Es un tema muy discutido.

Me ha llegado noticia de esta publicación de Manuel Narbona Sarria en el OBCP que se titula Estandarización de la evaluación de la oferta económicaSegún cuenta:

"Para la empresa el esfuerzo se mide como reducción del beneficio y se puede demostrar que existe una fórmula única y correcta que da la puntuación que le corresponde a una empresa en función del descuento que ofrece sobre el PBL y de los precios máximo (PBL) y mínimo (límite de la oferta temeraria) que debe fijar la Administración. Dicha fórmula, cuya demostración se expone en este trabajo, es

P=[K/(1-K)]* [DO/(1-DO)]

donde

  • K=C/L, siendo
    • C es precio mínimo de licitación (límite de la oferta temeraria),
    •  L en presupuesto base de licitación,
  • DO el descuento sobre el PBL y,
  • P la puntuación".

Qué pensáis.

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Respuestas a esta discusión

Hola otra vez:

Juan Carlos no sé si te has dado cuenta de que acabas de abrir otra brecha de confianza en los procedimientos que empleamos en la contratación pública, en concreto en el procedimiento para determinar la baja temeraria.

Tu interpretación del artículo 149 “es que el órgano de contratación puede establecer un procedimiento o metodología, más que una cifra de umbral a priori, para determinar o apreciar las ofertas anormalmente bajas”, pero ¿cómo podemos estar seguro de que el procedimiento que se defina es correcto si no tienes ningún elemento, como podría ser el valor de C, con qué verificarlo?

El último procedimiento para determinar la baja temeraria que he leído decía que “se consideran desproporcionadas aquellas bajas que excedan a la media de bajas ofertadas más de un 10%”. ¿Por qué un 10% y no un 15 o un 20%? Y si resulta que el 10% está un 5% por debajo del límite que marca el convenio colectivo, ¿damos por buenas las ofertas entre el 5% y el 10% sin ni siquiera aplicarles el procedimiento para verificar que pueden ejecutar el contrato?

Ya os he demostrado cómo la elección de la fórmula puede alterar la puntuación otorgada al criterio precio y ahora pongo en duda que sea buena idea que el órgano de contratación pueda “inventarse” un procedimiento para determinar la baja temeraria.

Si os soy sincero, prefiero que sea obligatorio la aplicación del art. 85 y la aplicación de una fórmula cualquiera para la evaluación de precio, aunque ni uno ni otra me gusten lo más mínimo porque ni pueden demostrarse ni responden a una lógica común y, por tanto, pueden ser elegidos, en el peor de los casos, para influir en el resultado del concurso y, en el mejor, pueden producir efectos indeseados sin que nos demos cuenta.

Me lo habéis puesto muy difícil, y os lo agradezco, con el encaje legal de un asunto técnico como es la fórmula para la evaluación del precio y ahora yo os pregunto si preferís que los órganos de contratación se sigan inventando fórmulas para evaluar la oferta económica y procedimientos para determinar el límite de temeridad o si, por el contrario, preferís definir y aplicar reglas y procedimientos que se puedan verificar.

Saludos

Para no perdernos voy a recapitular y, por favor, me corregís en lo que me equivoque.

Estamos debatiendo largamente la bondad de una fórmula que sea definitiva mediante la que se valore, de forma objetiva, el elemento del precio ofrecido en las licitaciones, ya venga éste como un solo criterio de adjudicación o en compañía de otros.

Para esta finalidad Manuel nos propone una fórmula de valoración de las ofertas que, además de otras variables, contiene una necesaria y que es el "parámetro" o "dato" con el que se identifican las ofertas desproporcionadas. Dicho "umbral", cuyo valor tomará la variable de la fórmula de Manuel, es el del "parámetro" que se establezca a priori por el órgano de contratación en el PCAP, de tal manera que le permitirá "identificar las ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad". Además, dicho "parametro" o "dato" debe ser OBJETIVO para no crear situaciones en las que se discriminen injustamente las ofertas.

Hemos llegado al punto de discutir (nos hemos atascado) acerca de cuál debería ser ese parámetro objetivo que establezca el umbral para la presunción de anormalidad.

Esos "parámetros" (el "umbral") los puede establecer el órgano de contratación en el PCAP, pero si no lo hiciera, entonces se debe utilizar la metodología que en el artículo 85 del RGLCAP se describe "para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias".  Y digo METODOLOGÍA con toda la intención, porque un "parámetro" se identifica con un "valor númerico", y lo que se cuenta en el artículo 85 del RGLCSP es un método para obtener un valor numérico (aplicar el 25% al presupuesto base de licitación cuando solo concurra un solo contratista). Por ejemplo, si el PBL = 100, la metodología de cálculo establecida es la siguiente:

100 x (1 – 0,25) = 75, siendo este el valor numérico del "parámetro".

