Es un tema muy discutido.

Me ha llegado noticia de esta publicación de Manuel Narbona Sarria en el OBCP que se titula Estandarización de la evaluación de la oferta económicaSegún cuenta:

"Para la empresa el esfuerzo se mide como reducción del beneficio y se puede demostrar que existe una fórmula única y correcta que da la puntuación que le corresponde a una empresa en función del descuento que ofrece sobre el PBL y de los precios máximo (PBL) y mínimo (límite de la oferta temeraria) que debe fijar la Administración. Dicha fórmula, cuya demostración se expone en este trabajo, es

P=[K/(1-K)]* [DO/(1-DO)]

donde

  • K=C/L, siendo
    • C es precio mínimo de licitación (límite de la oferta temeraria),
    •  L en presupuesto base de licitación,
  • DO el descuento sobre el PBL y,
  • P la puntuación".

Qué pensáis.

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Buenos días:

Antes de que me digáis qué pasa cuando el precio no es el único criterio, y para que el ejemplo se parezca al de Jorge Pérez, ahí tenéis otra propuesta de cómo expresar los límites de la baja temeraria:

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

  • C1. Las que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
  • C2. En cualquier caso, se considerará desproporcionada
    • C21.  la baja superior a 25 unidades porcentuales  O
    • C22. aquellas ofertas en las que la puntuación del resto de criterios no alcance el 55% de la puntuación asignada a los mismos.

Aquí he cambiado algunas cosas respecto de la formulación anterior.

En C1 he puesto 15 en lugar de 10. Esto es sólo una maniobra de distracción porque en realidad lo que pretendo es que el límite de la oferta temeraria en el criterio precio lo fije, casi con toda seguridad, la condición C21: que la baja sea superior a 25 unidades porcentuales.

En C21, como ya conozco el valor de C, traduzco la baja a porcentaje para que sea absolutamente equivalente al art. 85. Evidentemente, si C fuera el 70% del PBL, en lugar de 25 unidades porcentuales diría 30 unidades porcentuales.

Además, en C2 he añadido una condición más, C22, para el resto de criterios que lo que quiere expresar es que si la calidad, “representada” por el resto de criterios, es muy baja, la oferta se considera, en principio, temeraria.

En conjunto lo que C2 quiere decir es que si el precio es muy bajo, me da igual la calidad, y que si la calidad es muy baja, me da igual el precio. Fijaos que las dos condiciones están unidad por “O” y no por “Y”. Si las uniera con Y”, C2 sólo se cumpliría cuando el precio sea inferior a 25 unidades porcentuales y, ademas, la puntuación del resto de criterios fuese inferior al 55%. Pero al unirlas con “O” lo que estoy diciendo es que basta con que se cumpla una de las dos sub-condiciones, C21 o C22, para que C2 se cumpla.

Os he revelado todos mis argumentos y secretos, pero si no lo hubiese hecho, ¿creéis que un letrado pondría objeciones a la fórmula o a las condiciones de temeridad que os he planteado?

Saludos

Hola Manuel, es encomiable tu esfuerzo y espero, sinceramente, que finalmente tengas éxito. No resulta fácil desmotar los paradigmas (en general) y en este campo, particularmente, ya hay algunos que se han establecido y arraigado mucho basándose en los pronunciamientos de los Tribunales de Contratación y por el Tribunal de Cuentas. Es una inercia que es muy difícil cambiar el rumbo.

 

Yo sigo cuestionando tu fórmula con los mismos argumentos. Por no repetirlos solo diré que para mí la clave está es cómo se determina objetivamente el valor de la variable C, es decir el límite o umbral para considerar la baja temeraria. Y eso de “jugar” ahora con C1 y C2 y hacer “maniobras de distracción”, no lo veo claro.

 

Lo cierto es que ya has avanzado mucho. Has observado el problema y has manifestado tus hipótesis, que aseguras que resuelven satisfactoriamente la cuestión, pero todavía (en mi opinión) están en el plano de una “verdad provisional”.

