Es un tema muy discutido.

Me ha llegado noticia de esta publicación de Manuel Narbona Sarria en el OBCP que se titula Estandarización de la evaluación de la oferta económicaSegún cuenta:

"Para la empresa el esfuerzo se mide como reducción del beneficio y se puede demostrar que existe una fórmula única y correcta que da la puntuación que le corresponde a una empresa en función del descuento que ofrece sobre el PBL y de los precios máximo (PBL) y mínimo (límite de la oferta temeraria) que debe fijar la Administración. Dicha fórmula, cuya demostración se expone en este trabajo, es

P=[K/(1-K)]* [DO/(1-DO)]

donde

  • K=C/L, siendo
    • C es precio mínimo de licitación (límite de la oferta temeraria),
    •  L en presupuesto base de licitación,
  • DO el descuento sobre el PBL y,
  • P la puntuación".

Qué pensáis.

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Has dicho que: "Si se os ocurre otras razones para imponer un umbral de saciedad en el precio que no sea porque el órgano de contratación piensa que por debajo de determinado precio peligra la ejecución del contrato, por favor, decídmelo, porque yo no acabo de ver otras razones."

Por hablar desde el otro lado (el de las empresas) te comento una razón por la que creo que debéis "perseguir" más las bajadas temerarias. Te expongo dos casos que he vivido.

1.- Obtención de liquidez

Una empresa está teniendo problemas de liquidez, realiza una bajada temeraria para asegurarse que gana un concurso. Con el concurso ganado pide un crédito al banco por el importe del proyecto, que le conceden.

El proyecto hará que la empresa pierda dinero, pero le ha permitido obtener una liquidez que necesitaba, el coste de financiación no es muy alto y el proyecto saldrá bien y el cliente estará contento.

2.- "Compra" de referencias.

Si la empresa sospecha que el año que viene va a salir un gran concurso que va a pedir en la solvencia técnica haber ejecutado un proyecto de un cierto importe y no tiene esa solvencia, puede presentarse a un concurso, hacer una bajada temeraria para asegurarse de que lo gana y conseguir esa referencia que le permita presentarse al gran concurso del año siguiente. (O de la misma forma, asegurarse que otra empresa no obtiene esa referencia y saber que va a ser el único que se presente al concurso grande)

Ese proyecto lo realizará bien y el cliente estará contento. Aunque tiene el efecto de que las futuras licitaciones similares que saque el cliente las sacará con importes menores y algún concurso se le quedará desierto.

Conclusión:

Si estás medidas se extienden llega un momento que cada concurso lo gana una empresa que quiere referencia o que quiere liquidez... y ninguna empresa llega a ganar un concurso "normal" con el que compensar las perdidas de ese proyecto que ganaron en temeridad para obtener referencia o liquidez. Y si no entran al juego de la temeridad, pasa el tiempo y se quedan sin referencias.

Resumiendo, un motivo para perseguir la temeridad es que no hacerlo puede dañar enormemente a las empresas, exprimiendo sus recursos con promesas de futuros contratos que nunca llegan y provocando, en el peor de los casos, la quiebra de algunas de ellas, reduciendo la competencia e incluso llegando al extremo de que solo "sobreviva" una de ellas y acabes preso de esa empresa.

Hola Antonio, encantado de saludarte.

Es interesante tu visión desde "el otro lado", el de los contratistas, ya que desvelas las "estrategias" que utilizan los licitadores para obtener adjudicaciones de contratos y, que desde mi punto de vista, son yn auténtico "suicidio" empresarial. Me explico seguidamente.

En primer lugar, lo que tú denominas como "obtención de liquidez" es un comportamiento real de algunos (por no decir muchos) licitadores (en los contratos de obras es muy evidente), que hacen bajas "a degüello" y lo único que consiguen finalmente, si es que resultan adjudicatarios y alcanzan la financiación externa, es "remar para morir ahogados en la orilla". ¿Cuántos contratos de obras han resultado fallidos por la quiebra del contratista y no pueden continuar con las prestaciones? Esto, desde luego, deben hacérselo mirar los poderes adjudicaores cuando aprueban las condiciones requeridas para acreditar la solvencia económica y financiera.

