¿Sería posible proponer como mejora en una oferta, la contratación preferente de trabajadores del Municipio donde se va a prestar el servicio de gestión? ¿Esta preferencia podría ser considerada como discriminatoria frente a otros trabajadores?

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Interesante el debate, sí señor..

Sigo cuestionado que la utilización de la mano de obra pueda ser un criterio de adjudicación, creo que sólo puede ser una "condición especial de ejecución de tipo social". Y ello porque los criterios de adjudicación que se prevean en los pliegos han de cumplir el requisito esencial de estar directamente vinculados al objeto del contrato. es decir, a las prestasciones materiales que se han de ejecutar, no a quin las ejecuta.

La enumeración que hace el artículo 150. como antes el 134.1 efectivamente no es exhaustiva por lo que cabe utilizar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares ser cualesquiera de los criterios no recogidos en dicho precepto u otros no incluidos en él, con tal de que, en el caso de que se trate, los criterios que se establezcan estén vinculados directamente a las prestaciones que se pretenden contratar (IJCCA  53/08, de 29 de enero de 2009).



 

Vaya con lo que da de si el tema.

La postura de la JCCA expresada en diversos informes en 2011, pendientes de publicacion, es absolutamente negativa. Me comprometo a localizar los informes y enviarlos para general conocimienro.

Respecto de la referencia que haceis a textos de diversas instituciones, debo advertiros que pueden reflejar una cercania politica del jefe, lo que expresa la falta de independencia, algo que esta generando alguna que otra inconveniencia, como es la ausencia de facultad para constituir organos INDEPENDIENTES para resolver los recursos en los Entes locales.

Seguro que seguiremos hablando del tema.

Ah! Guillermo, espera un poco, PACIENCIA, que no estoy en Madrid y regreso el miercoles de Bruselas, ya qque empezamos con tres nuevas Directivas, que obligaran a cambiar la LEY

Yo la verdad es que sin perjuicio de que creo que las nuevas directivas traeran que hablar sobre esta cuestión, reitero las cautelas que deben tenerse al tiempo de contemplar los criterios sociales en los condicionados y aunque me costa - y es un honor - que santiago lesmes es uno de los mayores expertos en España sobre esta cuestión no acabo de ver viable que se OBLIGUE a que las personas sean de la localidad concreta...de hecho tengo mis dudas sobre cómo afecta esta cuestión a la competencia y cuál es la justificación en relación con la buena prestación del objeto del contrato.

De todos modos, ya digo que las nuevas directivas - vista la propuesta publicada - darán mucho que hablar. Espero que nuestros dos valiosos representantes vicente y alfonso pongan orden - si os dejan -... Un abrazo

Supongo que la línea de la JCCA a la que se refiere Alfonso es la ya recogida en el Informe 3/09, de 25 de septiembre de 2009., que no recuerdo si ya hemos sacado a colación en est debate:

«Posibilidad de establecer como condición de ejecución del contrato la utilización de un determinado porcentaje de personas desempleadas que se encuentren inscritas en las oficinas de empleo de una localidad y de establecer un criterio de adjudicación del contrato que consistiese en la valoración del compromiso de emplear en su ejecución personas desempleados inscritas en una determinada oficina de empleo. Ámbito de aplicación de criterios sociales».

“Conclusiones: 1. No es admisible una condición de ejecución que exija la contratación de un cierto porcentaje de personas que estén inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de empleo correspondientes a un determinado lugar geográfico en la medida que implique discriminación respecto del resto de los trabajadores tanto nacionales como originarios de Estados miembros de la Unión Europea. Ello sin perjuicio de que sea admisible el establecimiento de condiciones de ejecución que favorezcan la lucha contra el desempleo que no incurran en discriminación.

2. No es admisible de conformidad con el artículo 134.1 de la Ley de Contratos del Sector Público el establecimiento en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de criterios de adjudicación que valoren empleo en la ejecución del contrato de personas desempleadas inscritas en oficinas de empleo correspondientes a un determinado lugar geográfico.”

Muchas gracias Alfonso por estar por aquí y mantener informados a los miembros de la comunidad, es una suerte tener un cauce tan privilegiado de acceso a la información.

ALFONSO RUIZ DE CASTAÑEDA DE LA dijo:

Vaya con lo que da de si el tema.

La postura de la JCCA expresada en diversos informes en 2011, pendientes de publicacion, es absolutamente negativa. Me comprometo a localizar los informes y enviarlos para general conocimienro.

Respecto de la referencia que haceis a textos de diversas instituciones, debo advertiros que pueden reflejar una cercania politica del jefe, lo que expresa la falta de independencia, algo que esta generando alguna que otra inconveniencia, como es la ausencia de facultad para constituir organos INDEPENDIENTES para resolver los recursos en los Entes locales.

Seguro que seguiremos hablando del tema.

Ah! Guillermo, espera un poco, PACIENCIA, que no estoy en Madrid y regreso el miercoles de Bruselas, ya qque empezamos con tres nuevas Directivas, que obligaran a cambiar la LEY

Sobre este debate hay un artículo en la Revista Contratación Administrativa Práctica nº 114 de diciembre de 2011 de Isabel Gallego Corcolés: ¿Pueden incluirse cláusulas sociales en la contratación pública?