Las operaciones realizadas no son más que metodología para obtener el valor buscado. Basado en esto es por lo que he preguntado: ¿podría describirse en el PCAP una metodología de cálculo para obtener el “parámetro” que se utilice como “umbral” de apreciación de la presunción de anormalidad referida, o que tuvieran en cuenta, las circunstancias concretas de cada licitador?

Porque ahora voy a la segunda parte, fijado a priori en el pliego el “parámetro” o utilizado el procedimiento del artículo 85 del RGLCSP, la apreciación de anormalidad no es automática, sino que cuando se “hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos”.

Esto nos lleva a que la variable C de tu fórmula, Manuel, es que es precio mínimo de licitación (límite de la oferta temeraria), sería “movible”, no es fijo, porque depende de las circunstancias que pueda alegar cada licitador (diría yo que es propia y singular de cada licitador).

Por otra parte, el licitador que incurre en presunción de temeridad, para desmontarla, puede hacer alegaciones en torno a justificaciones tales como: ahorros que obtenga en su procedimiento de fabricación, soluciones técnicas innovadoras y ventajas competitivas que tenga, o posibles subvenciones conseguidas. Sin embargo, desde mi punto de vista, las verdaderas razones por la que un licitador puede ofrecer precios más bajos que los de sus competidores se encuentran en los siguientes artículos que escribí en ObCP y en mi blog

En definitiva: a) me generan dudas los “parámetros objetivos” establecidos a priori (el primer problema es que sean realmente objetivos, no discriminatorios, y de aplicación general); b) mi propuesta es la de describir una metodología en los pliegos –que sea de general aceptación– que permita determinar el umbral para apreciar la presunción de anormalidad de cada licitador individualmente (todavía no he tenido respuesta a este respecto, aunque, como ya dije en otra ocasión, participé en la descripción de una metodología de estas características en unos pliegos); y, c) en mi opinión, el parámetro o umbral de la temeridad de la oferta es propio de cada empresa y depende del nivel de empleo su capacidad de producción y de su estructura de costes.

No sé si con esto estoy "abriendo una brecha" en el artículo 149, solo pretendo hacer unas reflexiones. Ya veremos en qué acaban.

Por todo lo que he razonado, en mi opinión, en problema de tu fórmula, Manuel, ahora se centra en el punto más oscuro que veo:  el del establecimiento del valor de la variable C, que pienso que no puede ser fijo para todos los licitadores y que presenta problemas en cuanto a su adecuada determinación objetiva.

Pero, ..., ¿De dónde se han sacado los porcentajes establecidos en el artículo 85 del RGLCAP? ¿y yo qué sé?, para mí son un misterio. Sinceramente, a mí tampoco me valen, pero es lo que hay.

Juan Carlos muchas gracias por tus observaciones, pero todo es, creo yo, mucho más sencillo.

He leído con atención tu artículo y me parece una propuesta brillante, pero difícil de implementar, aunque se podría comenzar por algunos tipos de contratos y, por supuesto, automatizar todo el análisis, porque si no la dotación de personal especializado en los órganos de contratación sería inasumible. Estoy pensando en todos los concursos que, por ejemplo una Consejería como la mía (Hacienda Y Administración Pública), lanza al cabo de un año y lo que significaría tener personal especializado para analizar las cuentas de todos y cada uno de los licitadores que se presentan a todos los concursos públicos. Por poner un ejemplo, el gabinete jurídico de mi Consejería tarda entre 2 y 3 meses en responder a la revisión de los pliegos y, si además, te dicen que tienes que corregir cosas y que hay que volverlos a revisar el proceso se alarga una eternidad. Mi previsión para el pliego que estoy preparando es tenerlo entregado para la revisión a finales de marzo para comenzar su ejecución el 2020. Si a esto le sumo los cambios que se avecinan, cualquier previsión es, con toda seguridad, errónea.

Te contesto a tus observaciones.

Evidentemente, cada licitador tendrá costes e ingresos que poco o nada tendrán que ver con los de otros licitadores, pero eso no importa porque de lo que se trata es de establecer el coste mínimo, y común, en que pueden incurrir todos los licitadores. Esto, en los contratos de servicios que tienen que ejecutar personas en un sector de mercado regulado por un convenio colectivo, es fácil de establecer.

Se puedan producir situaciones como las que comentas o como la que yo comentaba de que la actividad esté subvencionada, pero eso sólo supone que en esos casos excepcionales habrá que igualar C al ese valor mínimo, como explicaba antes.

No estoy diciendo que el límite de la baja temeraria tenga que ser C, sino que, en mi opinión, tendría que serlo. Pero si no se quiere que C sea el límite de la baja temeraria, pues que no se lo sea y defínase el procedimiento para el límite de la baja temeraria o aplíquese el art. 85 del RGLCSP, como ya he comentado, pero con casi toda seguridad el valor que se obtenga al aplicar el procedimiento que se haya definido para el límite de la baja temeraria será mayor que el valor C calculado como el coste mínimo derivado del convenio colectivo. Y si no es así, ya he explicado como hay que proceder.