En segundo lugar mencionas la "compra de referencias", siendo el comportamiento competitivo de los contratistas (que no son líderes en costes) el de sacrificar ya no solo su beneficio, sino que también la absorción de los costes de estructura (costes fijos) y los costes variables, proponiendo un precio de la oferta por debajo de su umbral de rentabilidad. Esto puede ser considerado como "dumping" (venta por debajo del coste de producción).

Brevemente estas son las siguientes "recetas":

A la primera, utilizar el novedoso, INNOVADOR y fantástico apartado d) del artículo 87.1 de la LCSP 9/2017, haciendo una interpretación amplia al significado de la frase "contratos que incluyen en su objeto inversión relevante" cuando dice: "Para los contratos de concesión de obras y de servicios, o para aquellos otros que incluyan en su objeto inversiones relevantes que deban ser financiadas por el contratista, el órgano de contratación podrá establecer medios de acreditación de la solvencia económica y financiera alternativos a los anteriores, siempre que aseguren la capacidad del contratista de aportar los fondos necesarios para la correcta ejecución del contrato". En este sentido la "inversión relevante" que deba abordar el contratista, porque lo requiera el objeto del contrato, hay que entenderla en su sentido completo, que es tanto las inversiones en ACTIVOS FIJOS como las que deba realizar en ACTIVOS CIRCULANTES. Y en estos últimos entran la parte de las obras ejecutadas que todavía no han sido certificadas, que componen los saldo de las cuentas de existencias (activo circulante) y los saldos de las cuentas de clientes (la Administración que todavía no ha pagado). De manera que esto permite al órgano de contratación requerir otros alternativos, al de la simple cifra de negocio, que aseguren la capacidad del contratista de aportar los fondos necesarios para la correcta ejecución del contrato. ¿Qué debe requerir el órgano de contratación? Pues que demuestre el contratista, con su estado de Flujos de Efectivo, que la caja generada por las operaciones (o cash flow operativo/de explotción) es positivo, ya que este el el auténtico indice de que la empresa es financieramente solvente, ya que no solo podrá hacer frente a todos sus pagos de la explotación, sino que, además, podrá pagar los intereses de su financiación externa.

En cuanto a la segunda, mi propuesta es que las ofertas económicas se soliciten con una descomposición de los costes directos (mano de obra y materiales) e indirectos (gastos generales de fabricación y de estructura), con los recargos correspondientes para la absorción de los indirectos, y la propuesta de beneficio industrial. ¿Estarían las empresas dispuestas y preparadas para realizar sus ofertas en un formato de "Propuesta Electrónica de Costes"? Esto, quizá, nos llevaría a considerar que cada empresa tiene su propio y singular valor de la variable o factor "C" (límite inferior para considerar la oferta desproporcionada) que figura en la fórmula de Manuel Narbona.

La posibilidad de solicitar las ofertas con la descomposición de los costes la baso en que ya el órgano de contratación, debido a la exigencia del artículo 100.2 de la LCSP, debe realizar en el Presupuesto Base de Licitación (PBL) la descomposición de los costes de producción del objeto del contrato de acuerdo con los existentes en el mercado. Y yo me pregunto ¿si debe hacer aquéllo, por qué no pedir las ofertas de la misma manera?¿qué se lo impide?.

Por concluir, esta LCSP, aunque tiene muchos detractores, en mi opinión es una norma fantástica (de la que confieso estoy "enamorado"), ya que tiene la virtud de abrir nuevos horizontes a la gestión en la contratación pública, teniendo más valor, si cabe, por lo que no dice ni regula expresamente, es decir lo que calla. Y, sin embargo, abre unas puertas y posibilidades maravillosas de gestión eficaz y eficiente.