 

Creo que el siguiente paso es poner en práctica tu formulación sobre casos reales y concretos y recoger los datos de los resultados obtenidos que avalen y demuestren la “verdad definitiva” de tus hipótesis.

 

Mucho ánimo y un fuerte abrazo. Quedo a la espera de tus resultados.

Muchas gracias Juan Carlos por tus ánimos.

Lo de las maniobras de distracción no es por ser deshonesto sino para demostraros que cualquier cosa que parezca plausible puede ser aceptada por los letrados y los tribunales.  Entonces, ¿qué valor tienen esos pronunciamientos sobre cuestiones que no acaban de entender?

Si no os llego a desvelar las trampas, la fórmula y los condiciones de temeridad habrían sido miradas con menos rigor. Incluso la mayoría de vosotros no habría detectado que yo estaba ocultando mi valoración de la baja temeraria y que la estaba usando para establecer la fórmula y las condiciones de temeridad; la fórmula, escrita del modo que os he mostrado, habría pasado como un fórmula más a la que nadie haría puesto objeción alguna.

Es más, estoy convencido que si mi letrado rechaza mi fórmula tal cual es y las condiciones de temeridad a las claras, no pondrá ninguna objeción si le formulo las cosas del modo que os he contado, aunque me resulte triste que tenga que ser así.

Lo que tengo claro es que la fórmula es correcta y el art. 85, un despropósito, salvo que alguien me dé una justificación de qué pretendía el legislador.

Saludos

Buenos días a todos, copio y pego lo que mantiene el TARCYL sobre el tema de las fórmulas.  Muy interesante:

"“Como señala la Resolución 84/2017, de 2 de noviembre, de este Tribunal, “En relación con la fórmula matemática, este Tribunal acoge y comparte (así, la Resolución 11/2016, de 17 de febrero) la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) expuesta en sus Resoluciones 906/2014, de 12 de diciembre, y 542/2015, de 12 de junio (doctrina ratificada posteriormente, entre otras, en las Resoluciones 681/2016, de 9 de septiembre, y 208/2017, de 24 de febrero). En ellas se señala lo siguiente:

(…) ni el TRLCSP ni su normativa de desarrollo contienen una pauta a la que deba atenerse el órgano de contratación a la hora de concretar el criterio de evaluación de las ofertas
económicas, si bien es claro que necesariamente habrá de recibir la puntuación más alta el licitador que oferte un precio inferior y la más baja la que presente el superior (cfr.: Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid 173/2014 e Informe 16/2013 Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón).

Ello es consecuencia del respeto a los principios que han de observarse en el ámbito de la contratación pública, tales como el de control de gasto y de eficiencia (artículos 1, 22, 333.2 y DA 16ª TRLCSP), según señalan, entre otros, los Informes 4/2011 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y el nº 874 del Tribunal de Cuentas (pág.196).

Al mismo resultado, en fin, conduce el artículo 150.1 TRLCSP, ‘in fine’ (y, en idéntico sentido,artículo 53.1.b Directiva 2004/18/CE) en la medida en que prevé que cuando el único criterio de adjudicación sea el precio, éste deberá ser ‘el del precio más bajo’, regla ésta que debe observarse cuando, junto al precio, se introducen otros criterios de adjudicación”.

»(…) se han venido considerando como contrarias al principio de economía en la gestión de recursos públicos fórmulas que:

  1. Atribuyan mayor puntuación a las ofertas que no sean las más económicas como cuando se tiene en cuenta la relación de la oferta con la baja media (cfr.: Informes del Tribunal de Cuentas nº 958 –pág. 77-, nº 1011 –pág. 128-), 
  2. Que establecen umbrales de saciedad, más allá de los cuales los licitadores no perciben una puntuación superior (cfr.: Informes del Tribunal de Cuentas nº 889 –pág. 101-, nº 942 –pág. 31- y nº 955 –pág. 209-), 
  3. Que reducen significativamente los márgenes entre las ofertas más caras y las más económicas (cfr.: Informes del Tribunal de Cuentas nº 1009 –pág. 88-, nº 1031 –página 107-) 
  4. Que magnifiquen diferencia económicas mínimas (cfr.: Informe de Tribunal de Cuentas nº 1011 -págs. 121, 211-212, 280-) 
  5. Que supongan atribuir una puntuación a todo licitador por el mero hecho de presentar oferta (cfr.: Informe del Tribunal de Cuentas nº 839 –pág. 118-).

