Empiezan a surgir líos con la gestión electrónica de la contratación pública. Me ha llegado vía Charo Delgado la Resolución nº 31/2018 del Recurso nº 8/2018 del TACP de Madrid.

Los hechos son:

  • Licitación electrónica.
  • La oferta electrónica de la empresa no contiene ni firma electrónica, ni firma manuscrita.
  • Otra persona de la empresa, con poder bastante, y diferente a la que aparece en la oferta "subió" con su firma electrónica a la plataforma de licitación electrónica la oferta.
  • Según parece en la empresa:
    • La persona que debía firmar la oferta no poseía certificado electrónico.
    • Sólo hay una persona con certificado electrónico, la que subió la oferta a la plataforma de licitación electrónica.

A juicio del Tribunal:

  • "Como tiene manifestado este Tribunal, el límite para el antiformalismo del procedimiento viene dado por el respeto al resto de los principios de la licitación. De esta forma, por ejemplo, la modificación de las ofertas a través del mecanismo de la subsanación o la ampliación del plazo para el cumplimiento de determinados requisitos, por ejemplo, constituirían límites que no podrían ser superados por una subsanación de los eventuales defectos padecidos.
  • La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Contencioso Administrativo de 15 enero 1999, RJ 1999\1312, dice que: “EI criterio expuesto toma en cuenta que una interpretación literalista de las condiciones exigidas para tomar parte en los procedimientos administrativos de contratación, que conduzca a la no admisión de proposiciones por simples defectos formales, fácilmente subsanables, es contraria al principio de concurrencia, que se establece en el artículo 13 de la Ley de Contratos del Estado, de 8 de abril de 1965 (RCL 1965\771, 1026 Y NDL 7365), así como que la preclusión de aportaciones documentales tiene por objeto evitar sorpresas para los demás concursantes, o estratagemas poco limpias, pero no excluir a los participantes por defectos en la documentación de carácter formal, no esencial, que, como hemos dicho, son subsanables sin dificultad, doctrina que se encuentra recogida en anteriores Sentencias de la Sala, como las de 22 de junio de 1972 (RJ 1972\2872), 27 de noviembre de 1984 (RJ 1984\6617) y 19 de enero de 1995 (RJ 1995\546) Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8ª) Sentencia de 3 marzo 2010. F.J. cuarto, STS 26 de enero de 2.005 (R.J 2005\1452)”.
  • En este supuesto consta la firma electrónica para el acceso a la plataforma y envío de la oferta, que se realizó en forma y plazo y con ella se debió tener por manifestada la voluntad de la mercantil y de la persona que la representa, sin que el error de indicar como firmante en el documento de la proposición económica a una persona distinta, que no la firma y que por otra parte ostenta el cargo de apoderado si bien carece en ese momento de certificado de firma, deba entenderse como insubsanable, ya que se trata de una documentación que consta en el expediente y su subsanación bien modificando el pie de firma, bien firmando el interesado que figura al pie, permitiría ratificar la voluntad de la empresa -de tenerlo por necesario el órgano de contratación- pudiendo comprobar que su contenido coincide exactamente con la proposición inicial, sin que esto pueda considerarse como nueva oferta".

La dejo anexada.

Recurso nº 8/2018 Resolución nº 31/2018 

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