Un saludo

Buenos días:

Me gustaría hacer algunas observaciones más sobre este nuevo debate que ha abierto Juan Carlos a raíz de la resolución del TRCRC que permite fijar un umbral de saciedad para el precio.

En primer lugar, y contestando a Antonio Fernández que creo que me ha malinterpretado, yo no estoy diciendo que no haya poner límites al precio de la oferta, sino que en lugar de permitir un umbral de saciedad para el precio, el control sobre el precio se traslade al mecanismo que ya existe que es el procedimiento para determinar la anormalidad porque fijar un umbral de saciedad va en contra de los intereses de la Administración. Si una empresa puede hacer una oferta viable por un precio inferior al indicado en el umbral se abstendrá de ello para no ser expulsada del concurso, pero si el umbral de saciedad se formula como límite de temeridad, la empresa podrá hacer la propuesta que crea conveniente sabiendo que tendrá que pasar por el procedimiento para determinar la anormalidad y demostrar que su propuesta es viable.

Lo que está claro es que el procedimiento para determinar la anormalidad debe contar con todas las garantías y con profesionales cualificados, me refiero especialmente a economistas como Juan Carlos Gómez, para evitar que las empresas nos cuelen ofertas aquejadas de los defectos que denuncia Antonio Fernández.

Otra cosa distinta es que el TRCRC no admita fijar a priori, cuando es posible hacerlo, el límite de temeridad como hago en mi fórmula.

Aunque, como apuntaba Juan Carlos, este pronunciamiento hace posible el uso de mi fórmula interpretando C como un umbral de saciedad, que no lo es, creo que la objeción de fondo, la posibilidad de fijar el limite de temeridad, C, a priori, no está resuelta, lo que no acabo de entender si la propia LCSP dice que tener que velar por el cumplimiento del convenio colectivo.

En cambio, si se fija el límite de temeridad como una función del precio de todas las ofertas como indico en la Adenda, no hay ningún problema con mi fórmula.

Concluyendo: creo que el TRCRC se ha equivocado en su resolución. No debía haber permitido un umbral de saciedad distinto al límite de la temeridad porque esto impide que las empresas puedan hacer ofertas que hubieran sido viables a menor precio.

Cuando pueda os pondré un ejemplo de como incorporar el umbral de saciedad a las condiciones para fijar el límite de anormalidad.

Saludos

Manuel

Buenos días Manuel. Encantado de volver a saludarte y espero que disfrutes de unas merecidas vacaciones.

Voy a intentar ser breve y conciso para dejar claro que yo no he dicho que en tu fórmula tenga el objetivo de establecer (per se) un «umbral de saciedad», sino que el factor (o variable) C, que en tu fórmula representa el valor mínimo aceptable de las ofertas y establece la frontera de de la «anormalidad» o desproporcion de la oferta económica, se podía convertir de facto en un «umbral de saciedad»,  que es rechazado por la doctrina administrativa. Y, por ende, esta era la mayor crítica e impedimento a la aceptación de tu fórmula.

Pero he aquí que el TRCRC la "lía" refirmándose en un cambio de criterio acerca de la admisibilidad de los «umbrales de saciedad» –porque ya hubo en 2018 un pronunciamiento en este mismo sentido pero que quizá no tuvo la suficiente repercusión mediática– produciendo, ahora, un "terremoto" y "violentos" ataques intelectuales contra su resolución.

Yo no entro en si el TRCRC acierta o no con su cambio de criterio, simplemente lo que destaco es que, en mi opinión, se ha abierto una puerta que permite realizar nuevos (innovadores) procedimientos para la valoración de las ofertas, a sabiendas de las resistencias a los cambios. Y aquí es donde entra tu fórmula. Por eso digo que es una buena oportunidad para tenerla en consideración, y nada más que eso.