»Concluimos entonces y hoy reiteramos que: ‘Lo único que impone en este sentido el TRLCSP es que se concrete en el Pliego la fórmula elegida, que ésta atribuya una puntuación superior a la oferta más barata y menor a la más cara y que se guarde la adecuada proporción en la atribución de puntos a las intermedias.

»Fuera de estos principios elementales, el órgano de contratación cuenta con un margen de libertad para decantarse por una u otra fórmula, para optar por una regla de absoluta proporcionalidad o, por el contrario, introducir modulaciones en ella que no sean arbitrarias ni carentes de lógica o, en fin, distribuir la puntuación por la baja que cada oferta realiza respecto del presupuesto de licitación o en proporción a la oferta más económica. 

A fin de cuentas, si la entidad adjudicadora puede elegir la ponderación atribuida a cada criterio de adjudicación (cfr.: artículo 150.4 TRLCSP y Sentencia del TJCE,
Sala Sexta, 4 de diciembre de 2003 –asunto C- 448/01- ), no parece posible negarle la libertad de elegir la fórmula de distribución de los puntos´”.

Aplicando la referida doctrina, la Resolución 84/2017, de 2 de noviembre, de este Tribunal, expuso que la fórmula establecida en los pliegos controvertidos “no puede calificarse como inadecuada, ya que puntúa con 0 puntos a la oferta que iguale el precio de licitación, atribuye la mayor puntuación a la oferta más baja, no prevé umbrales de saciedad ni considera la baja media para atribuir puntuación, las modulaciones establecidas no pueden calificarse como arbitrarias o discriminatorias, no se aprecia una reducción significativa en los márgenes entre las ofertas más caras y las más económicas ni tampoco márgenes desproporcionados en la puntuación entre las ofertas. Por otra parte, no cabe obviar que el sistema de proporcionalidad puro, pese a sus indudables bondades, también puede producir resultados que magnifiquen diferencias económicas mínimas, lo que no permite afirmar que sea en todo caso preferible al de la proporcionalidad corregida”.

Por lo expuesto, este Tribunal consideró que la cláusula referida a la fórmula matemática no era contraria a derecho, ya que su aplicación suponía el reparto de la puntuación de un modo proporcional a la oferta económica presentada y a las bajas que en su caso se realicen sobre ella.

Sin perjuicio de que se considera adecuada la fórmula prevista en el PCAP, la Resolución 84/2017, de 2 de noviembre, sí advierte que la justificación ofrecida para la elección de la fórmula (desincentivar bajadas excesivas en el precio, bajas que repercutirían negativamente en las condiciones salariales y de trabajo de los empleados adscritos al contrato) no se comparte.

Se señala que “Incluso admitiendo el carácter social que viene predicándose de la contratación pública y constatado, en este contrato, el enorme peso que tiene el coste de personal en el precio fijado, ello no permite, sin más, justificar una fórmula matemática que pretenda evitar bajas excesivas, pues podría llevar a la concurrencia de las circunstancias vedadas para estos supuestos, mencionadas en la doctrina del TACRC citada (umbral de saciedad, etc.). Pero incluso aunque no concurrieran tales circunstancias, el artículo 152 del TRLCSP ya contempla una vía específica para desincentivar tales bajadas, cual es el de la fijación de los parámetros objetivos en función de los cuales se pueda apreciar que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. »Por este motivo, llama la atención que no se haya previsto de manera expresa en el PCAP
la posibilidad de apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas (…)”.

