CONTRATACIÓN PÚBLICA

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¿Quién está obligado a relacionarse electrónicamente en un proceso de contratación pública?

A raíz de la discusión sobre notificaciones electrónicas traigo a colación la reciente entrada en vigor de la Ley 39/2015 el pasado 2 de octubre que, entre otros, establece la obligación de relacionarse electrónicamente con la administración a las personas jurídicas.

¿Cómo interpretáis el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 y su aplicación en materia de contratación pública?. Debemos exigir ya en los nuevos pliegos de contratación que las personas jurídicas presenten las proposiciones únicamente de forma electrónica con la salvedad que en caso de no presentarse electrónicamente dentro de plazo quedarán excluidas o, en su caso, aplicamos preferente el TRLCSP 3/2011 que permite la variedad de opciones al usuario como ahora como un derecho (electrónicamente o en papel).

He visto un reciente informe del 2015 de una junta consultiva autonómica que la restricción en la contratación a los medios electrónicos podría ser incluso discriminatoria y únicamente puede obligarse en determinados procedimientos, si bien ahora ya es obligatoria desde el pasado 2 de octubre para determinados colectivos.

Me gustaría saber vuestra opinión.

Gracias    

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Respuestas a esta discusión

Hola Jordi, como en la anterior discusión intentaré que expertos como Víctor Almonacid, Ángel Cancelo, Luis Jesús de Juan Casero, Ignacio Alamillo, Concepción Campos Acuña ..., se pasen y den su opinión.

Creo que si la siempre se ha pensado que el "buque insignia para implantar la administración electrónica puede ser la contratación pública" (Como señala Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga en el libro "Claves para una contratación pública electrónica eficaz" publicado por la editorial LA LEY - EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS, pág. 184), no creo que nadie pueda defender que todavía se puede "excepcionar" del formato electrónico a ese proceso de trabajo con tanta repercusión en la económica. No es lógico.

Yo creo que desde el 2 de octubre de este año, sea o no un proceso de contratación pública, están obligadas a relacionarse electronicamente (artículo 14.2º Ley 39/2015):

  • Todas las empresas que sean personas jurídicas.
  • Los personas físicas que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
  • Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

Si el obligatoriamente el canal de relación/comunicación debe ser electrónico, lo que hacen hasta ahora deberán hacerlo en formato electrónico:

  • En su caso, DEUC electrónico (con firma electrónica).
  • Oferta técnica electrónicas (con firma electrónica) en sobre electrónico cerrado.
  • Oferta económica electrónicas (con firma electrónica) en sobre electrónico cerrado. 
  • Comunicaciones electrónicas de defectos y subsanaciones.
  • Notificación electrónica de la clasificación de ofertas.
  • Garantía definitiva electrónica; documentos electrónicas que acrediten el cumplimento de los requisitos de solvencia; certificados electrónicos de la AEAT y de la SS...
  • Contrato administrativo electrónico.
  • Todos los intercambios de información que surjan durante la ejecución del contrato (prórrogas, penalidades, cesiones, subcontrataciones, modificaciones, ....) también se deben realizar en formato electrónico.

No es obligatorio tratar electrónicamente las ofertas, es decir, tramitar subastas electrónicas, sistemas dinámicos de adquisición o catálogos electrónicos.

Creo que este es el régimen legal vigente. Igual me equivoco.

Otro saludo y vamos a buscar más opiniones.

Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Guillermo. Además la ley 39 no hace excepciones en la obligación según el tema de que se trate. Así pues obligatorio en electrónico.

Hola Charo, muchas gracias de nuevo por estar atenta.

Dejo aquí la presentación de Víctor Almonacid Lamelas en el I Congreso de Contratación Pública Electrónica. Entra en esta cuestión en el minuto 15:00 pero recomiendo ver la charla entera. Un repaso muy sólido al tema de la administración electrónica en contratación pública.

Hola, justamente estoy modificando los pliegos para adaptarlos a estas cuestiones y comparto completamente vuestra opinión con la salvedad del régimen que tenemos aquéllos que, desafortunadamente, no hemos implantado la contratación electrónica y, por tanto, no podemos exigir la presentación de los sobres en dicho formato, ya que no podemos garantizar el secreto de las proposiciones.

Así, en principio, y a salvo del criterio que se exponga en el informe jurídico correspondiente, vamos a prever que las personas contempladas en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 se relacionen con nosotros por vías telemáticas, salvando los sobres, por la razón expuesta. 

