Me llegó ayer. Lo ha publicado Pedro Corvinos en su blog.

La Resolución nº 632/2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (la dejo anexada) anula unos pliegos por admitir la presentación no electrónica de ofertas.

Concluye diciendo:

"Por lo expuesto, debe estimarse el recurso por infracción de los artículos anteriores y anular la cláusula décima del PCAP, pues ni la nueva Ley de Contratos del Sector Público, ley especial, ni la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ley general, permiten amparar una interpretación que determine que la redacción actual de la cláusula impugnada es ajustada a Derecho. Debe observarse, además, que los licitadores que actúen como personas físicas también estarían obligados a la presentación de las ofertas por medios electrónicos, pues la Disposición adicional decimoquinta les obliga a ello, que está en vigor y prevalece como Ley especial sobre la Ley 39/2015, por lo que carecen de la facultad de
elección que les otorga el apartado primero del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que señala expresamente “salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”. 

En la cuerda floja.

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Era cuestión de tiempo, gracias por compartirlo con nosotros Guillermo y Pedro.

Pues nada. ¡Alegría!. Pero se puede explicar porque entonces ¿Porque no se facilita el uso de la Plataforma de Contratación  del Sector Público? No se imparten cursos para aprendizaje de la misma o son claramente insuficiente (el ultimo fue en primavera con escasas plazas). Desde principios de julio no tienen asistencia telefónica y únicamente puedes dirigirte a ellos si tienes problemas en su uso por medio del triste correo electrónico que nunca se responde. Son dos ejemplos pero podría poner mas. 

Estimado Juan Carlos, hay alternativas en el sector privado a la plataforma del sector público que si poseen de soporte y sus respuestas son ágiles, tanto a los órganos de contratación, como a los licitadores. un saludo

Efectivamente. Lo sé. Pero la cuestión es que cuestan dinero y no todo el mundo (concejales y alcaldes) ven esas necesidades o las tiene en sus presupuestos para contratarlas. Y sin dinero en el presupuesto no hay alternativa, sólo la plataforma. Luego supongo que habrá como en botica. Un saludo.

Buenos días Juan Carlos, precisamente tocaste un tema que no es menor, en la implementación de la licitación electrónica, el momento de la decisión. Desde hace ya varios años, me estoy encontrando principalmente en las entidad locales, el mandato por parte de los políticos y los habilitados nacionales, de implementar la licitación electrónica con la PLCSP u otras plataformas públicas, con los técnicos en contra de la decisión, simplemente por la gratuidad de la plataforma (la cual tiene costes ocultos para la organización), no importando otros criterios, como la calidad, usabilidad, soporte, niveles de servicio etc... . Por todos es sabido, que la decisión fácil es irse a la PLCSP u otras plataformas públicas, porque como dicen algunos si no funciona es el estado... ¿pero es realmente la mejor alternativa para nuestro trabajo diario?, ahí dejo la reflexión, por todos es sabido de las dificultades que existen, pero hay que decirlo a los decisores, porque quienes van a sufrir las decisiones de otros serán los técnicos en su día a día.

En estos momentos en España, no existe un modelo de estado, para la implementación de la contratación pública electrónica, y no será por insistencia desde hace ya varios años de su necesidad. Tenemos conviviendo en el mercado soluciones públicas y privadas, sin ningún tipo de regulación normativa en materia de seguridad e interoperabilidad, ¿cumplen las plataformas públicas con el ENS y el ENI?. Estas soluciones públicas que como el caso de la PLCSP, dispone de ciertas integraciones en exclusividad u obligan en al ámbito de la AGE a su uso (cuando hay en la AGE organismos dependientes que tienen sus propias soluciones privadas de licitación electrónica, es decir el criterio es para algunos, de forma arbitraria) haciendo más complicado competir en igualdad de condiciones a las plataforma privadas.

El sector privado de plataformas de licitación pública electrónica en España, existe antes de la decisión de patrimonio del estado, de implementar en la PLCSP el módulo de licitación pública electrónica. Les hemos propuesto ideas, debatido sobre modelos, pero parece que no hay ninguna gana a mejorar el actual sistema centralizado de la contratación pública, que algunos intentan implementar, un modelo ineficaz y costoso, sólo hay que ver lo invertido por la DGP y sus resultados cuantitativos. 

No se conoce un país en nuestro entorno del tamaño de España y de su amplio nivel de distintas administraciones, que haya implementado de forma efectiva la contratación electrónica bajo una única plataforma estatal (sólo efectiva en países pequeños), y por España no se conocerá, no porque las personas que trabajan en la PLCSP u otras plataformas públicas sean menos capaces, es que primero no tienen los medios adecuados, y segundo el proyecto está mal concebido desde la base a nivel tecnológico.

Ya no quiero entrar en el modelo productivo de España, ya que entiendo aquí habrá distintas opiniones, pero con el nivel de paro que tenemos, ¿es lo más adecuado no favorecer modelos donde las empresas puedan operar en competencia con los servicios comunes?, estando demostrado en el caso de la licitación electrónica, haciéndolo a un coste-calidad mas efectivo que las soluciones públicas.

En resumidas cuentas, que me lio... las plataformas privadas son necesarias y tienen un funcionamiento igual o más efectivo en lo que respecta a la licitación electrónica que la PLCSP u otras plataformas públicas, con costes muy razonables y sobre todo, en constante evolución y soporte, mucho soporte.

Perdón por la extensión.

JLA

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