La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización ha incluido una serie de cambios en la contratación.

Vía twitter me ha llegado que María Pilar Batet Jiménez ha elaborado un borrador de un pliego adaptado a los cambios que va a introducir la Ley de Emprendedores.

Si alguien tiene algún comentario, se agradecerá.

Modelo de pliego adaptado Ley de Emprendedores.doc

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Respuestas a esta discusión

Lo que está claro es que es un tema que genera bastanten dudas, ¿alguien sabe si alguna JCCA va a dictar algo en breve relacionado con este tema?...

Hola,

Respecto a lo que regula la ley de "emprendedores" en el artículo 44 y 45, donde añade como causa de nulidad (art. 32, d) de la TRLCSP) y la prohibición de discriminar a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación pública, se me presenta una duda "existencial": si uno de los requisitos de solvencia técnica exigibles es el acreditar haber realizado xx contractos con otras Administraciones Públicas durante los 3/5 años anteriores, con esta nueva ley no podemos exigir este requisito de solvencia técnica?

Yo entiendo que no, en la misma línea hay ya algunos pronunciamientos jurisdiccionales.

Lo que no se puede hacer es exigir experiencia únicamente en la propia administración o cerrarla de tal manera que en la práctica solo la tengan estos. En mi opinión también sería discriminar a favor de los contratistas previos el no aportar en los pliegos los datos suficientes para que cualquier licitador pueda tener un conocimiento pleno del funcionamiento del servicio que se quiere contratar.

¿y cuando se trata de un servicio que únicamente lo presta una administración? P.ej. Perfil del contratante, trámites on-line, o similares?

En estos casos la experiencia previa a aportar únicamente será con administraciones públicas, no con empresas privadas.

Evidentemente, en los pliegos puede redactarse como "acreditar un minimo de xx contratos durante los xx años anteriores" sin determinar "con administraciones públicas", pero por el tipo de servicio a licitar los únicos clientes habrán sido administraciones (o poderes adjudicadores, en el caso de Perfil)...

Precisamente eso es lo que yo entiendo, y  Gemma lo ha explicado muy bien. Lo que no se puede hacer es primar la experiencia relativa a los contratos con la administración sobre la relativa a los contratos con empresas privadas.

 

Buenas noches.

Tras las modificaciones en el TRLCSP, por la Ley de Emprendedores , me surgen una seria de dudas que paso a exponer:

1º.-  ¿A quién corresponderá la determinación de que la empresa propuesta como adjudicataria cumple  con todos los requisitos de capacidad, solvencia, etc? Hasta la entrada en vigor de dicha Ley tales actuaciones correspondían a la Mesa de Contratación, en aquellos procedimientos en los que debe existir dicho órgano. En el momento actual se debe entender que una vez formulada la propuesta de adjudicación, la Mesa de contratación ha finalizado sus funciones, y será el órgano de contratación, asesorado por una unidad administrativa o por los técnicos que considere competentes, quién tiene que determinar tales extremos.

2º.-¿ Los plazos previstos en la normativa de contratación para la subsanación de defectos u omisiones, se deben de aplicar tanto para subsanar defectos en la Declaración como después  para subsanar defectos en la documentación presentada para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos a los que se refiere dicha Declaración.?

 

3º.-¿ Es de aplicación en la presentación de la documentación acreditativa de los requisitos previos, lo previsto en el art. 80.3 del RGLCAP, o  tal posibilidad con los requisitos que dicho art. contiene tan solo es de aplicación a la presentación de la declaración y la proposición económica.?

4º.-¿ En el supuesto de que no se optase por la posibilidad de deducir del primer pago el importe correspondiente a la garantía definitiva, no sería más conveniente que el pliego determinada dos plazos diferentes, uno para la presentación de la documentación acreditativa de los requisitos previos, y otro para la presentación de la documentación acreditativa de la constitución de la garantía,  concediéndose dicho plazo una vez el órgano de contratación haya comprobado que el licitador propuesto cumple con todos los requisitos.?

Gracias

 

 

Por lo que va discurriendo la discusión, ha sido otra chapuza que al final provocará más problemas que soluciones.

Vuelvo a mi idea de que para ese tipo de contratos, en lugar de una declaración responsable (poco más que papel mojado), se debiera tener la posibilidad que se EXIGIESE la inscripción en un registro electrónico. Así matas casi tres pájaros de un tiro:

  1. Incentivar la inscripción de las empresas en dichos registros.
  2. Tener toda la documentación acreditativa de capacidad, personalidad y solvencia.
  3. Solo tener que exigir la garantía en el momento del requerimiento de la documentación.

Que lo único positivo ha sido elevar el umbral de la clasificación, otro de los grandes y apasionantes temas de la contratación.

Estaba releyendo los nuevos apartados añadidos al artículo 146 y me ha asaltado una duda brutal, no sé si consecuencia de una interpretación errónea del mismo, pero intentaré explicarme y dar a conocer la duda en cuestión. Es el punto 4, el que provoca mi desazón.

Se estima conveniente, en cualquier procedimiento se entiende, si el órgano de contratación lo cree, que con la declaración hay suficiente. Hasta aquí claro, más o menos, puesto que esta interpretación puede hacerse extensiva en la contratación de las obras de un aeropuerto, por ejemplo. Te traigo una declaración responsable y me ahorro presentarlo todo, de momento.

En las última líneas del primer párrafo del punto 4 dice literalmente: "En todo caso bastará con esta declaración responsable en los contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 de euros y de suministros y de servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros."

Mi horror llega al interpretar, no sé si acertadamenta, tal como se ha redactado, que con la simple declaración todo está hecho, que nos basta con la palabra y la rúbrica de un empresario (viendo como está el mundo en el que se relacionan políticos y empresarios, esto puede causar pavor.) para admitirlo y para adjudicarle un contrato público. Y en el párrafo siguiente, te deja a tu parecer que recabes la información para asegurarte que no contratas a alguien que, por ejemplo, esté incluído en los supuestos de prohibición para contratar con la administración.

Me asalta la duda de si mi interpretación es correcta o errónea, pero si yo lo llego interpretar así, decidme que no podrá interpretar más de un letrado avieso en todos los vericuetos legales para hacer colar a cualquier empresario en cualquier procedimiento.

Espero haber malinterpretado lo escrito y que me aportéis esa luz para sofocar mi desazón.

Pd.: mi primera interpretación era que esta declaración solo servía para los contratos por debajo de los umbrales indicados en el final del primer párrafo.

Voy a cerrar el debate sobre este hilo, aquí y empezar a hacer discusiones más temáticas. Porque si no se nos va a ir de las manos.

Abro otro hilo con el debate de Albert, ok?

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