Buenas tardes,

En un procedimiento Negociado o Abierto, hay órganos de contracción que solo dejan estas dos vías de reclamación:

"La Resolución de adjudicación es definitiva en vía  administrativa y contra la misma cabe  interponer  recurso contencioso-administrativo  ante  la Audiencia  Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , regulado ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 .1de la citada  Ley 29/1998.

 

No obstante, la presente resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de UN MES y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrat ivo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero."

El problema que nos encontramos, es que cuando acudimos mediante una reclamación en REPOSICIÓN, el órgano de contratación (en general) lo simplifica todo a "EL SEXO DE LOS ÁNGELES", y finalizando su contestación a (mas o menos) déjate de historias que se hace lo que nosotros queremos.

La otra via, es el CONTENCIOSO, pero en nuestro caso, empresas pequeñas, meternos en abogados, procuradores, tiempo.... es un coste muy alto e injusto.

Mi duda es, podemos acudir siempre al TACRC?

Gracias.

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Buenos días,

Sobre el Recurso Especial en Materia de Contratación (REMC) el artículo 40 del TRLCSP establece los actos recurribles, según el tipo de contratos:

a) Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de servicios, de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado y acuerdos marco, sujetos a regulación armonizada (arts. 13 y ss TRLCSP).

b) Contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de esta Ley cuyo valor estimado sea igual o superior a 207.000 euros y

c) Contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a cinco años.

El Tribunal Administrativo competente dependerá de la Comunidad Autónoma, ya que hay Comunidades que tienen Tribunal propio y otras que tienen convenio con el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

Un saludo.

Gracias Antonia!  Muy claro!!

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