Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público que creo que entra en vigor el próximo 17 de Enero de 2014 ha modificado el artículo 65 sobre la exigencia y efectos de la clasificación, en los siguientes términos:

"b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 75 y 78 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos."

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Pues parece que no que se sigue exigiendo clasificación hasta que en tanto no se desarrolle reglamentariamente lo que dice la DT 4ª del TRLCSP (según la redacción dada por apartado ocho de la disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público) se mantiene lo anterior, es decir, la exigencia de clasificación en los contratos de servicios. 

Parece que la Abogacía del Estado en su Circular de 4 de febrero mantiene este criterio (la dejo anexada).

He revisado la página de Junta Consultiva y parece que la clasificación como contratista de servicios sigue estando "activada".

Vosotros qué estáis haciendo.

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Desde el 11 de noviembre al 2 de diciembre de 2014 está en audiencia pública el proyecto del RD por el que se modifican determinados preceptos del reglamento de la ley de contratos aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre 

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Y se sabe mas o menos cuando se aprobará este texto?

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