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Buenos días:

Me ha llamado la atención el artículo de Milagros Arcocha Giménez Principios que deben cumplir las fórmulas matemáticas para la corre... en relación a la Resolución nº 51/2019 Acuerdo del Tribunal Administrativo de Contra... y veo que no he sido el único porque José Manuel Martínez Fernández lo menciona, decepcionado, en el debate Criterios de valoración automáticas para adjudicar contratos determinadas actividades formativa.

Respecto de este artículo, he cruzado algunos correos con Milagros Arcocha Giménez, aunque sin profundizar en mi desacuerdo con la resolución que, por otra parte, importa poco.

Aún así, voy a profundizar un poco en la fórmula que propone el órgano de contratación para que veáis, y espero que entendáis, lo absurda que es la fórmula, aunque el TACPCM no lo haya visto así.

Esta es la fórmula elegida para el precio al que se le otorgan hasta 70 puntos:

Y añade lo siguiente respecto de las ofertas anormalmente bajas:

Se consideran ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas realizadas inferiores al menos en un 5 por ciento a la media de las ofertas admitidas.

La fórmula es la raíz sexta de la habitual fórmula lineal que otorga 0 puntos a la oferta que coincide con el presupuesto base de licitación (PBL) y 70 puntos a la oferta más barata.

Empecemos por un error lógico de la condición de anormalidad.

Si sólo se presenta un licitador, que es lo que ha sucedido para el lote 2 aunque después haya sido excluido por un defecto de forma, cualquier oferta es válida sin presunción de temeridad, siempre y cuando no se incumplan las clausulas sociales, medioambientales, etc., porque la media de una única oferta es su propio valor que, lógicamente, nunca estará el 5% por debajo de sí misma.

Si concurren 2 licitadores, que es el caso para el lote 1, la diferencia entre en el precio de los licitadores no puede ser superior al 10%.

Las ofertas admitidas son aquellas que no han sido rechazadas, por un defecto de forma por ejemplo, ni excluida, por ejemplo por no ajustarse a los requisitos de rendimiento, así que entiendo que todas las ofertas presentes en la apertura de la oferta económica son ofertas admitidas y, por tanto, las ofertas económicas por debajo del 5% de la media son anormalmente bajas y los licitadores deberán demostrar que puede ejecutar el contrato si quieren continuar en la licitación. No sé si a partir de aquí entramos en un bucle como el del artículo 85 del Reglamento, pero, en cualquier caso, un 5% por debajo de la media es un margen demasiado estrecho que puede dar lugar, al aplicar la fórmula de la puntuación de la oferta económica, a que se estén repartiendo 70 puntos, en realidad bastantes menos, entre ofertas muy próximas entre ellas, como ahora veremos.

Respecto a cómo formular las condiciones de temeridad os he dejado en el debate ¿Es necesario, cuando existe una pluralidad de criterios de adjudicación, establecer siempre el umbral de la baja temeraria en el PCAP? el documento LA TEMERIDAD Y LAS OFERTAS BUENAS, BONITAS Y BARATAS”, que he corregido y ampliado y que se publicará en el OBCP en breve, que aclara estas cosas.

Veamos la fórmula.

Voy a usar los mismos datos del ejemplo que usa el TACPCM en su resolución para que el análisis sea equivalente, aunque la conclusión sea diametralmente opuesta.

La tabla siguiente muestra los resultados para distintas raíces, desde la 1 (lineal) hasta la sexta.


El efecto de elevar la raíz es conseguir que con sólo un descuento del 2,78% respecto del PBL, la puntuación pase de 0 (raíz 1, lineal) a más de 50% (raíz sexta), así que la puntuación de partida va a ser 50 puntos ya que habría que ser muy tonto para no rebajar un 2,78% el PBL.

Si a esto le sumamos el descarte por la temeridad de ciertas ofertas, y no entramos en un bucle infinito con esto, resulta que una vez normalizadas las puntuaciones, el resultado final es que de los 70 puntos que había disponibles, en realidad sólo están en disputa menos de 15, los que van desde 55,56 hasta 70,00. Además, el resultado final es tal que se desvía muy poco de la linea recta.

