Buenos días a todos,

Entiendo que esto que os voy a contar, ha tenido necesariamente que pasarle a alguien, a ver si hay suerte y a alguien se le ha planteado, al menos algo parecido.

En la Administración en la que trabajo se nos ha planteado lo siguiente en relación con lo dispuesto en el artículo 146 TRLCSP y la declaración responsable.

Licitación por procedimiento abierto, de un contrato administrativo típico de obra, cuyo valor estimado es inferior a un millón de euros, pero superior a 500.000 euros (exigimos clasificación). En el PCAP exigimos únicamente la presentación de declaración responsable, de tal forma que todos los licitadores que ofertaron, la presentan. En ella, entre otros extremos, declaran tener la clasificación exigida y que ésta se encuentra vigente.

Abrimos las ofertas económicas en sesión pública y, de acuerdo con los criterios establecidos en el PCAP (al tener dos criterios, baja de adjudicación y mejoras de tipo económico, montamos un sistema específico para la detección de ofertas anormales), hay dos licitadores (una UTE, compuesta por dos empresas, y una sociedad anónima) cuyas ofertas son consideradas, en principio, anormales o desproporcionadas.

Iniciamos el trámite del artículo 152 TRLCSP.

Durante el plazo de presentación de la justificación de la oferta, la sociedad anónima que también se encuentra en temeridad, nos dice que una de las empresas que componen la UTE, no está clasificada como contratista de obras. En efecto, nos metemos en el ROLEC y comprobamos que la UTE NO está clasificada, de acuerdo con el TRLCSP y el RGCAP, ya que una de sus integrantes no está clasificada como contratista de obras en ningún grupo o subgrupo de obras. Ya que estamos, comprobamos la clasificación de todos los licitadores presentados, y vemos que, no hay problemas, el resto están clasificados.

El hecho de excluir a esta UTE, modifica los cálculos de temeridad. La empresa integrante de la UTE, solicitó al Ministerio su clasificación como contratista de obras, una vez cumplido el plazo de presentación de ofertas, por lo que en ningún caso podemos admitirla.

Con todo ello, y teniendo en cuenta el punto 1.8 de la Recomendación de la JCCAE relativa a la modificación del artículo 146 TRLCSP, 

"La Junta Consultiva asimismo considera que esta regla únicamente debe alterarse cuando se den circunstancias excepcionales que justifiquen que el requerimiento de documentación se haga con posterioridad a la apertura de los sobres que contengan la oferta económica. En ese caso excepcionalísimo, y si como consecuencia de la calificación de la documentación presentada por los licitadores el órgano de contratación decidiera excluir a alguno de ellos, en ese caso y solo en ese caso procederá el recálculo de las puntuaciones."

Os planteo lo siguiente:

  • No queda otra que excluir del procedimiento a la UTE. La pregunta es ¿cómo? ¿Le notificamos que, habiendo accedido al ROLEC, hemos detectado que su oferta debe excluirse, al no estar la UTE clasificada? ¿Lo hacemos antes de la notificación de la adjudicación, o con ocasión de ella? ¿Se lo notificamos a todos los licitadores a través de un anuncio en el perfil? Si como consecuencia del recálculo, nuevos licitadores caen en temeridad, ¿qué plazo les damos para justificar su oferta?
  • ¿Podemos suponer que estamos ante ese supuesto excepcionalísimo del que habla la JCCAE en su recomendación? ¿Puede considerarse que estamos ante una situación en la que es necesario velar por el buen fin del procedimiento?
  • El problema ha estado en la clasificación, que puede verse a través del ROLEC como sabéis, pero ¿estamos obligados a pedir a todos los licitadores toda la documentación del sobre A en este momento, siguiendo la recomendación de la JCCAE? Y digo más, ¿Tiene sentido hacerlo una vez abiertas las ofertas y conocido, por tanto, el resultado?

