de la administración local su regulación seguirá los criterios siguientes:

  • a) Los funcionarios con habilitación estatal serán seleccionados por el Estado.
  • b) La forma general de provisión de las plazas que correspondan a esos funcionarios será el concurso de méritos generales, convocado únicamente por el Estado.
  • c) Las plazas que correspondan a esa clase de funcionarios en ningún caso podrán ser cubiertas por otro personal.

                

Dos. El Gobierno, en el plazo de tres meses, remitirá al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, para precisar las funciones reservadas a estos funcionarios y la remisión de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno local a un órgano responsable de la verificación del cumplimiento efectivo en dichos acuerdos de la normativa estatal y autonómica correspondiente. Igualmente se litará la provisión de puestos de trabajo directivos a través del sistema de libre designación y las competencias de cada Corporación para determinar el número de su personal eventual.

 

Ese proyecto deberá basarse en los principios siguientes:

  1. El sistema de provisión de puestos de trabajo mediante la libre designación y la provisión de puestos de personal directivo de las corporaciones locales se regirán por los mismos criterios referidos en el apartado anterior uno de este artículo.
  2. El personal eventual de las corporaciones locales no podrá ser superior a ocho en los municipios de gran población de más de 250.000 habitantes, de seis en los de menos de esa cifra, y de dos las demás poblaciones, salvo los municipios de menos de 5.000 habitantes y más de 2.000, que podrán disponer de un máximo de uno.

 

Sobre contratación este Proyecto de Ley tien dos nomas concretas, los artículo 5 y 6, que propone reducir los contratos menores, reformar el sistema de prohibiciones e incompatibilidades

 

A esto segundo también he tratado de hacerles llegar la siguiente sugerencia

Artículo 6. Reforzamiento de las incompatibilidades.

  • Debería corregirse la contradicción que al respecto creo que existe entre los 178.2.d de la LOREG, el 12 de la Ley 53/1984 y 6.1 de la 5/2006, a las que se remite el 60.1.f del TRLCSP, además del 75.1.2 de la LBRL, al que no se refiere el TRLCSP. Creo que existe esa contradicción en dos cuestiones:
    • Las Leyes 53/1984 y 5/2006 requieren que la participación en el capital social de los cargos públicos para que determine la incompatibilidad ha de ser superior al 10%, porcentaje que UPyD propone rebajar al 5%. Pero el artículo 178.2.d de la LOREG, para los concejales, no establece porcentaje alguno. Aunque las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa consideran que ese porcentaje se aplica igualmente a los concejales, hay que recordar, por un lado, que la LOREG es una Ley Orgánica y que las limitaciones de derechos, según la doctrina del Tribunal constitucional,  no admiten una interpretación analógica como proponen la Juntas Consultivas de contratación.
    • El 178 de la LOREG, al menos en la interpretación que de él da la JCCA, excluye de la prohibición los supuestos en los que el cargo público hace un pago a la Adm. en virtud del contrato, como en muchos los contratos patrimoniales. Esta exigencia de que el contrato sea financiado total o parcialmente por la entidad contratante no se prevé en las otras dos leyes las que se remite el artículo 60.1.f) del TRLCSP y el 75.1.2 de la LBRL (éste a la Ley 53/1984).
  • Debería hacerse extensiva la prohibición a las empresas de los ascendientes de los políticos y altos cargos, no sólo de los descendientes y cónyuges. Recordemos que el objetivo de esta prohibición es evitar un conflicto de intereses, real o aparente, y garantizar la objetividad en la adjudicación (STS de 31 de mayo de 2004, 27 de marzo de 2007) 

Una flexibilización del régimen en los municipios muy pequeños parece oportuna, como prevé el artículo 20.2 de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra (6/2006, de 9 de junio)  y el Proyecto de Ley de Patrimonio, Servicio Público y Contratación Local de la CCAA de Aragón (justificado en el IJCCA de Aragón 15/2010).

«1. Limitación de la posibilidad de adjudicar contratos directamente a favor de un contratista:
a) Los contratos menores deberán ser de un importe inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos
de obras, o a 6.000 euros, cuando se trate de otros contratos.
b) Ninguna empresa podrá ser adjudicataria durante un mismo ejercicio presupuestario de un número
de contratos menores de cualquier clase celebrado con un mismo organismo cuya cuantía acumulada
supere los 50.000 euros.
2. Extensión de la publicidad en la contratación administrativa. Todos los contratos administrativos
deberán cumplir con el requisito de publicidad a través del perfil de contratante.

Artícu lo 6. Reforzamiento de las incompatibilidades.


Empleados del Sector Público
Comentario por Albert el marzo 30, 2012 a las 11:10am

Respecto a lo que comentas del control interno y la independencia de la Intervención, estoy de acuerdo totalmente, es más, creo que todos sus miembros deberían serlo mediante concurso-oposición y no debería haber ningún nombramiento que provenga de cualquier de los órganos políticos, ya sea gobierno o parlamente, puesto que se entraría en la constante e inagotable lucha de cuotas por partidos.

Yo lo que no tengo muy claro es si se profundizará en el tema de los contratos menores, o con la excusa de la carga de trabajo, por su abundancia, se dejarán de lado.

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