La gracia de la fórmula es que no es una fórmula inventada, una más, sino que se puede demostrar y que una vez establecido C, la fórmula es absolutamente transparente y los licitadores pueden autoevaluarse.

Insisto en que no es necesario, si no se quiere, imponer un límite a priori para determinar la baja temeraria, pero hay que tener cuidado con el procedimiento que se usa para estimar la baja temeraria.

Una observación sobre el procedimiento parta definir la baja temeraria. Confiamos demasiado en la estadística en situaciones en las que la estadística no es nada fiable. Me refiero a definir la baja temeraria, por ejemplo, como la media de las ofertas recibidas menos un cierto porcentaje. Cuando el número de ocurrencias, licitadores, es pequeño (5 o 6 licitadores), que es lo habitual en los concursos públicos, la media del precio de las ofertas es un valor que puede oscilar considerablemente y si a eso le sumamos que los licitadores pueden tirar los precios por las razones que expones en tu artículo, el valor así calculado no sirve de nada.

Saludos

Hola de nuevo amigos, veo que el debate sobre el tema se reduce a vosotros dos, muestra de esto de las fórmulas nos supera en genral a los juristas...
Mis.disculpas de antemano por los errores de escritura, estoy con el móvil en el tren..
Voy a incidir en cuestiones que ya he apuntado, no sin antes hacer una reflexion general sobre la fase de adjudicación de los contratos, en mi opinión, la menos importante de las tres, como dice el informe de la OCDE de 2007 sobre la corrupción, simplemente la punta del iceberg... Si todo el tiempo que nos pasamos en todos los poderes adjudicadores discutiendo sobre este tema, lo dedicasemos a preparar y supervisar mejor los documentos preparatorios de los contratos, proyectos, memoria, ppt... y a controlar de verdad la ejecucion, la adjudicación seria lo de menos. Y la adjudicacion seria muy sencilla: precio y plazo de garantía....

Prerender que con la adjudicacion en base a criterios tecnicos, a ofertas realistas, o incluso sin tener en cuenta el precio (aunque la LCSP valorar siempre los costes), es engañarnos. Un ejemplo bien elocuente son las obras del AVE Mdrid- Barcelona-Francia: adjudicados todos los tramos con un peso determinante de los criterios técnicos, gracias, entre otras cosas, a una fórmula de valpracion que anuló el TACRC en 2016. La obra fue objeto de 44 modificaciones, todas anuladas ejecutadas para mejorar el proyecto y anuladas por el TJUE en 2013. Y el tinel de Girona se inunda cada vez que llueve un poco mas de lo habitual...

En cuanto a las formulas de valiravion dos cosas generales de nuevo:
- han de figurar en el PCAP y no en el PPT, como dejan claro varips articulos de la LCSP y de manera contundente el 68.3 del RGLCAP., y asi lo han recordado reiteradamente los TACR. Si van en ese pliego y los han de informar los servicios juridicos, no deberia ningún letrado poner fórmula que un letrado no entiende...
- los principios de claridad y agilizacion de trámites sin exigencias legales y jurisprudenciales reiteradas. Formulas que no esten alcance comprensivo de cualquier licitador sin conocimientos matematicos excesivos o que su aplicación retrasa la adjudicación, entiendo que deben ser descartadas.

Finalmente, en cuanto a la temeridad, lo ideal puede ser una cosa, pero lo que hay que aplicar es lo que dice la Directiva, la Ley y el Reglamento, todo ello ya bien interpretado por los Tribunales, en especial.por el TJUE.
La Ley no permite aceptar ofertas desproporcionadas que se hagan a costa de no respetar el convenio colectico sectorial aplicable, la normativa medioambiental,... pero es que se puede respetar y hacer una oferta temerario y tener la obligación de adjudicar al contratista incurso si demuestra que su baja no se hace a costa dr los trabajadores o del medioambiente. Es reiterada la doctrina de los tribunales obligando a aceptar ofertas a perdidas, relizadas en el ambito de libertfad de competencia y organizacion empresarial, siempre que no vulneren la legislacion de competencia desleal

En este escenario, nos parece mucho mas que cuestionable cualquier palteamiento de baliracion de ofertas que trate de evitar o expulsar las ofertas anormales o desproporcionadas...

Un saludo

Buenos dias José Manuel:

Parece que nos estás diciendo, corrígeme si me equivoco, que por el hecho de que los letrados no sepan matemáticas debemos hacer las cosas mal. Si un letrado no sabe matemáticas lo que debe hacer, y lo digo con todo el respeto, es asesorarse cuando tiene que tomar decisiones sobre aspectos técnicos que no entiende. Es lo que hago yo, y vosotros me habéis dado una buena lección al respecto tanto en derecho como en economía, cuando me he metido en camisa de once varas. Esto me ha obligado a estudiar y a pensar y repensar mis respuestas.

Os recuerdo que el origen de la formula está en una interpretación incorrecta de los tribunales cuando sentenciaron el mantra de que "a doble esfuerzo, doble puntuación", sin entender a qué se estaban refiriendo con "esfuerzo".