La pregunta que a mi juicio debería haberse hecho el TACPCM es ¿qué pretendía el órgano de contratación con esta fórmula, si es que pretendía algo?

No sé si sois conscientes de los ríos de tintas y esfuerzo gastado tanto por los órganos de contratación, que proponen fórmulas que ni siquiera se molestan en justificar mínimamente, como por los TARC dictando resoluciones en un sentido y en el contrario.

Os he propuesto una fórmula que no es arbitraria porque se puede demostrar, que no tiene los inconvenientes del informe que nos ha dejado Guillermo, que no fija un umbral de saciedad sino un límite de anormalidad que no excluye, a priori, a ningún licitador y que, además, cuando un licitador pasa el procedimiento de anormalidad, la fórmula se corrige fijando el nuevo límite de anormalidad con el valor de la oferta anormal válida más bajo para evitar que dos ofertas tengan la misma puntuación para distinto importe. Lo único que no os gusta es que el límite de anormalidad lo calcule a partir del convenio colectivo, pero esto siempre será mejor que hacerlo a ojo de buen cubero.

Saludos

Comparto contigo Manuel la critica a ese incomprensible ATAC de Madrid que admite una fórmula que engaña al sistema legal, al dar la apariencia de repartir 70 puntos de forma matemática pero que en realidad solo reparte 15, con lo que en la práctica el peso lo tendrán los criterios no matemáticos sin que se haya constituido un comite de expertos, como ha exigido al menos en dos resoluciones de 2016 el TACRC. El mismo efecto se consigue elevando la fórmula básica a un exponete quebrado, seguro que tu Manuel nos puedes explicar igual de bien que este comentario el funcionamiento de estas fórmulas a los legos en matemáticas.

Respecto de la que tu propones, muy precisa, solo tiene esa pega de chocar con la exigencia legal y que enfatizan los tribunales: que la desproporción de las ofertas, si son mas de dos, ha de estimarse de manera comparatuva entre ellas... Por cierto, que la comento en un libro que saldrá en abril sobre la Gestion de Los Servicios Públicos locales en el nuevo escenario normativo.

Buen fin de semana

Buenas tardes a todos:

José Manuel, la fórmula analizada arriba ya es la fórmula básica elevada a un quebrado, es este caso 1/6, solo que escrita de otra manera: es lo mismo decir la raíz sexta de x que x elevado a un sexto. Por supuesto, se pueden dar quebrados en los que el numerador no sea 1, no sé si es a esto a lo que te refieres; por ejemplo, x elevado a dos tercios (2/3) es lo mismo que la raíz cúbica de x al cuadrado y x elevado a tres medios (3/2) es la raíz cuadrada de x elevado al cubo.

Mi fórmula no es incompatible con formular la desproporción entre ofertas teniendo en cuenta todas ellas.

Siempre es posible incluir más de una condición para determinar si una oferta es anormal. Una de esas condiciones puede ser que no sea inferior a un porcentaje de la media y otra, que no sea inferior a un porcentaje del PBL; así está redactado el art. 85.3 del Reglamento y mi fórmula no es incompatible con este enunciado, pero lo que no se debería hacer es fijar condiciones de anormalidad distintas en función de cuantos licitadores concurran. El valor de la oferta es intrínseco a ella misma: gana quien tiene que ganar porque es mejor oferta, pero ni debemos desvirtuar el valor de las ofertas, como se hace en el caso de la fórmula que estamos comentando, ni expulsarlas del concurso con condiciones arbitrarias.

Ya he dicho anteriormente que la ley nos debe proteger de nosotros mismos, de nuestro deseo de manipular el resultado del concurso alterando el valor de las ofertas como sucede con la fórmula que hemos analizando; por eso la fórmula debe ser única. Sé que esto contradice la “doctrina” al respecto de que el órgano de contratación debe tener libertad para fijar los criterios de adjudicación, entre ellos el precio, pero ya veis a donde nos lleva esto.

