Modificación normativa contractual, de morosidad y de pago a proveedores en el RDL 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento.

El Sábado se publicó en el BOE la nueva modificación de toda la normativa que afecta a la contratación administrativa que adjunto y resumo:

MODIFICACIONES QUE AFECTAN AL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN:

 - Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

… En la misma línea de mejora de la intermediación laboral, se incluye en este real decreto-ley una modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que permitirá al Servicio Público de Empleo Estatal y a los órganos de contratación competentes de las Comunidades Autónomas, y de los organismos y entidades dependientes de ellas e integrados en el Sistema Nacional de Empleo, concluir de forma conjunta acuerdos marco con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de servicios que se consideren oportunos para facilitar a los Servicios Públicos de Empleo la intermediación laboral… ver artículo 15

 

…Aunque el Derecho español después de la modificación indicada cumple, en líneas generales, con las nuevas exigencias de la Unión Europea, hay determinados aspectos en los que existe alguna divergencias que hace ineludible la reforma de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre (ley de morosidad), que se acomete en el capítulo segundo del Título III del presente real decreto-ley… ver artículo 33:

1. determinación de los plazos de pago, que es objeto de simplificación. Se precisan tanto los plazos de pago como el cómputo de los mismos, con la novedad de la previsión de procedimiento de aceptación o de comprobación, que han de regularse para impedir su utilización con la finalidad de retrasar el pago.

2. Se incorpora la previsión relativa a los calendarios de pago y cómo se calcularán los intereses en caso de que alguno de los plazos no se abonara en la fecha pactada.

3. Se reforma también el tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar, que pasa de siete a ocho puntos porcentuales los que se han de sumar al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación.

4. En la indemnización por costes de cobro se prevé que en todo caso se han de abonar al acreedor una cantidad fija de 40 euros, sin necesidad de petición previa, que se añadirán a la que resulte de la reclamación que sigue correspondiéndole por los gastos en que se incurrió para conseguir el cobro de la cantidad adeudada. Además, desaparece el anterior límite de esta indemnización, que no podía superar el 15 por ciento de la deuda principal. En esta indemnización se podrán incluir, entre otros, los gastos que la mora ha comportado para el acreedor por la contratación de un abogado o de una agencia de gestión de cobro.

5. Otra novedad consiste, precisamente, en la inclusión entre las cláusulas abusivas y, por tanto nulas, como regula la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, las que excluyan la indemnización por costes de cobro, las cuales serán contrarias a la ley, salvo que el deudor demostrase que dicha exclusión no es abusiva. Y junto a esas cláusulas la previsión de que la infracción de esta ley se produzca a través de prácticas comerciales, que también reciben la calificación de abusivas y tendrán el mismo régimen de impugnación.

 

La disposición transitoria tercera hace referencia a contratos preexistentes en materia de morosidad: Quedarán sujetos a las disposiciones de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con las modificaciones introducidas en esta ley, la ejecución de todos los contratos a partir de un año a contar desde su entrada en vigor, aunque los mismos se hubieran celebrado con anterioridad.

 

La disposición final sexta (ver) modifica diversos preceptos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Las modificaciones introducidas en los artículos 216 y 222 tratan de precisar el momento de devengo de los intereses de demora previstos en la Directiva por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en función de los diversos supuestos de recepción y tratamiento de las facturas, de forma consistente con la regulación de la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero de 2011. Mediante la modificación de la Disposición Adicional decimosexta de la Ley de Contratos del Sector Público se excluye de la regulación general de los usos de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, las facturas electrónicas que se emitan en los procedimientos de contratación. En la medida que la factura es un elemento asociado a la ejecución del contrato, no está cubierta por las previsiones de la Directiva 2004/18/CE en materia de utilización de medios electrónicos en los procedimientos de contratación, y parece conveniente dado que surte efecto en el ámbito fiscal, bancario, etc. prever una regulación autónoma. En la nueva Disposición adicional trigésima tercera se articula un nuevo itinerario de presentación de facturas ante el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, a efectos de asegurar que la Administración tiene un conocimiento exacto de todas las deudas que tiene contraídas por la ejecución de los contratos.

 

Con todos estos nuevos cambios, lanzo una pregunta al aire :¿es fácil mantenerse al día en materia de reformas y modificaciones legislativas que afectan a la contratación?

 

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Hola Almudena, muchas gracias por tenernos informados. Un saludo y buena mañana.

Tremendamente útil para mi este recordatorio. Muchas gracias. Me preocupa, y creo que dará lugar a alguna duda, la disposición transitoria tercera.

Comparto con vosotros una NL que he hecho hoy junto con otros compañeros sobre el tema:

Destacan dos modificaciones que afectan a la contratación del sector público. La primera, es la ampliación del mecanismo de pago a proveedores aprobado por el Real Decreto-ley 4/2012 y por el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012. La segunda es la transposición de la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad y modificación de aspectos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, relacionados con la morosidad.

