Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Se ha publicado la Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Abro este debate para ir dejando ideas, sugerencias y comentarios.
Un saludo y buen finde.

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Estoy leyendo el Plan, me llama la atención:

Los contratos de concesión de servicios especiales del anexo IV, entre los cuales se encuentran comprendidos servicios  sociales, se hará por procedimiento restringido.

El procedimiento de licitación con negociación previsto en el artículo 167 podrá utilizarse en relación con los contratos de servicios sociales personalísimos que tengan por una de sus características determinantes el arraigo de la persona en el entorno de atención social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de continuidad en la atención a las personas que ya eran beneficiarias de dicho servicio.

Características que merecen la consideración de prescripciones técnicas: En los contratos de obras, de suministro o de servicios podrá tener la consideración de prescripción técnica el conjunto de especificaciones técnicas en las que se definan las características requeridas de un material, producto o servicio, incluido el impacto social o laboral de dichos materiales, productos o servicios, la accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las personas, en los términos establecidos en el artículo 125.1. letras a) y b) de la Ley 9/2017.

Definición de las prescripciones técnicas: Las prescripciones técnicas pueden referirse al proceso o método específico de producción o prestación de las obras, los suministros o los servicios requeridos, o a un proceso específico de otra fase de su ciclo de vida, según la definición establecida en el artículo 148 de la Ley 9/2017, incluso cuando dichos factores no formen parte de la sustancia material de las obras, suministros o servicios, siempre que estén vinculados al objeto del contrato y guarden proporción con el valor y los objetivos de este, de acuerdo con lo establecido en el artículo 126.2 de la Ley 9/2017.

Información sobre obligaciones de carácter social o laboral:
  • El pliego señalará el organismo u organismos de los que los candidatos o licitadores puedan obtener la información pertinente sobre protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción socio laboral de las personas con discapacidad, la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato; excepto cuando no sea posible señalar esta información,debiendo en este caso el órgano de contratación justificar en el expediente el motivo, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 129.1 de la Ley 9/2017.
  • Cuando el pliego facilite esta información, el órgano de contratación deberá exigir a las empresas en el pliego que manifiesten haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en estas materias, de acuerdo con lo indicado en el artículo 129.2 de la Ley 9/2017.
Garantía definitiva: Los órganos de contratación incluirán en los pliegos correspondientes a licitaciones de contratos de suministros y de servicios la exención de la garantía definitiva para los licitadores que resulten propuestos adjudicatarios de aquéllos contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, salvo excepciones que habrán de justificar convenientemente en el expediente; todo ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 9/2017.
Prohibiciones de contratar: Los órganos de contratación indicarán a los candidatos o licitadores en los pliegos correspondientes a procedimientos distintos del procedimiento abierto simplificado, que la declaración responsable ajustada al modelo de documento europeo único de contratación comprende, entre otros extremos, la declaración de que no se encuentran incursos en la prohibición de contratar a que se refiere el artículo 71.1.d) de la Ley 9/2017 en lo referente a la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social; así como también comprende, entre otras, la declaración de no estar los candidatos o licitadores incursos en la prohibición de contratar que establece el artículo 71.1.b) de la Ley 9/2017 para las personas físicas o jurídicas que hubiesen sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las
personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia laboral o social. 
Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios: Cuando el objeto del contrato requiera de aptitudes específicas en materia social, de prestación de servicios de proximidad u otras análogas, en todo caso se exigirá como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta experiencia, conocimientos y medios en las referidas materias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 90.3 de la Ley 9/2017.
Accesibilidad universal: En cuanto a la garantía de la accesibilidad universal en los procedimientos de contratación pública así como el diseño para todas las personas deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 126.3 de la Ley 9/2017 respecto de la definición de las prescripciones técnicas, y en la disposición adicional decimoctava respecto de la determinación de los medios de comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y la implantación de los trámites procedimentales de la Ley 9/2017; así como en la disposición adicional decimosexta relativa al uso de medios
electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley 9/2017, y en la disposición adicional cuadragésimo séptima que lleva por título Principios aplicables a los contratos de concesión de servicios del anexo IV y a los contratos de servicios de carácter social, sanitario y educativo del anexo IV.
Ofertas anormalmente bajas: Los pliegos les indicarán a los candidatos o licitadores que en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.4, penúltimo párrafo de la Ley 9/2017 el órgano de contratación rechazará aquéllas ofertas que no cumplan las obligaciones aplicables en materia social o laboral.
Procedimientos de licitación de contratos de concesión de servicios del anexo IV y de contratos de servicios de carácter social del anexo IV, los órganos de contratación deberán tener en cuenta lo previsto en la disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley 9/2017. En consecuencia los órganos de contratación en los procedimientos de contratación a que se refiere el párrafo anterior deberán velar en todas sus fases por la necesidad de garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad y la exhaustividad de los servicios; las necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables; la implicación de los usuarios de los servicios; y la innovación en la prestación del servicio.
Criterios de adjudicación. 
En todo caso la aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá en la adjudicación de contratos de prestación de servicios sociales si fomentan la integración social de personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, promueven el empleo de personas con dificultades
particulares de inserción en el mercado laboral o cuando se trate de los contratos de servicios sociales a que se refiere la Disposición adicional cuadragésima octava de la Ley 9/2017, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145.3.g), segundo párrafo, de la misma Ley.
Formulación de los criterios de adjudicación: 
Incorporando consideraciones cualitativas que incluyan alguna o algunas de las características sociales del contrato que enumera el artículo 145.2, quinto párrafo de la Ley 9/2017, las cuales se refieren a las siguientes finalidades:
El fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción socio laboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.
Valoración en contratos de concesión de servicios del anexo IV y de contratos de servicios de carácter social del anexo IV, los órganos de contratación podrán referir los criterios de adjudicación a aspectos tales como:
  • La experiencia del personal adscrito al contrato en la prestación de servicios dirigidos a sectores especialmente desfavorecidos o en la prestación de servicios de similar naturaleza en los términos establecidos en el artículo 145;
  • la reinversión de los beneficios obtenidos en la mejora de los servicios que presta;
  • el establecimiento de mecanismos de participación de los usuarios y de información y orientación de los mismos 

Condición especial de ejecución. 

Con esta finalidad los pliegos deberán formular esta condición especial de manera precisa, clara e inequívoca, no siendo admisibles cláusulas de tipo general, de acuerdo con lo indicado en el artículo 211.1, letra f), segundo párrafo, de la Ley 9/2017. Igualmente, los pliegos le indicarán a los candidatos o licitadores su obligación de exigir esta condición especial de ejecución a los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato
Subrogación. 
Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 130.2, segundo párrafo, de la Ley 9/2017.

gracias por compartir Guillermo.

Mi opinión:

  • Este plan se queda a medias: se señalan como medidas de este plan lo que ya son exigencia contenidas en el propio texto de la LCSP. En definitiva, redunda, pero no añaden valor concreto alguno. No es un plan de lo que podríamos denominar hoy en día como innovador (portador de soluciones).
  • la clave, a mi juicio, es ayudar a que los gestores y personal implicado sepan aplicar correctamente los criterios de adjudicación, así como las CEE, y el Plan no ayuda mucho en ese sentido, salvo el asegurar que habrá planes de formación.

Un saludo. Buena semana.

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