Según la Disposición adicional tercera de la 8 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

  • "La Plataforma de Contratación del Estado regulada en el artículo 334 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, pasará a denominarse Plataforma de Contratación del Sector Público.
  • En la Plataforma se publicará, en todo caso, bien directamente por los órganos de contratación o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información de las diferentes administraciones y entidades públicas, la convocatoria de licitaciones y sus resultados de todas las entidades comprendidas en el apartado 1 del artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público"

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En principio y sin perjuicio de que se pueda desvirtuar su aplicación en la realidad, esta es una buena noticia. Tendremos concentrada en una sola plataforma toda la actividad contractual (o casi toda) del sector público una herramienta especialmente útil para las empresas. Otra cuestión será de qué manera se hace cumplir tal obligación y que consecuencias tendrá su incumplimiento. Saludos,

Hola Juan Carlos espero que así sea y a un licitador buscar una oportunidad de negocio en cualquier ente del Sector Púbico Nacional le sea tan fácil como dar un par de clics. 

Ahora eso de "..por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información de las diferentes administraciones y entidades públicas" suena bastante remoto.

Es una especie de -o lo publicas tú o te lo publico yo mediante mi RSS... o algo así. En la misma Ley, agazapados en el art. 9 2. )  la documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los contratos públicos son garantía de las libertades de los operadores económicos y el detalle que contiene el artículo 18. 2 determinaciones en la contratación se considera que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de  circulación (con posibilidad por lo tanto de activar el procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos por las autoridades competentes del artículo 26)....un nuevo lío. 

Os paso un mini resumen de lo que esta Ley regula en materia de contratación pública, que he sacado de la junta consultiva de la Generalitat de Catalunya:

El BOE de 10 de diciembre de 2013 ha publicado esta Ley que tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de unidad de mercado en el territorio nacional y, en particular, garantizar la integridad del orden económico y facilitar el aprovechamiento de economías de escala y alcance del mercado mediante el libre acceso, ejercicio y la expansión de las actividades económicas en todo el territorio nacional garantizando su adecuada supervisión, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 139 de la Constitución (artículo 1).

En esta Ley se contienen diversas previsiones con incidencia en la contratación pública, entre ellas:

- la obligación de las autoridades competentes de velar, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia; y, en particular, que se cumplen dichos principios, entre otros, en "la documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los contratos públicos" (artículo 9).


- Asimismo, también se prevé la obligación de las autoridades competentes de asegurar que cualquier medida, límite o requisito que adopte o mantenga en vigor no tenga como efecto la creación o el mantenimiento de un obstáculo o barrera a la unidad de mercado. En este sentido, se establece que serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes que contengan o apliquen:

"a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, para la obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de contratos públicos, basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular:

1.º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio;

2.º que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo de tiempo en dicho territorio; 3.º que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio;

4.º que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los órganos de administración,

control o gobierno residan en dicho territorio o reúnan condiciones que directa o indirectamente discriminen a las personas procedentes de otros lugares del territorio;

5.º que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio de la autoridad competente (artículo 18).

Por otro lado, la Ley dispone que la Plataforma de Contratación del Estado pase a denominarse Plataforma de Contratación del Sector Público y que en ella se publicará, en todo caso, bien directamente por los órganos de contratación o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información de las diferentes administraciones y entidades públicas, la convocatoria de licitaciones y sus resultados de todas las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la normativa de contractos del sector público (disposición adicional tercera).

 

 

En la práctica ¿cómo se envían las convocatorias y actos suceptibles de publicación en la plataforma de contratación del Sector Público? Gracias

Hola Benjamín, llevo esta cuestión a un hilo propio del foro.

Muchas gracias.

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