I. Ampliación del mecanismo extraordinario de pagos a proveedores
El Capítulo I del Título III de este RDL regula una ampliación de los ámbitos de aplicación subjetivo y objetivo del mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales y Comunidades Autónomas, con la finalidad de cancelar obligaciones pendientes de pago líquidas, vencidas y exigibles con anterioridad a 1 de enero de 2012.

Por tanto, la primera conclusión que podemos extraer es que esta ampliación únicamente afecta a obligaciones anteriores al 1 de enero de 2012, no a las posteriores. Es decir, no está incluida la deuda de 2012.

En cuanto al ámbito de aplicación subjetivo, se ha de destacar que no afecta a todo tipo de contratos, por cuanto se refiere a obligaciones pendientes de pago derivadas de convenios de colaboración; de concesiones administrativas; de encomiendas de gestión a entidades que tengan atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración; de los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles; de los contratos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; de los contratos de concesión de obras públicas; de colaboración entre el sector público y privado; de contratos de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, y únicamente respecto a la subvención que se hubiere pactado a cargo de la Administración local o autonómica, en las condiciones que se establecen en el RDL. Por lo tanto, no se incluyen en esta ampliación, los contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministros y servicios derivados del TRLCSP, que sí se incluían en el primer mecanismo extraordinario de pagos a proveedores.

Únicamente se podrán incluir las obligaciones de pago derivadas de estos contratos (obras, gestión de servicios públicos, suministros y servicios) para las entidades locales del País Vasco y Navarra, las mancomunidades de municipios o las Comunidades Autónomas que no participaron en la primera fase del mecanismo (País Vasco, Navarra, Galicia y Extremadura).

Por tanto, no se incluyen en esta ampliación aquellas facturas que ya quedaron incluidas en la primera fase del mecanismo extraordinario, fueran o no aceptadas por los proveedores.

El procedimiento para hacer efectivas estas deudas es el que señala el RDL, pudiéndose consultar en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/20130222_Proveedores.aspx

II. Modificación de la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad y del TRLCSP.

El RDL también incorpora al Derecho español la Directiva 2001/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad. Esta incorporación se hace modificando determinados artículos de la Ley 3/2004, la cual ya sufrió una modificación importante mediante la Ley 15/2010.

Es de destacar que se modifica el tipo de interés de demora, pasando de los siete puntos porcentuales actuales, a ocho puntos porcentuales (art. 7 de la Ley 3/2004).

En cuanto a los costes de cobro, se modifica el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 3/2004, estableciéndose una cantidad fija de 40 euros cuando el deudor incurra en mora, cantidad que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. Se elimina también la limitación del 15% anterior, estableciéndose que el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora y que superen la cantidad de 40 Euros.

También es de destacar que la Exposición de Motivos del RDL indica expresamente que se podrán incluir los gastos que la mora ha comportado para el acreedor por la contratación de abogado o de una agencia de gestión de cobros.

En cuanto a la modificación del TRLCSP, debe destacarse la Disposición final sexta del RDL por la que se modifica el apartado 4 del artículo 216 del TRLCSP. Una de las novedades introducidas con la modificación de este artículo es que se establece expresamente que para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses de demora, el contratista deberá de haber cumplido con la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o prestación del servicio. Luego, si no se presenta la factura en el registro correspondiente, no se generará este derecho. El propio art. 216.3 señala que si el contratista incumple el plazo de 30 días para presentar la factura en el Registro, el devengo de intereses de demora no se iniciará hasta transcurridos 30 días desde la fecha la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

La obligación de presentar la factura en el registro correspondiente queda ahora incorporada en la Disposición trigésima tercera del TRLCSP, introducida por este RDL, que señala que el contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.

También se establece en dicha Disposición que en los pliegos de cláusulas administrativas para la preparación de los contratos que se aprueben a partir de la entrada en vigor del RDL, se incluirá la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente.

Finalmente, debemos señalar que la Disposición transitoria tercera del RDL, en relación con los contratos preexistentes, establece que las modificaciones de la Ley 3/2004 se aplicarán a la ejecución de todos los contratos a partir de un año a contar desde la entrada en vigor del RDL (24 de febrero de 2014) con independencia de que los mismos se hayan celebrado con anterioridad.

Fácil, lo que se dice fácil, no es. Ayuda mucho el esfuerzo del ejecutivo, al explicitar en la denominación de las disposiciones su alcance normativo. Para mi el paradigma es el Real Decreto-ley 8/2011.

No entiendo nada esa DT 3ª ¿Qué juegan al despiste? A ver si lo he entendido bien.