En fin, un problema que, al menos en mi opinión, puede darse con bastante frecuencia. Espero vuestras reflexiones.

Un saludo y gracias.

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  Hola,

Tengo poca experiencia, pero excluir a esta UTE no generaría una violación de:

Según lo dispuesto en el art. 83.5º del RD 1098/200, de 12 de octubre, dice que “las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos”, es decir, a mi parecer teniais que haber filtrado ese problema antes de la apertura de ofertas.

Una vez abierta la oferta económica, si yo fuera el gerente de la UTE, pensaría e intentaría defender que una vez abierta la oferta y al no ser "la oferta esperada" por la mesa de contratación o el órgano de contratación, este mismo órgano ha empezado a buscar tres pies al gato....

Un saludo.

Buenos días Juan José y a los demás,

Cuando se modificó el art. 146 TRLCSP me planteé que podrían presentarse ofertas falsas, con el fin de variar la clasificación de los licitadores al introducir ofertas anormales o desproporcionadas en determinadas ofertas, ya que, en principio, no se comprobaría que todos los licitadores cumplían o no con lo establecido en el pliego, tengo que admitir que me costó bastante asumir lo de las declaraciones sustitutivas.

En este caso está claro que hay que excluir del procedimiento a la UTE. En la declaración sustitutiva de la documentación administrativa es muy interesante añadir que los licitadores autoricen al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas. De esta forma se puede comprobar los datos de todos los licitadores, tanto de ROLECE, como de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social. Esto no contradice la Recomendación de la JCCAE, ya que de lo que se trata con la modificación del art. 146 es de no requerir documentación a los licitadores para simplificar los trámites y que haya una mayor competencia, pero no es óbice para proceder a la comprobación de la veracidad de sus declaraciones.

Una vez comprobado que, de los registros a los que se tenga acceso con autorización de los licitadores, alguno de los licitadores incumple, por parte de la mesa de contratación, en el momento en que se haya detectado, se excluya de la clasificación o de la licitación y así se le notifique con recursos. Mejor darle transparencia, anuncio en el perfil del contratante y así lo pueden ver todos.

Si hay un recálculo (en realidad no es un recálculo, sino que, como consecuencia de que un licitador tenía que haber sido excluído y no lo fue en su momento, por las razones alegadas, hay que volver a ese momento procedimental), se hace de nuevo y se comienza, en su caso, el procedimiento de justificación de las ofertas anormales otra vez.

Un saludo, 

Coincido con lo argumentación de María Antonia, se ha descubierto que la U.T.E. no cumple con los requisitos de aptitud establecidos, en consecuencia, hay que excluirla y comunicárselo cuanto antes (acto de la mesa de contratación o acuerdo de clasificación de ofertas).

Es cierto lo que dice María Antonia que los gestores podemos o quizá deberíamos intentar comprobar aquellas informaciones que declaran como es el certificado de clasificación; también es cierto que el licitador hace una declaración responsables y que si incurre en falsedad (artículo 60.1º e)) se puede declarar la concurrencia de esta prohibción de contratar por un año de duración por  el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.

Muchas gracias por vuestras aportaciones!

Al hilo de la interpretación que ha hecho la JCCAE y, en concreto, en su apartado 1.8.2.3, cuando dice:

"A falta de mayor precisión, esta Junta Consultiva entiende que los principios de igualdad, no discriminación y transparencia que, como es sabido, en todo caso deben informar la aplicación de las normas en materia de contratación pública, aconsejan que el órgano de contratación haga uso de la citada facultad [requerir la documentación del art. 146.1 TRLCSP en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación] en todo caso antes de la apertura del sobre que contenta la oferta económica."

¿No creéis que la interpretación que ha dado la JJCAE es demasiado estricta? Vamos a ver:

1º Invoca los principios de igualdad, no discriminación y transparencia, pero no dice porqué una interpretación contraria a la que propone los conculcaría...se limita a enunciarlos y ya está. ¿En qué está pensando? ¿En evitar presiones de los licitadores que ya se ven casi adjudicatarios, como ha sostenido el profesor Carbonero Gallardo? Vale, lo veo bien pero, debería haber más razones, no?