La ley y el reglamento tienen mucho que mejorar en los aspectos más técnicos. No deberíamos quedarnos tranquilos sabiendo que un TARC dice una cosa y el de al lado dice lo contrario, y siendo conscientes de que artículos como el 85 del reglamento son más que discutibles.

Si mi gabinete jurídico no entiende la fórmula que le propongo pues tendré que explicársela una y mil veces hasta que la entienda, porque estoy seguro de que si no entiende mi fórmula, tampoco entiende ninguna otra, aunque la fuerza de la costumbre le haga creer que sí. Respecto a los licitadores, si son capaces de preparar la oferta económica es que tienen algún contable en plantilla, y si no, que se busquen asesoramiento.

Dicho esto, creo que el planteamiento de Juan Carlos y el mío son compatibles porque tanto Juan Carlos como yo estamos haciendo lo mismo: analizar la oferta desde el lado del licitador. Estoy convencido que Juan Carlos encontrará entre los parámetros financieros de la contabilidad de las empresas alguna fórmula que represente a C y que se podrá interpretar como los costes reales o algo así.

La fórmula no excluye ninguna oferta de antemano. Fijar C a partir de del convenio colectivo, como propongo, no implica excluir ninguna oferta. Lo que si va a suceder, y eso hay que explicarlo en el PCAP, es que si una oferta es menor que C, la fórmula produce un valor mayor que los puntos asignados al criterio precio. En ese caso, lo que está diciendo la fórmula es que es posible que esa oferta esté incumpliendo el convenio colectivo y se ha de advertir a los licitadores que cuando en su autoevaluación obtengan un valor mayor que el máximo del criterio, dicha oferta tendrá que pasar por el procedimiento para determinar si es temeraria. De todos modos, la ley nos dice que el órgano de contratación podrá expulsar del concurso a un licitador que incurra en baja temeraria por incumplir el convenio colectivo y, por tanto, tenemos la obligación legal, sí o sí, de estimar el valor de C.

Creo que existe demasiado dogmatismo en este tema. Os pongo un ejemplo que ampliaré en el otro tema de discusión que he propuesto.

Yo preguntaba si para determinar la baja temeraria cuando existen otros criterios de evaluación además del precio, era suficiente con entender que el precio representa a la oferta considerada en su conjunto. Mi opinión es que sí, que basta con el precio, pero inmediatamente las respuestas de los que han participado en la discusión es que hay que emplear todos los criterios para definir la oferta temeraria porque es lo que dice la ley. Si leéis con atención, la ley no dice eso.

Saludos

Buenas tardes:

Tenía la sensación de que tanto este debate como el de ¿Estamos usando los criterios para la evaluación de las ofertas cor... se habían cerrado en falso, y no pensaba aportar nada más, pero he visto este otro debate Oferta anormalmente baja en un procedimiento abierto SARA con dos o... y he pensado aportar una nueva perspectiva tanto del uso de mi fórmula para evaluar la oferta económica como de la determinación de la oferta temeraria. Ahí va, a ver si esta vez concito más consenso.

La fórmula para determinar la puntuación, P

Esta es, como sabéis, mi fórmula. Se puede demostrar que puesto que el precio es la suma del coste más el beneficio, la puntuación será

Existen fórmulas para todos los gustos. La última que he visto en el informe La relación calidad-precio en el sector TI y consultoría, al amparo....

En las páginas 25 y 26 propone una fórmula con dos tramos lineales que dice que es usada por diversos organismos de las administraciones públicas. No voy a analizar la fórmula, sólo me interesa que os percatéis de algo que sucede con todas las fórmulas: cada cual define la suya, la justifica como puede, si es que la justifica, pero nadie demuestra nada. Además, se introducen factores de ajuste de cualquier manera; en esta fórmula hay uno o dos factores dependiendo de si la oferta es menor o mayor que un descuento de referencia que no se indica cómo estimar.

Lo que quiero decir con esto es que si adornamos un poco mi fórmula, sin perder su esencia, nadie se opondría a ella. Vamos a ello.

  1. Determinemos por el método que sea (a ojo de buen cubero; por un estudio exhaustivo del mercado; o, como propongo yo, a partir del convenio colectivo del sector) el valor de C. Supongamos que el resultado es que C es el 75% de L (el presupuesto base de licitación).

  2. Si C=75% de L, entonces K=C/L=0,75

  3. Así K/(1-K)=0,75/(1-0,75)=0,75/0,25=3

  4. La fórmula, por tanto, queda así

Visto lo visto, si se añade a esta fórmula alguna justificación convincente, incluso sin ella, seguro que no llama la atención de ningún TARC.

Las condiciones de baja temeraria

En la determinación de las ofertas temerarias, yo haría dos cosas.

La primera, detallar en el pliego las condiciones de temeridad de modo que se evite aplicar por defecto el articulo 185 del RGLCSP.