Un comentario: Es un poco ingénuo pensar que los licitadores presentarán ofertas económicas superiores al límite del valor de C, conocido que es la frontera de incurrir en temeridad, sobre todo si los contratistas, generalmente, manifiestan los comportamientos que cita Antonio Fernández (liquidez y obtención de referencias). Esto exigiría realizar otras actuaciones preventivas, como por ejemplo en cuanto a la exigencia de requerimientos para la acreditación de la solvencia económica y financiera. Estas cuestiones las abordaré específicamente en respuesta a su comentario.

Desde mi punto de vista, sería bueno que comunicaras cuál ha sido finalmente la experiencia en el contrato en cuya preparación has participado.

Un saludo

Hola Juan Carlos:


No creas que no agradezco que te hayas interesado por mi fórmula a la luz de este pronunciamiento del TRCRC, todo lo contrario. Disculpa si te he malinterpretado.


Cada vez tengo más claro que los economistas sois imprescindibles en la contratación pública. No he entendido gran cosa de tu respuesta a Antonio Fernández, salvo que analizando las cuentas de las empresas se puede establecer su solvencia con toda fiabilidad. Seguramente, en el futuro, la contratación pública irá por los derroteros que indicas y no será necesaria ninguna fórmula para el precio.
El contrato que he estado preparando, en solitario, está ahora en revisión por la dirección, el servicio de contratación y el gabinete jurídico. Supongo que a la vuelta de vacaciones me encontraré con mucho que explicar.


La experiencia ha sido muy positiva para mí porque tenía la intención desde que me lo encargaron de no fuera un "corta-pega" del contrato anterior, en especial en lo referente a la objetividad y transparencia con que se tendrá que resolver. No ha sido una batalla fácil, y en muchas ocasiones he estado tentado de abandonar ante las presiones que recibía, que han sido muchas. Solo en una cosa he cedido y me arrepiento, pero ahora ya es tarde: he aceptado que tumbaran mi propuesta inicial de hacer al menos 4 lotes a pesar de que tenía argumentos de sobra para dividir el concurso. El miedo al cambio es muy poderoso y también yo he sucumbido. Esto reducirá notablemente la concurrencia porque no hay muchas empresas en este ámbito que puedan ofertar un único equipo de trabajo de 70 personas con la capacitación que se pide en las distintas áreas técnicas.


Me he acordado ahora mientras escribía de José Manuel Martínez cuando al principio del debate se preguntaba si la fórmula era tan solo un ejercicio intelectual. Eso me parece a mí ahora, que todos estos meses de trabajo no ha sido más que eso, aunque creo que en los pliegos hay suficientes hallazgos (está todo explicado en anexos técnicos del PCAP y en los artículos que he publicado) para que otros, sin tanto miedo al cambio, puedan aprovechar mi aprendizaje.


No se cuál va ser el resultado del concurso una vez que se publique aunque puedo casi adivinarlo. Al menos sé que formalmente el concurso es intachable en cuanto a objetividad y transparencia.
Una de las batallas que sí he ganado ha sido reducir el juicio de valor desde el 49% en el concurso anterior al 25% en este y aún así he objetivado lo más posible, mediante formularios normalizados, la subjetividad inherente al juicio de valor. La otra batalla ganada de la que me siento orgulloso es que cada persona candidata al equipo de trabajo por parte de cada licitador, así como el equipo de trabajo al completo que presente cada licitador, puede autoevaluarse (he creado formularios automatizados para ello).


Por supuesto, he empleado mi fórmula para el precio y he descrito las condiciones de anormalidad usando la metodología que he desarrollado en el artículo sobre la temeridad. Ya veremos que piensa el gabinete jurídico al respecto.


Pero lo mejor y más enriquecedor de todo ha sido, además de que he podido estudiar, reflexionar y escribir, el debate con vosotros del que me llevo muchas enseñanzas en un ámbito de conocimiento nuevo para mí.


Esto no se acaba aquí: os iré informando de cómo van las cosas.


Un abrazo.
Manuel.

Hola:

He seguido la discusión en torno a la resolución del TACRC sobre la fijación de umbral de saciedad para el precio en la discusión que abrió Guillermo al respecto.

Saludos

Manuel

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