El recurso nº 036/2012, resolución nº 064 /2012 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se manifiesta sobre la exclusión de una oferta a la que no se ha permitido subsanar.

  • La cuestión de fondo que se plantea en el recurso interpuesto es la exclusión de la oferta económica de la UTE recurrente por incluirse en la misma -a juicio de la mesa de contratación- datos contradictorios de imposible subsanación y que por tanto determinan el rechazo de su proposición. En concreto se trata de la información incluida en el apartado 7 del modelo de proposición económica, referido a las condiciones de explotación consideradas, debiendo de indicarse “7.1. Viajero.km/año previstos” y “7.2. Ocupación media anual estimada en viajeros/vehículo”.
  • La UTE recurrente, en cuanto al fondo, alega, en síntesis, que la información contenida en su oferta en los apartados 7.1 y 7.2 del modelo de proposición económica no impide realizar la correspondiente valoración, pues la información en ellos indicada no se valora. Añade que no procede su exclusión pues se trata de una incorrección no “sustancial”irrelevante y que estamos ante una exclusión que en contra de lo exigido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP en adelante) y en el artículo 84 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas (RGLCAP en adelante) está inmotivada y no justificada. Entiende asimismo incumplidos los principios de concurrencia y proporcionalidad.
  • Por su parte, tanto el órgano de contratación en su informe como la UTE Autobuses Cuadra, S.A. y Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A. en sus alegaciones, de contrario, consideran adecuada la exclusión de la UTE recurrente en cuanto que el error cometido en el valor de “Viajero.km/año previsto” es un defecto esencial, pues, según manifiesta el órgano de contratación, si bien no es un dato valorable, como sí lo es la tarifa ofertada (apartado 6 del modelo de proposición económica), es un dato inexcusable, junto con la “Ocupación media anual estimada en viajeros/vehículo” para seguir en la licitación dado que son elementos que necesariamente el licitador ha tenido que considerar para el cálculo de la tarifa propuesta, y si estos elementos faltan, son erróneos o contradictorios entre si, la Administración no tiene forma de conocer la solidez de la oferta económica presentada.
  • Sexto. La resolución del recurso requiere, en consecuencia, examinar si la actuación de la mesa de contratación se ajustó al régimen jurídico de la contratación del sector público (LCSP y normativa de desarrollo), y, en especial, al pliego de condiciones que rige la licitación, que constituye la ley de contrato, como viene afirmando, reiteradamente, nuestra jurisprudencia.
  • El principio de igualdad de trato supone que todos los licitadores potenciales deben conocer las reglas del juego, y éstas se deben aplicar a todos de la misma manera; asimismo, el artículo 99.2 de la LCSP (art. 115 TRLCSP), en relación con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, establece que, “en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo”. Y en desarrollo de esta previsión, el artículo 129.1 de la LCSP (art. 145.12 TRLCSP), al regular las proposiciones de los interesados, dispone que “las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares,...
  • A ello hay que añadir, tal y como expone el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón en su acuerdo 4/2011 de 14 de abril, que la necesidad de adaptación de las proposiciones al contenido de los pliegos es más evidente en relación a la oferta económica, la cual está sujeta a dos requisitos, uno material, puesto que no puede exceder del presupuesto base de licitación, y otro formal, ya que debe atenerse al modelo establecido en los pliegos sin introducir en él variaciones sustanciales.

  • El límite material es estricto y no admite flexibilidad salvo en aquellos supuestos en que los propios pliegos hayan permitido variantes y, específicamente, hayan previsto que las
    mismas podrán superar el presupuesto de licitación (opción de marcado carácter excepcional, en tanto se dificulta el elemento de comparación de ofertas).

  • El límite formal, sin embargo, no es tan riguroso, y el propio artículo 84 del RGLCAP establece que el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición. En concreto, el artículo 84 del RGLCAP señala que: “Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición”.

  • Así, un excesivo formalismo sería contrario a los principios que deben regir la contratación pública enunciados en el artículo 1 de la LCSP (art. 1 TRLCSP), la libertad de concurrencia y la eficiente utilización de los fondos públicos, exigen que en los procedimientos de adjudicación de los contratos deba tenderse a lograr la mayor concurrencia posible, siempre que los candidatos cumplan los requisitos establecidos.

  • La mesa de contratación, con función de valoración de ofertas (artículo 295 de la LCSP, vigente art. 320 del TRLCSP), tiene atribuida por el artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, la función de determinar los licitadores que deben ser excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos, debe actuar de forma que no limite la concurrencia, evitando en la medida de lo posible, excluir a los licitadores por cuestiones formales, pero respetando a su vez los principios de igualdad de trato a los candidatos y transparencia en el procedimiento.

  • En este sentido apuntar que cuando una oferta requiera aclaraciones suplementarias o cuando se trate de corregir errores materiales de redacción, el Tribunal de Primera Instancia ha calificado como contraria al principio de buena administración la desestimación de las ofertas sin ejercer esa facultad de solicitar aclaraciones, cuando la ambigüedad detectada en la formulación de una oferta pueda explicarse de modo simple y disiparse fácilmente (Sentencia de 10 de diciembre de 2009 [TJCE 2009, 386]; As. T-195/08, Antwerpse Bouwwerken NV/Comisión, apartado 56). Reconocer en tales casos una facultad discrecional absoluta sería contrario al principio de igualdad de trato.

  • Refuerzan la anterior consideración las exigencias del principio de proporcionalidad. Aplicado a un procedimiento de adjudicación de contratos públicos, debe entenderse que dicho principio obliga al órgano de contratación -en este caso a la mesa de contratación-, cuando se enfrenta a una oferta ambigua y una solicitud de aclaraciones sobre el contenido de dicha oferta podría garantizar la seguridad jurídica del mismo modo que una desestimación inmediata de la oferta de que se trate, a pedir aclaraciones al licitador afectado en vez de optar por la desestimación pura y simple de la oferta de éste. En otro caso, el órgano de contratación incurre en un manifiesto error de apreciación, tal y como señaló el Tribunal de Primera Instancia en la Sentencia de 27 de septiembre de 2002 (TJCE 2002, 383; Tideland Signal/Comisión , apartado 43).

  • Por lo tanto, no se vulnera el principio de igualdad de los licitadores por el mero hecho de que el órgano de contratación -la mesa de contratación en este caso- solicite aclaraciones a los licitadores sobre el contenido de las ofertas que han presentado, ya que dicha actuación es una exigencia derivada de los principios de buena administración y proporcionalidad, igualmente aplicables a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.

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