La razón para evitar el art. 85 es su arbitrariedad. Ya he comentado anteriormente que no me parece razonable que la determinación de la temeridad esté sujeta a un procedimiento que, dependiendo del número de ofertas, puede producir resultados contradictorios como que una oferta sea considerada temeraria, y que tenga que someterse al procedimiento establecido para determinar si es una oferta viable, o que esa misma oferta ni siquiera sea sospechosa de ser temeraria.

Ahí tenéis un ejemplo de cómo una oferta, la número 7, que es claramente sospechosa de ser temeraria porque supone una bajada de 51% del PBL, no sería considerada como tal en el caso de aplicar el art. 85 si se da la circunstancia de que haya 2 licitadores o, como en este ejemplo, 7.

Los números de este ejemplo son aleatorios pero nada impide que se puedan producir situaciones parecidas en un concurso real. De hecho, si yo fuera un licitador con la determinación de ganar un concurso no tendría ningún escrúpulo en acordar con otros 2 o 3 licitadores de relleno precios muy bajos, pero mayores que el mío, de modo que la media de los precios de las ofertas sea tan baja que aleje de mí la sospecha de temeridad.

La segunda cosa que yo haría sería evitar lo que los psicólogos llaman el sesgo de autoridad: no creerme nada que no pueda verificar por mi mismo o que pueda ser verificado por alguien de mi absoluta confianza. Me estoy refiriendo a usar como criterios de temeridad modelos que no hayamos verificados sólo por el hecho de que hayan sido definidos por personas a las que no conocemos, pero que por su estatus consideramos solventes, como es el caso del modelo del Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística de la Universidad de Girona que usa Jorge Pérez y que, como demostré en ¿Estamos usando los criterios para la evaluación ... es incorrecto.

Pero como no quiero pecar de sabiondo porque uno acaba adquiriendo mala fama, voy a proponeros un modo de fijar las condiciones de temeridad, que en su formulación se parece al art. 85.3 pero sin la dependencia del número de licitadores, y que, por supuesto, no tenéis que creeros sin que lo hayáis verificado por vosotros mismo o por alguien de vuestra confianza.

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

  • Las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

  • En cualquier caso, se considerará desproporcionada la ofertas inferiores C, donde C es el límite de la oferta temeraria que ya habíais estimado para la fórmula.

Así pues, el límite de temeridad es una función de todas las ofertas y si el art. 85.3 es válido también tiene que serlo la formulación de la temeridad que os he propuesto.

Espero que toda esta disquisición os haya sido útil aunque sigáis sin estar de acuerdo conmigo.

Saludos

Buenos días:

Antes de que me digáis qué pasa cuando el precio no es el único criterio, y para que el ejemplo se parezca al de Jorge Pérez, ahí tenéis otra propuesta de cómo expresar los límites de la baja temeraria:

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

  • C1. Las que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
  • C2. En cualquier caso, se considerará desproporcionada
    • C21.  la baja superior a 25 unidades porcentuales  O
    • C22. aquellas ofertas en las que la puntuación del resto de criterios no alcance el 55% de la puntuación asignada a los mismos.

Aquí he cambiado algunas cosas respecto de la formulación anterior.

En C1 he puesto 15 en lugar de 10. Esto es sólo una maniobra de distracción porque en realidad lo que pretendo es que el límite de la oferta temeraria en el criterio precio lo fije, casi con toda seguridad, la condición C21: que la baja sea superior a 25 unidades porcentuales.

En C21, como ya conozco el valor de C, traduzco la baja a porcentaje para que sea absolutamente equivalente al art. 85. Evidentemente, si C fuera el 70% del PBL, en lugar de 25 unidades porcentuales diría 30 unidades porcentuales.

Además, en C2 he añadido una condición más, C22, para el resto de criterios que lo que quiere expresar es que si la calidad, “representada” por el resto de criterios, es muy baja, la oferta se considera, en principio, temeraria.

En conjunto lo que C2 quiere decir es que si el precio es muy bajo, me da igual la calidad, y que si la calidad es muy baja, me da igual el precio. Fijaos que las dos condiciones están unidad por “O” y no por “Y”. Si las uniera con Y”, C2 sólo se cumpliría cuando el precio sea inferior a 25 unidades porcentuales y, ademas, la puntuación del resto de criterios fuese inferior al 55%. Pero al unirlas con “O” lo que estoy diciendo es que basta con que se cumpla una de las dos sub-condiciones, C21 o C22, para que C2 se cumpla.

Os he revelado todos mis argumentos y secretos, pero si no lo hubiese hecho, ¿creéis que un letrado pondría objeciones a la fórmula o a las condiciones de temeridad que os he planteado?

Saludos

Hola Manuel, es encomiable tu esfuerzo y espero, sinceramente, que finalmente tengas éxito. No resulta fácil desmotar los paradigmas (en general) y en este campo, particularmente, ya hay algunos que se han establecido y arraigado mucho basándose en los pronunciamientos de los Tribunales de Contratación y por el Tribunal de Cuentas. Es una inercia que es muy difícil cambiar el rumbo.