2º El segundo párrafo del 146.4 empieza diciendo "En todo caso". Sin embargo la JCCAE no pone énfasis ninguno en ese "en todo caso", y sí en cambio en la expresión

3º "en orden a garantizar el buen fin del procedimiento", qué significa eso? Dice la JCCAE "el supuesto habilitante para que el órgano de contratación pueda hacer uso de esta facultad es que así lo exija el “buen fin del procedimiento“". Y digo yo, siempre tiene que estar presente el propósito de garantizar el buen fin del procedimiento, no? Qué tiene eso de excepcional? La nueva directiva, la 24/2014, utiliza en el artículo 59.4 una expresión similar: "Un poder adjudicador podrá pedir a los candidatos y licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos en cualquier momento del procedimiento cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo." Además, el considerando 84: 

"Los poderes adjudicadores deben estar también facultados a solicitar en cualquier momento la totalidad o parte de la documentación complementaria cuando lo consideren necesario para la correcta ejecución del procedimiento. Este caso podría presentarse en particular en el procedimiento en dos fases —procedimientos restringidos, procedimientos de licitación con negociación, diálogos competitivos y asociaciones para la innovación— en el que los poderes adjudicadores pueden aprovechar la posibilidad de limitar el número de candidatos invitados a presentar una oferta. Exigir la presentación de la documentación complementaria en el momento de seleccionar los candidatos que vayan a ser invitados podría estar justificado para evitar que los poderes adjudicadores inviten a candidatos que se muestren incapaces de presentar la documentación complementaria en la fase de adjudicación, privando de la participación a otros candidatos cualificados."

De su lectura no infiero a priori que la posibilidad de requerir la documentación antes, deba constituirse en un supuesto excepcional, como sí hace la JCCAE.

4º El artículo 151 TRLCSP, no fue modificado cuando se modificó el 146. Se podría entender, por tanto, que la resolución del órgano de contratación con la clasificación de las ofertas, no debería ya poder alterarse porque el propuesto adjudicatario no fuera solvente. No sé si me explico, la resolución con la clasificación de ofertas debería ser "definitiva", en el sentido de no tener que alterarse, ¿no?.

5º Siguiendo con lo anterior, no estoy de acuerdo con la solución que da en el aparado 1.9.1.3.2  y .3 de su recomendación, cuando dice:

"Si el licitador no subsana o si lo hace fuera de plazo, en esos casos se entenderá que ha retirado materialmente la oferta procediéndose a recabar la misma documentación, esto es la señalada en los artículos 151.2 y 146.1 ya citados, al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas las ofertas."

En ese caso no se puede sin más pasar al licitador siguiente. Eso iría en contra de la neutralidad de la reforma (antes de la reforma la oferta de un licitador no solvente, no se hubiera abierto). Cómo va a ser lo mismo que el propuesto adjudicatario no constituya la garantía definitiva, que que no sea solvente? Su oferta no debería tenerse en cuenta, por lo que la solución no es pasar sin más al siguiente licitador (pensad por ejemplo en la temeridad, como nos ha pasado a nosotros). Si el propuesto adjudicatario resulta no ser solvente, y me da igual que sea por no atender en plazo el requerimiento o por no subsanar en el tiempo concedido, hay que volver al momento del cálculo, identificar nuevamente la proposición más ventajosa y, en consecuencia, rectificar la resolución de clasificación. Es verdad que en algunos casos, podrá dar igual a efectos prácticos, en el sentido de que la clasificación de ofertas no cambie, pero en otros no dará igual y, en todo caso, habrá que dejar constancia en el expediente de tales extremos.

No sé si me he explicado bien, espero haberos transmitido de forma mínimamente comprensible mi reflexión.

Saludos.

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