Contratar al menos un 50% de trabajadores entre personas de la localidad en situación de desempleo de larga duración. Prioridad a residentes del barrio objeto de actuación.

Yo veo muchas posibilidades en la contratación estratégicas. En territorios desfavorecidos como el mío, creo que la contratación públcia puedes ser una herramientas muy potente.

También veo que esta herramienta, la contratación estratégica, es muy compleja. Intento aprender de Santiago Lesmes, José Manuel Martínez, Bernabé Palacín...

Condición especial de ejecución recurrida.

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Hola, 

Hasta ahora el criterio del "arraigo" de la persona en situación de desempleo siempre había dado problemas, es más creo que en todos los pronunciamientos hasta ahora eran contrarios a esos planteamientos.

Ejemplo: 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/J...

Pero con la nueva LCSP, creo que podría matizarse. Estaría al concreto contrato y a su vinculación con el objeto: de hecho hay una posible via que lo ampararía: el articulo 145.3.g:

g) Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación. En los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, y en los contratos de prestación de servicios sociales si fomentan la integración social de personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, promueven el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral o cuando se trate de los contratos de servicios sociales, sanitarios o educativos a que se refiere la Disposición adicional cuadragésima octava, o de servicios intensivos en mano de obra, el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación. Igualmente, en el caso de los contratos de servicios de seguridad privada deberá aplicarse más de un criterio de adjudicación.

Habrá que estar a los pronunciamientos de Juntas Consultivas y Tribunales de Recursos contractuales.


Un saludo.

La limitación a parados del municipio, y más aún de un barrio, es una cláusula de arraigo territorial rechazada desde hace años por los Tribunales y órganos consultivos (IJCCAE 53/08 o el 3/2009; IJCCA de Baleares 2/2012. Resolución número 391/2016 en la que resume el criterio sostenido por el Tribunal y los requisitos exigidos por la Jurisprudencia Comunitaria).

Los artículos 70 y 18.2 y los considerandos 37,39 y 98 de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, en cuanto a condiciones especiales de ejecución relativa al empleo si bien la inclusión de este tipo de cláusulas exige que:

— de las mismas no se derive una discriminación directa o indirecta a los operadores económicos y a los trabajadores de otros estados miembros o terceros países y que

— no afecten a la competencia

Si se admiten cláusulas sociales sin esa limitación territorial:

RTACRC 210/2016, de 18 de marzo de 2016. La admisión de criterios sociales como criterios de adjudicación queda condicionada a que, guarden relación directa con el objeto del contrato y no resulten discriminatorias, como ocurre cuando introducen criterios de arraigo territorial. La incorporación de criterios sociales en los contratos está prevista en la Directiva 2014/24, en las diferentes fases del contrato (cdos. 40 y 99, arts. 67). Como criterio de valoración se prevé expresamente en el artículo 67: la mejor relación calidad-precio se evaluará en función de criterios que incluyan aspectos cualitativos, medioambientales y/o sociales vinculados al objeto el contrato de que se trate. Considera que en el caso que analiza (un servicio de limpieza de edificios del Ayuntamiento de Xátiva), la valoración de “mejoras sociales” (contratación de personas en riesgo de exclusión del mercado laboral y/o con discapacidad) “guarda relación con el objeto del contrato y la debida proporcionalidad en su puntuación (de 0 a 5 puntos), no resultan contrarias a Derecho porque no introducen elementos distorsionadores de la igualdad y concurrencia ni desvirtúan el principio general de adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, que rigen esta fase de la contratación administrativa, la de adjudicación”.

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