 

Yo sigo cuestionando tu fórmula con los mismos argumentos. Por no repetirlos solo diré que para mí la clave está es cómo se determina objetivamente el valor de la variable C, es decir el límite o umbral para considerar la baja temeraria. Y eso de “jugar” ahora con C1 y C2 y hacer “maniobras de distracción”, no lo veo claro.

 

Lo cierto es que ya has avanzado mucho. Has observado el problema y has manifestado tus hipótesis, que aseguras que resuelven satisfactoriamente la cuestión, pero todavía (en mi opinión) están en el plano de una “verdad provisional”.

 

Creo que el siguiente paso es poner en práctica tu formulación sobre casos reales y concretos y recoger los datos de los resultados obtenidos que avalen y demuestren la “verdad definitiva” de tus hipótesis.

 

Mucho ánimo y un fuerte abrazo. Quedo a la espera de tus resultados.

Muchas gracias Juan Carlos por tus ánimos.

Lo de las maniobras de distracción no es por ser deshonesto sino para demostraros que cualquier cosa que parezca plausible puede ser aceptada por los letrados y los tribunales.  Entonces, ¿qué valor tienen esos pronunciamientos sobre cuestiones que no acaban de entender?

Si no os llego a desvelar las trampas, la fórmula y los condiciones de temeridad habrían sido miradas con menos rigor. Incluso la mayoría de vosotros no habría detectado que yo estaba ocultando mi valoración de la baja temeraria y que la estaba usando para establecer la fórmula y las condiciones de temeridad; la fórmula, escrita del modo que os he mostrado, habría pasado como un fórmula más a la que nadie haría puesto objeción alguna.

Es más, estoy convencido que si mi letrado rechaza mi fórmula tal cual es y las condiciones de temeridad a las claras, no pondrá ninguna objeción si le formulo las cosas del modo que os he contado, aunque me resulte triste que tenga que ser así.

Lo que tengo claro es que la fórmula es correcta y el art. 85, un despropósito, salvo que alguien me dé una justificación de qué pretendía el legislador.

Saludos

Buenos días a todos, copio y pego lo que mantiene el TARCYL sobre el tema de las fórmulas.  Muy interesante:

"“Como señala la Resolución 84/2017, de 2 de noviembre, de este Tribunal, “En relación con la fórmula matemática, este Tribunal acoge y comparte (así, la Resolución 11/2016, de 17 de febrero) la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) expuesta en sus Resoluciones 906/2014, de 12 de diciembre, y 542/2015, de 12 de junio (doctrina ratificada posteriormente, entre otras, en las Resoluciones 681/2016, de 9 de septiembre, y 208/2017, de 24 de febrero). En ellas se señala lo siguiente:

(…) ni el TRLCSP ni su normativa de desarrollo contienen una pauta a la que deba atenerse el órgano de contratación a la hora de concretar el criterio de evaluación de las ofertas
económicas, si bien es claro que necesariamente habrá de recibir la puntuación más alta el licitador que oferte un precio inferior y la más baja la que presente el superior (cfr.: Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid 173/2014 e Informe 16/2013 Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón).

Ello es consecuencia del respeto a los principios que han de observarse en el ámbito de la contratación pública, tales como el de control de gasto y de eficiencia (artículos 1, 22, 333.2 y DA 16ª TRLCSP), según señalan, entre otros, los Informes 4/2011 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y el nº 874 del Tribunal de Cuentas (pág.196).

Al mismo resultado, en fin, conduce el artículo 150.1 TRLCSP, ‘in fine’ (y, en idéntico sentido,artículo 53.1.b Directiva 2004/18/CE) en la medida en que prevé que cuando el único criterio de adjudicación sea el precio, éste deberá ser ‘el del precio más bajo’, regla ésta que debe observarse cuando, junto al precio, se introducen otros criterios de adjudicación”.

»(…) se han venido considerando como contrarias al principio de economía en la gestión de recursos públicos fórmulas que:

  1. Atribuyan mayor puntuación a las ofertas que no sean las más económicas como cuando se tiene en cuenta la relación de la oferta con la baja media (cfr.: Informes del Tribunal de Cuentas nº 958 –pág. 77-, nº 1011 –pág. 128-), 
  2. Que establecen umbrales de saciedad, más allá de los cuales los licitadores no perciben una puntuación superior (cfr.: Informes del Tribunal de Cuentas nº 889 –pág. 101-, nº 942 –pág. 31- y nº 955 –pág. 209-), 
  3. Que reducen significativamente los márgenes entre las ofertas más caras y las más económicas (cfr.: Informes del Tribunal de Cuentas nº 1009 –pág. 88-, nº 1031 –página 107-) 
  4. Que magnifiquen diferencia económicas mínimas (cfr.: Informe de Tribunal de Cuentas nº 1011 -págs. 121, 211-212, 280-) 
  5. Que supongan atribuir una puntuación a todo licitador por el mero hecho de presentar oferta (cfr.: Informe del Tribunal de Cuentas nº 839 –pág. 118-).