Pero no basta con que todos los licitadores conozcan las reglas, hace falta, además, que todos los licitadores puedan deducir el valor de su oferta con independencia del valor de las demás, cosa que no puede hacer con reglas como las del art. 85 del Reglamento. En eso consiste, creo yo, la transparencia.

Además, la ley también tiene que protegernos de las malas prácticas de las empresas como, por ejemplo, el que pacten los precios.

Tengo la impresión de que los tribunales resuelven como lo hacen porque por nuestra parte no hacemos bien el trabajo de campo para estimar los límites entre os que debe discurrir el concurso y, por tanto, para atajar esta falta de precisión, por decirlo de alguna manera, parece que lo mejor es que sean los propios licitadores los que nos digan cuánto cuestan las cosas; de ahí que usemos sus propios precios, que pueden haber pactado, para determinar el valor de las cosas que contratamos y, ya de paso, los límites de la anormalidad, pero no debería ser así.

Si dejamos que el límite de anormalidad lo determinen exclusivamente algunos licitadores, podemos estar sembrando dudas sobre otros licitadores que han presentado una oferta que a nosotros mismos nos parece adecuada. Imaginaos que las empresas más poderosas pactan precios por encima del mercado. En ese caso, una empresa que pueda ofrecer precios más baratos tendría que someterse al procedimiento de anormalidad simplemente porque no ha tomado parte en el pacto de precios.

Voy a admitir, no obstante, que debo formular la anormalidad con referencia al conjunto de todas las ofertas porque, aunque no me guste, eso es lo que dicta la “doctrina”. ¿Cómo lo hago para evitar, en lo posible, que las empresas o nosotros mismos podamos manipular el resultado?

El que nosotros podamos manipular el resultado se evita, en gran medida, con una fórmula única para todo el mundo, como ya he comentado. Así, si se usa mi fórmula, la única manipulación posible es la determinación de los límites entre los que deben estar los precios de las ofertas.

Evitar, en cierta medida, que las empresas nos impongan precios pactados se puede conseguir como explico a continuación.

Mirad el siguiente ejemplo.

C y L son el coste mínimo y el presupuesto base de licitación, respectivamente. En mi fórmula K=C/L.

CASO 1. Imaginaos que las algunas empresas pactan precios altos. Si la condición de temeridad es unicamente que las ofertas con precios inferiores al 10% la media son anormales, la Oferta 7 es sospechosa de ser temeraria; no es que quede excluida, pero tendrá que superar el procedimiento de anormalidad. Si nosotros hemos estimado que una oferta es anormal si el precio es inferior a 75, la única sospechosa de anormal es la Oferta 10, pero no la 7.

CASO 2. En este caso, la media menos el 10% de ésta es inferior a nuestra estimación (73,80 frente a 75), y lo lógico es considerar que en este caso la Oferta 6 no es temeraria, aunque sí lo sería si la condición fuera que es anormal cualquier precio por debajo de 75.

¿Cómo debo formular las condiciones de anormalidad para que estén contempladas ambos casos? Así:

Si la media de los precios de las ofertas menos el 10% de la misma es superior al 75% del PBL, una oferta es anormal si el precio es inferior al 75% del PBL y

Si la media de los precios de las ofertas menos el 10% de la misma es inferior al 75% del PBL, una oferta es anormal si el precio es inferior a la media de los precios de las ofertas menos el 10% de la misma.

De este modo, tomamos más en consideración los precios de los licitadores cuando son ventajosos para la Administración, precios bajos, pero menos cuando nos perjudican.

Evidentemente, como ya he explicado antes, en el CASO 2 el valor de C en mi fórmula debe ser 73,80 y no 75, siempre y cuando haya una oferta que supere el procedimiento de anormalidad y su precio esté por debajo de 75.

Si todo esto no os convence, aún tengo un as en la manga, pero antes me gustaría saber qué opináis.

Saludos.

Buenos días: 

El penúltimo párrafo no es correcto. Debe decir lo siguiente:

Evidentemente, como ya he explicado antes, en el CASO 2 el valor de C en mi fórmula debe ser el precio de la oferta más baja y no 75, siempre y cuando dicha oferta haya superado el procedimiento de anormalidad y su precio esté por debajo de 75.