No me ha querdado claro de la explicación anterior si las disposiciones de esta norma relativas a la ejecución de contratos se aplican dentro de un año (24 febrero 2014) a todos los contratos (preexistentes y los que se celebren a partir de la entrada en vigor del RDL -24 debrero 2013-) o solo a los preexistentes.

 

Tampoco me ha quedado muy claro cuando se produce el devengo de intereses y desde cuando se cuentan. La Ley dice que desde que transcurre el plazo de 30 días desde la aprobación de la certificación sin que se haya abonado. ¿Qué ocurre si transcurren 30 días desde la prestación del servicio y no se ha aprobado la certificación?

Estela tienes razón, lo decía arriba. Yo al menos, si me esfuerzo puede decir algo, no entiendo bien la DT 3ª. A propósito no creo que se pueda hacer menos clara la redacción.

hola que tal! Voy a plantear una duda. Leyendo entiendo que se ha modificado en inicio del cómputo del plazo de abono de las certtificaciones de obra por ejemplo. Antes se iniciaba desde la expedición ahora lo marcan desde la fecha de aprobación de la certificación. ¿ CUándo se entiende aprobada una certificación ordinaria de obra?

 

Gracias!!!



Iranzu Villeta Alegría dijo:

hola que tal! Voy a plantear una duda. Leyendo entiendo que se ha modificado en inicio del cómputo del plazo de abono de las certtificaciones de obra por ejemplo. Antes se iniciaba desde la expedición ahora lo marcan desde la fecha de aprobación de la certificación. ¿ CUándo se entiende aprobada una certificación ordinaria de obra?

 

Gracias!!!

Vamos a ver. Esta claro que con todo lo que os cae encima ya tenéis suficiente, pero si salimos del ámbito local y nos introducimos en el ámbito estatal, podremos ver que lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Simplemente os recuerdo quien hizo la LCSP y como el ínclito y tristemente famoso BP, dijo en ámbito público que no sabia de contratos pero si sabia hacer leyes, por cierto experiencia que se limita a la Ley de Patrimonio AA,PP: O alguno de vosotros ha entendido la nueva definición del contrato de gestión de servicios públicos para salvar la genialidad de meter a las Mutuas de accidentes de trabajo en la Ley que les había quedado un tanto churra.

Y en el ámbito local dos anécdotas reales. Alla por el año 1998 me llama una compañera de un importante municipio andaluz y me dice que el Secretario afirma que el Reglamento de Contratación de las CC.LL. está en vigor, y no menos cierto que vigente la ley de morosidad ponía como criterio puntuable renunciar a la indemnización, y no pasaba nada.

Mirar, visto que vamos a seguir liando las  cosas y no poniéndolas en orden dejemoslo estar porque yo pensé que esto del PP arreglarían las cosas pero no es así  A las pruebas me remito. Otro dia  mejor dicho noche os contaré otras historia para dormir.

Recordar en el Estado no importa que valga, basta que diga si señor.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado en su página web una Nota explicativa relativa al Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, relativa a la ampliación del mecanismo extraordinario de pago a proveedores que en el mismo se regula.

En dicha Nota explicativa, el Ministerio realiza una interpretación amplia del citado RDL, estableciendo que en esta segunda fase pueden participar todas las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, señalando que respecto a las obligaciones de pago que fueron certificadas en la primera fase y cuya adhesión al mecanismo extraordinario de pago no fue manifestada por los proveedores, éstos tendrán la posibilidad de acogerse al mismo. Es decir, que en relación a las obligaciones pendientes de pago (anteriores al 1 de enero de 2012) que fueron certificadas y respecto de las cuales los proveedores no manifestaron su voluntad de acogerse al mecanismo de pago, podrán ser incluidas en esta segunda fase mediante la aceptación por parte del proveedor. Igualmente, respecto a las Entidades locales, se permite que para aquellos proveedores que durante la primera fase solicitaron la expedición de un certificado y este fue rechazado, podrán solicitar uno nuevo si la obligación pendiente de pago cumpliera los requisitos exigidos por el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, y se encontrara comprendida en alguna de las modalidades contractuales contempladas en la norma.

Hola María del Mar, muchas gracias por la noticia, voy a ver si la busco y la dejo enlazada. 

Que tengas una buena mañana.

De nada! Aquí están los enlaces:

Para Comunidades Autónomas:  http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Financi...

Para Entidades Locales: http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Instrucciones...

Igualmente, pueden consultar la información publicada por del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa al procedimiento y normativa aplicable al Mecanismo de pago a proveedores en el siguiente enlace:

Para Comunidades Autónomas: http://www.minhap.gob.es/es-ES/Servicios/Paginas/PagodeProveedoresC...

Para Entidades Locales: http://www.minhap.gob.es/es-ES/Servicios/Paginas/PagoProveedoresEnt...

Qué rapidez!!!

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