»Concluimos entonces y hoy reiteramos que: ‘Lo único que impone en este sentido el TRLCSP es que se concrete en el Pliego la fórmula elegida, que ésta atribuya una puntuación superior a la oferta más barata y menor a la más cara y que se guarde la adecuada proporción en la atribución de puntos a las intermedias.

»Fuera de estos principios elementales, el órgano de contratación cuenta con un margen de libertad para decantarse por una u otra fórmula, para optar por una regla de absoluta proporcionalidad o, por el contrario, introducir modulaciones en ella que no sean arbitrarias ni carentes de lógica o, en fin, distribuir la puntuación por la baja que cada oferta realiza respecto del presupuesto de licitación o en proporción a la oferta más económica. 

A fin de cuentas, si la entidad adjudicadora puede elegir la ponderación atribuida a cada criterio de adjudicación (cfr.: artículo 150.4 TRLCSP y Sentencia del TJCE,
Sala Sexta, 4 de diciembre de 2003 –asunto C- 448/01- ), no parece posible negarle la libertad de elegir la fórmula de distribución de los puntos´”.

Aplicando la referida doctrina, la Resolución 84/2017, de 2 de noviembre, de este Tribunal, expuso que la fórmula establecida en los pliegos controvertidos “no puede calificarse como inadecuada, ya que puntúa con 0 puntos a la oferta que iguale el precio de licitación, atribuye la mayor puntuación a la oferta más baja, no prevé umbrales de saciedad ni considera la baja media para atribuir puntuación, las modulaciones establecidas no pueden calificarse como arbitrarias o discriminatorias, no se aprecia una reducción significativa en los márgenes entre las ofertas más caras y las más económicas ni tampoco márgenes desproporcionados en la puntuación entre las ofertas. Por otra parte, no cabe obviar que el sistema de proporcionalidad puro, pese a sus indudables bondades, también puede producir resultados que magnifiquen diferencias económicas mínimas, lo que no permite afirmar que sea en todo caso preferible al de la proporcionalidad corregida”.

Por lo expuesto, este Tribunal consideró que la cláusula referida a la fórmula matemática no era contraria a derecho, ya que su aplicación suponía el reparto de la puntuación de un modo proporcional a la oferta económica presentada y a las bajas que en su caso se realicen sobre ella.

Sin perjuicio de que se considera adecuada la fórmula prevista en el PCAP, la Resolución 84/2017, de 2 de noviembre, sí advierte que la justificación ofrecida para la elección de la fórmula (desincentivar bajadas excesivas en el precio, bajas que repercutirían negativamente en las condiciones salariales y de trabajo de los empleados adscritos al contrato) no se comparte.

Se señala que “Incluso admitiendo el carácter social que viene predicándose de la contratación pública y constatado, en este contrato, el enorme peso que tiene el coste de personal en el precio fijado, ello no permite, sin más, justificar una fórmula matemática que pretenda evitar bajas excesivas, pues podría llevar a la concurrencia de las circunstancias vedadas para estos supuestos, mencionadas en la doctrina del TACRC citada (umbral de saciedad, etc.). Pero incluso aunque no concurrieran tales circunstancias, el artículo 152 del TRLCSP ya contempla una vía específica para desincentivar tales bajadas, cual es el de la fijación de los parámetros objetivos en función de los cuales se pueda apreciar que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. »Por este motivo, llama la atención que no se haya previsto de manera expresa en el PCAP
la posibilidad de apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas (…)”.

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Buenos días:

Me ha llamado la atención el artículo de Milagros Arcocha Giménez Principios que deben cumplir las fórmulas matemáticas para la corre... en relación a la Resolución nº 51/2019 Acuerdo del Tribunal Administrativo de Contra... y veo que no he sido el único porque José Manuel Martínez Fernández lo menciona, decepcionado, en el debate Criterios de valoración automáticas para adjudicar contratos determinadas actividades formativa.

Respecto de este artículo, he cruzado algunos correos con Milagros Arcocha Giménez, aunque sin profundizar en mi desacuerdo con la resolución que, por otra parte, importa poco.

Aún así, voy a profundizar un poco en la fórmula que propone el órgano de contratación para que veáis, y espero que entendáis, lo absurda que es la fórmula, aunque el TACPCM no lo haya visto así.

Esta es la fórmula elegida para el precio al que se le otorgan hasta 70 puntos:

Y añade lo siguiente respecto de las ofertas anormalmente bajas:

Se consideran ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas realizadas inferiores al menos en un 5 por ciento a la media de las ofertas admitidas.

La fórmula es la raíz sexta de la habitual fórmula lineal que otorga 0 puntos a la oferta que coincide con el presupuesto base de licitación (PBL) y 70 puntos a la oferta más barata.