José Manuel Martínez Fernández dijo:

 

Muy interesante el debate, añado dos consideraciones:

 

-

-          No creo que puedan establecerse este requisito como criterio de valoración de las ofertas, pues el 150 se refiere a los usuarios o beneficiarios del objeto del contrato, no a los trabajadores que han de ejecutarlo: alude al  " categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar".

-          Para incluirlo como condiciones especiales de ejecución al amparo de la previsión del 118, la clave estará en analizar si las medidas del pliego cumple la exigencia de que “sean compatibles con el derecho comunitario”. Lo apuntado por Santiago Lesmes me parece claro y muy útil, aunque tiene un problema práctico: No es nada fácil de aplicar en pequeños y medianos municipios que no tiene centros municipales de formación o inserción socio-laboral y no hay en su localidad oficina del respectivo servicio autonómico de empleo ¿no?

Esta postura tuya es la mas defendible

Ya veo que las opiniones e interpretaciones que se aportan son muy restrictivas. Vuelvo a insistir sobre la validez de criterios de adjudicación y condiciones de ejecución relativos a la contratación de personas discapacitadas y/o en riesgo de exclusión. Así que al respecto -además de una decena de Instrucciones con sus respectivos informes favorables o el Dictamen de la Junta Consultiva de la Generalitat de Cataluña-, quisiera aportar lo que apunta al respecto la nueva Directiva Comunitaria (que sustituirá a las 2004/18/CE y 2004/17/CE, creo que es bastante contundente, sobre todo para despejar de una vez tanta reticencia. 


Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la contratación pública, Bruselas, 20.12.2011 COM(2011) 896 final, 2011/0438 (COD).


(41) Por otra parte, debe admitirse que los poderes adjudicadores hagan referencia, en las especificaciones técnicas y en los criterios de adjudicación, a un proceso de producción específico, a un determinado modo de prestación de servicios o a un proceso concreto correspondiente a cualquier otra fase del ciclo de vida de un producto o servicio, a condición de que estén relacionados con el objeto del contrato público. A fin de integrar mejor las consideraciones sociales en la contratación pública, puede autorizarse también a los compradores a incluir, en el criterio de adjudicación de la oferta económicamente más ventajosa, características relacionadas con las condiciones de trabajo de las personas que participen directamente en el proceso de producción o la prestación de que se trate. Esas características solo podrán tener como objetivo proteger la salud del personal participante en el proceso de producción o favorecer la integración social de las personas desfavorecidas o los miembros de grupos vulnerables entre las personas encargadas de ejecutar el contrato, incluida la accesibilidad de las personas con discapacidad.


Hola Santiago, muchas gracias por la información es una suerte contar con un verdadero aspecto en este asunto de la contratación pública.

Yo si creo que sea posible, es decir, no creo que haya nadie que a la vista de lo que nos cuenta pueda sostener con solidez que no es posible utilizar criterios "sociales" para valorar las ofertas.

Otra cosa es que la mayor parte de los gestores públicos sepamos algo del asunto y/o tengamos ganas de saber y hacer algo al respecto. Manejar la contratación pública incluye un montón de facetas, muchas de ellas nuevas (la compra pública innovadora, las variantes y mejoras, los sistemas dinámicos de adquisición, los acuerdos marco, las centrales de compra,...., todo lo que sea "electrónico"), de todo esto hay que aprender, conversar, observar...y luego empezar a utilizar estas técnicas, porque son herramientas que están ahí y si el legislador las ha previsto será por algo.

Buenas tardes. Respecto al asunto de referencia se podría poner en los pliegos como condición esencial de ejecución el hecho que el adjudicatario dle contrato disponga de oficina física en el término municipal? Me gustaría disponer de jurisprudencia o informes de la junta consultiva al respecto

Me da la impresión de que se está debatiendo sobre la posibilidad de introducir determinadas clausulas en un PCAP para que el contrato se lo lleven las empresas de mi pueblo/ciudad. La finalidad que se persigue no es que se contraten trabajadores de mi localidad, (es lo de menos) sino que la empresa que se lleve el contrato sea de mi localidad. Probablemente, si hubiera una etiqueta medioambiental que solo tuvieran "los de mi pueblo", estaríamos debatiendo el ajuste a la jurisprudencia, la doctrina y resoluciones de TARC de tal cláusula.

Es algo así como, diseñar unas bases de oposiciones para que tengan preferencia "mis candidatos" y que el resto esté en una clara situación de desventaja. Todo siempre usando una clausula "legal y bien redactada".

Creo que todos estos "avances sociales y medioambientales" que ha potenciado la nueva LCSP tanto en la fase de solvencia, como en los criterios y como condiciones especiales de ejecución, solo contribuyen a poner herramientas para mediante un uso perverso de las  mismas pero "perfectamente legal", se termine manipulando el procedimiento de contratación (para que no se enfade mi jefe, para que se lleve el contrato nuestra empresa de confianza.....ponga aquí el motivo que quiera).

Disculpas de antemano si no he entendido bien el sentido del debate.

Un saludo.

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