Saludos

Hola otra vez:

Me he dado cuenta que en el ejemplo anterior me complico la vida al formular las condiciones de temeridad. Lo que quería expresar es que si la media está por encima del 75% del PBL, prevalece el límite del 75% del PBL, pero si está por debajo, el límite que prevalece es el de la media. Es este caso, incluir el 10% por debajo de la media podría ser necesario si es eso lo que queremos expresar, pero para el propósito de mostraos cómo formular las condiciones de anormalidad, no hace más que enmarañar lo que quiero decir.

Así que ahí tenéis las condiciones de anormalidad expresadas de un modo más sencillo:

Una oferta es anormal

  • si el precio es inferior al 75% del PBL cuando la media de los precios de las ofertas es mayor al 75% del PB

o  

  • si el precio es menor o igual a la media de los precios de las ofertas cuando la media de los precios de las ofertas es menor o igual al 75% del PBL.

En terminología matemática sería:

Saludos

Buenos días Juan Carlos y a los demás también, por supuesto.

Empiezo por el final de tu post. El verano, con mucho trabajo acabando los pliegos que han motivado los artículos que he publicado y en el que he volcado todas estas ideas y muchas más como, por ejemplo, técnicas de decisión multicriterio para determinar el mejor equipo de trabajo. El concurso se ha retrasado más de lo previsto, pero ya está todo en manos de la dirección y del gabinete jurídico. Hoy es mi último día de trabajo y no volveré hasta la segunda semana de octubre.

A estas alturas no esperaba que te siguieses acordando de mi fórmula y menos aún que este pronunciamiento del TACRC te hiciese acordarte de ella.

En realidad, yo nunca he afirmado que el coste, C en mi fórmula, sea un umbral de saciedad sino el límite de la oferta temeraria, que no es lo mismo. Si una oferta es sospechosa de ser temeraria, pero sin embargo supera el procedimiento para determinar la anormalidad, el valor de C pasa a ser el valor de dicha oferta. Luego C no se está limitando la puntuación que una oferta puede alcanzar y, por tanto, no es un umbral de saciedad para el precio.

Como también he explicado, cuando sea posible estimar C a partir del convenio colectivo del sector, como es el caso de la contratación de servicios en el ámbito de las Tecnologías de la Información, dicho valor debe ser considerado como límite de anormalidad porque el artículo 149.4 de la LCSP dice textualmente

“En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201”.

El artículo 201 se refiere a las medidas a tomar para garantizar que se cumple, en este caso, el convenio colectivo.

En cualquier caso, tengo que admitir que no siempre es posible determinar ese mínimo y, por eso, he publicado una Adenda a "estandarización de la evaluación de la oferta económica" donde dejo abierta la puerta a que el límite de temeridad, el valor de C, se determine en función de todas las ofertas y, además, he publicado otro artículo titulado La temeridad y las ofertas buenas, bonitas y baratas donde pongo de manifiesto que el enunciado de las condiciones de temeridad se está haciendo mal e indico cómo hacerlo; incluso pongo un ejemplo de como combinar las condiciones de temeridad para el precio y la calidad en una única ecuación.

Lo que tengo claro es no se puede otorgar la máxima puntuación a la oferta más barata porque eso puede transformar una diferencia ridícula en el precio en diferencias enormes en la puntuación, además de transmitir la idea equivocada de que una oferta es muy buena por haber alcanzado la máxima puntuación cuando en realidad podría tratarse de una pésima oferta.

Imaginad que el precio pesa el 30% de un concurso. Una oferta es el 99% del presupuesto base de licitación (descuento del 1% sobre el PBL) mientras que otra es el 100% del PBL (sin descuento). Sea cual sea la fórmula que se emplee, siempre que se otorgue la máxima puntuación a la oferta más barata, la primera oferta obtendrá 30 puntos y la segunda 0 puntos. Así que una diferencia en el precio del 1% se transforma en una diferencia de 30 puntos y, además, nos hace creer que la oferta que obtiene 30 puntos es una buena oferta cuando en realidad el descuento sobre el PBL es ridículo. Si a esto le sumamos que los licitadores pueden pactar los precios, tenemos un problema por el simple hecho de no haber definido el límite inferior.

