La resolución contractual debe ser enjuiciada desde la óptica del sistema de fuentes que rige la vida de los contratos a que aquélla se refiere.

En el supuesto planteado se trata de un contrato, cuyo objeto es la prestación de servicios de competencia municipal, y su régimen, en cuanto a preparación, adjudicación, efectos y extinción, se encuentra constituido por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la LCAP, así como Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como por el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril) y sus disposiciones reglamentarias (entre ellas, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955, vigentes en cuanto no se opongan a las disposiciones de aquél); y, supletoriamente, por las restantes normas del Derecho administrativo, resultando de aplicación en defecto de éstas las normas del Derecho privado.

Por lo que, para la resolución del mismo debe acudirse a lo dispuesto en los artículos 111 y 167 del TRLCAP.

 

El artículo 111 dispone que son causas de resolución del contrato, entre otras:

  1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
  2. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
  3. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
  4. La falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva o las especiales o complementarias de aquélla en plazo en los casos previstos en la Ley y la no formalización del contrato en plazo.
  5. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el incumplimiento del plazo señalado en el artículo 7 1.2, letra d.
  6. La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de ocho meses, conforme al artículo 99.6.
  7. g.    El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales.
  8. Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato.
  9. Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en el articulado de esta Ley.

Por su parte el artículo 167, respecto al contrato de gestión de servicios públicos, establece que «son causas de resolución del contrato de gestión de servicios públicos, además de las señaladas en el artículo 111, con la excepción de sus letras e y f, las siguientes:

  1. La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al contratista de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.
  2. El rescate del servicio por la Administración.
  3. La supresión del servicio por razones de interés público.
  4. La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.

 

De la enumeración contenida en los mismos, y a la vista del artículo 112.4 del TRLCAP, se desprende que solo se podría aplicar el mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista, cuando no concurra otra causa de resolución imputable al contratista y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

No obstante, el contrato al que aludo se encuentra secuestrado por la Administración y, por tanto no procede la resolución del mismo por mutuo acuerdo. Todo ello, aún cuando la situación del secuestro se produjo por la falta de pago de las certificaciones al contratista. Situación ante la cual, este solicito la suspensión, si bien no tuvo en cuenta que el TRLCAP no contempla el derecho de suspensión.

 

Por su parte, por cuestiones de distinta índole los interventores del secuestro están poniendo todo tipo de impedimentos, no emitiendo los informes que la administración les solicita.

Ante esta situación, consideró que lo único que procede es la remoción de los interventores y la resolución por incumplimiento, y ello pese a que, ante las obligaciones recíprocas no puede la parte que incumpla, exigir el cumplimiento de las obligaciones de la contraparte.

 

Se admiten opiniones al respecto.

 

Saludos.

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