Empecemos por un error lógico de la condición de anormalidad.

Si sólo se presenta un licitador, que es lo que ha sucedido para el lote 2 aunque después haya sido excluido por un defecto de forma, cualquier oferta es válida sin presunción de temeridad, siempre y cuando no se incumplan las clausulas sociales, medioambientales, etc., porque la media de una única oferta es su propio valor que, lógicamente, nunca estará el 5% por debajo de sí misma.

Si concurren 2 licitadores, que es el caso para el lote 1, la diferencia entre en el precio de los licitadores no puede ser superior al 10%.

Las ofertas admitidas son aquellas que no han sido rechazadas, por un defecto de forma por ejemplo, ni excluida, por ejemplo por no ajustarse a los requisitos de rendimiento, así que entiendo que todas las ofertas presentes en la apertura de la oferta económica son ofertas admitidas y, por tanto, las ofertas económicas por debajo del 5% de la media son anormalmente bajas y los licitadores deberán demostrar que puede ejecutar el contrato si quieren continuar en la licitación. No sé si a partir de aquí entramos en un bucle como el del artículo 85 del Reglamento, pero, en cualquier caso, un 5% por debajo de la media es un margen demasiado estrecho que puede dar lugar, al aplicar la fórmula de la puntuación de la oferta económica, a que se estén repartiendo 70 puntos, en realidad bastantes menos, entre ofertas muy próximas entre ellas, como ahora veremos.

Respecto a cómo formular las condiciones de temeridad os he dejado en el debate ¿Es necesario, cuando existe una pluralidad de criterios de adjudicación, establecer siempre el umbral de la baja temeraria en el PCAP? el documento LA TEMERIDAD Y LAS OFERTAS BUENAS, BONITAS Y BARATAS”, que he corregido y ampliado y que se publicará en el OBCP en breve, que aclara estas cosas.

Veamos la fórmula.

Voy a usar los mismos datos del ejemplo que usa el TACPCM en su resolución para que el análisis sea equivalente, aunque la conclusión sea diametralmente opuesta.

La tabla siguiente muestra los resultados para distintas raíces, desde la 1 (lineal) hasta la sexta.


El efecto de elevar la raíz es conseguir que con sólo un descuento del 2,78% respecto del PBL, la puntuación pase de 0 (raíz 1, lineal) a más de 50% (raíz sexta), así que la puntuación de partida va a ser 50 puntos ya que habría que ser muy tonto para no rebajar un 2,78% el PBL.

Si a esto le sumamos el descarte por la temeridad de ciertas ofertas, y no entramos en un bucle infinito con esto, resulta que una vez normalizadas las puntuaciones, el resultado final es que de los 70 puntos que había disponibles, en realidad sólo están en disputa menos de 15, los que van desde 55,56 hasta 70,00. Además, el resultado final es tal que se desvía muy poco de la linea recta.

La pregunta que a mi juicio debería haberse hecho el TACPCM es ¿qué pretendía el órgano de contratación con esta fórmula, si es que pretendía algo?

No sé si sois conscientes de los ríos de tintas y esfuerzo gastado tanto por los órganos de contratación, que proponen fórmulas que ni siquiera se molestan en justificar mínimamente, como por los TARC dictando resoluciones en un sentido y en el contrario.

Os he propuesto una fórmula que no es arbitraria porque se puede demostrar, que no tiene los inconvenientes del informe que nos ha dejado Guillermo, que no fija un umbral de saciedad sino un límite de anormalidad que no excluye, a priori, a ningún licitador y que, además, cuando un licitador pasa el procedimiento de anormalidad, la fórmula se corrige fijando el nuevo límite de anormalidad con el valor de la oferta anormal válida más bajo para evitar que dos ofertas tengan la misma puntuación para distinto importe. Lo único que no os gusta es que el límite de anormalidad lo calcule a partir del convenio colectivo, pero esto siempre será mejor que hacerlo a ojo de buen cubero.

Saludos

Comparto contigo Manuel la critica a ese incomprensible ATAC de Madrid que admite una fórmula que engaña al sistema legal, al dar la apariencia de repartir 70 puntos de forma matemática pero que en realidad solo reparte 15, con lo que en la práctica el peso lo tendrán los criterios no matemáticos sin que se haya constituido un comite de expertos, como ha exigido al menos en dos resoluciones de 2016 el TACRC. El mismo efecto se consigue elevando la fórmula básica a un exponete quebrado, seguro que tu Manuel nos puedes explicar igual de bien que este comentario el funcionamiento de estas fórmulas a los legos en matemáticas.

Respecto de la que tu propones, muy precisa, solo tiene esa pega de chocar con la exigencia legal y que enfatizan los tribunales: que la desproporción de las ofertas, si son mas de dos, ha de estimarse de manera comparatuva entre ellas... Por cierto, que la comento en un libro que saldrá en abril sobre la Gestion de Los Servicios Públicos locales en el nuevo escenario normativo.

Buen fin de semana

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