Por tanto, la fórmula del precio no puede depender directamente de la oferta más barata. 

Leyendo esta resolución me pregunto qué es lo que puede motivar el establecimiento de un umbral de saciedad en el precio si no es la sospecha, espero que basado en un análisis de los precios de mercado del sector al que se dirige el concurso, de que un precio menor no garantiza la buena ejecución del contrato. Y puesto que ningún licitador va a hacer una oferta por debajo del umbral de saciedad porque sería tonto si lo hiciera, ¿no es esto lo mismo que fijar un límite de temeridad para el precio que, además, se podrá combinar con otras condiciones de temeridad para algunos o todos los demás criterios?

Pues resulta que no. A la temeridad en este concurso se le aplica el reglamento considerando solo el precio, cosa que al tribunal no parece importarle. De hecho, el tribunal desvincula la anormalidad de la imposición de umbral de saciedad para el precio, lo que carece, desde mi punto de vista, de toda lógica. Desde mi punto vista, el umbral de saciedad debe ser el límite de anormalidad con la salvedad que apuntado antes, de que es posible superar el procedimiento de anormalidad lo que obligaría a fijar un nuevo valor de C.

Si se os ocurre otras razones para imponer un umbral de saciedad en el precio que no sea porque el órgano de contratación piensa que por debajo de determinado precio peligra la ejecución del contrato, por favor, decídmelo, porque yo no acabo de ver otras razones.

Me alegro de ser solo alguien que “pasaba por allí”, aunque el paso haya sido de más de un año, y no tenerme que dedicar profesionalmente a la contratación pública porque creo que no podría sobrevivir a tantas contradicciones. ¡Sois unos héroes!

Saludos y qué tengáis un buen fin de semana.

Manuel

Manuel muchas gracias por participar, compartir y esforzarte en abrir nuevas vías y explorarlas. Salir del sota, caballo y rey cuesta mucho al gestor. Un pequeño cambio es rechazado. Un cambio de calado.

La inseguridad jurídica en la que se encuentra el gestor es altísima.  La descoordinación entre tribunales, como de Juntas, es la norma general.

Me quedo con eso que comentas de un análisis de los precios de mercado del sector al que se dirige el concurso.

La fase de preparación de una licitación es clave, el conocimiento del mercado, ...

Buenas vacaciones.

Menudas vacaciones, Manuel, un mes y medio!! que disfrutes...

En relación con el tema, sin entrar en profundidades, con los TARC cambiando de criterio, en especial el central, ya nunca sabes como va a salir posible recurso... en todo caso, con los miles de contratos que llevo a la espalda, cada vez tengo más claro que perdemos demasiado tiempo en los criterios de valoración y en las mesas que de los se derivan, en lugar de hacerlo en lo importante: la preparación del contrato y el control de la ejecución. De poco sirven las fórmulas y los criterios cualitativos si no se ejecuta bien lo contratado o no sirve efectivamente para cubrir la necesidad de que se trata. Un ejemplo bien elocuente son las obras del AVE Madrid-Barcelona-Francia: múltiples criterios de adjudicación; una fórmula de valoración compleja (anulada luego por el TACRC), 44 modificados declarados todos ilegales por el TJUE; retraso en la ejecución y sobrecostes... y el túnel de Girona inundando cuando llovía un poco más de la cuenta. Y lanzo una pregunta al aire ¿Cuántos expedientes de penalización habéis iniciado por incumplimiento de algún aspecto de la oferta técnica?. Creo que en la mayoría de los contratos, el plan social, las medidas ambientales, hasta el proyecto constructivo o de prestación del servicio, se quedan en un cajón y nadie se vuelve a acordar de ellos, a veces ni de los propios pliegos una vez firmado el contrato...

Buen fin de semana

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