Hola. Tal vez sea muy osada, pero no veo claro que la presentación de ofertas deba ser hoy en día electrónica. Es un procedimiento específico regulado en el TRLCSP y en las Directivas 23, 24 y 25. En las Directivas sí que se establece unos plazos límite para la licitación electrónica.
En materia contractual, acudimos a la las leyes 39 y 40 para cubrir las lagunas de la ley de contratos. La presentación de ofertas constituye un procedimiento específico en el que se debe mantener la confidencialidad de las ofertas hasta el momento de la apertura, en el que tienen que descifrar los miembros de la mesa.... No estamos ante una comunicación de la ley de procedimiento común.
A pesar de ello, creo que ya se debería haber empezado a licitar electrónicamente en las administraciones públicas porque existen los medios a precios asequibles, para dotar de mayor transparencia al procedimiento y conseguir una mayor concurrencia, y siendo que en breves fechas será obligatoria la licitación electrónica, mientras antes se empiece mejor, y podrá hacerse de forma progresiva.

Entonces Pilar, parece que coexistiría un doble régimen ¿no? Es decir, la presentación de ofertas sí podría ser a través de medios presenciales pero, en cambio, la presentación de documentación a efectos de subsanación, trámites de audiencia en casos de bajas temerarias, presentación de documentación acreditativa de requisitos previos, etc. debería ser a través de vías electrónicos, ¿no?

Me parece muy interesante tu opinión porque como he comentado, en mis pliegos estoy contemplando la notificación electrónica preceptiva, la presentación de documentación por vías electrónicas, etc. salvo, como decía, los sobres, por cuanto no disponemos de los medios, por lo que, hago uso en ellos de este doble régimen (TRLCSP y Ley 39/2015).

Hola a todos, yo que creo, como dice Víctor que al proceso de compra pública le es plenamente aplicable el procedimiento administrativo general, salvando algunas especialidades que lo complican un poco:

  • El cómputo de días.
  • La necesidad de que los documentos se incluyan en sobres.
  • Que los sobres se mantengan cerrados y que las ofertas sean secretas hasta su apertura...
  • Poco más.

Creo que es aplicable porque la propia plataforma de contratación del Sector Público YA TIENE operativo el módulo de gestión electrónica de las mesas, es decir, ya entienden que es obligatorio presentar documentos (DEUC, declaraciones responsables y ofertas) en formato electrónico y en sus respectivos sobres electrónicos.

En cuanto a la solución en la que está trabajando Marta y a la que pido que comparta en esta comunidad, en novago y en la del INAP me parece realista, es decir, no se puede autorizar en un pliego la presentación de una oferta electrónica si no se ha hecho el trabajo previo para poder cuando llegue esa oferta garantizar su gestión electrónica de forma legal. 

Habrá quien diga, y con razón, que un pliego no puede ir contra lo que dice una Ley. Es más, la propia Ley (art. 68.4º dice que 4. "Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación". Como digo, creo que es reconocer en el pliego que nos vamos a saltar la Ley. 

Por otro lado, una empresa podría hacer ejercicio de su derecho/obligación a relacionarse íntegramente de forma electrónica y ahorrarse todos los costes que tiene la relación presencial, ¿qué les diremos?.

Creo que esto se debería de hacer transitoriamente y paralelamente, trabajar para que en el más corto plazo se pueda cumplir la Ley.

Lo dicho Marta me gustaría ver la solución en la que trabajas, porque igual te la copio íntegramente.

Guillermo, en cuanto la tenga te la paso, a ver si consigo pasar el filtro jurídico que es lo que más me preocupa. Nuestros pliegos siguen el modelo que publica la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía pero nosotros los hemos ido adaptando esquivando un poco el modelo por cuanto a mi juicio son bastante liosos.En todo caso, hasta la fecha la Junta de Andalucía no los ha modificado así que estoy trabajando en los mios.

Creo que ya conocéis mi opinión, pienso que hemos tenido tiempo para prepararnos. El problema que plantea guillermo es el que siempre yo he planteado a lo largo de este último año, si nos dicen que obligatoriamente tienen que hacerlo ¿que vamos a hacer?. De hecho a mí algunas empresas ya me han comunicado que a partir de ahora tienen relacionarse electrónicamente conmigo porque tienen obligación y se han registrado en la plataforma y voy a tener que lanzar las tareas electrónicas en su contrato, aunque inicialmente fuera en papel (modificaciones y prórrogas, por ejemplo).

Además ya muchas que limitaban en electrónico nos pedían que la firma del contrato fuera electrónica también, así que no vamos a tener más remedio que implantarla, entiendo que tienen todo el derecho y nuestros problemas no pueden afectar a terceros.

La licitación electrónica de PLACE requiere teclear de nuevo todos los datos del expediente, no creo que haya muchos servicios de contratacion, ahora mismo, e en condiciones de gastar recursos para eso, pero ahí está para quien quiera usarla.

Y no digo nada ya de la documentación que no están obligados a aportar porque ha sido elaborada por una administración pública, Hacienda, Seguridad Social,ROLECE.. los sistemas de plataforma de licitación electrónica y gestor de expedientes ya probados- hay varios en el mercado-, tienen una posibilidad de enlace directo con la Seguridad Social, pero no con Hacienda ni con los registros oficiales, eso va a ser necesario hacerlo todavía Consulta a Consulta.

Es todo un lío tremendo, pero no me parece muy buena política que la propia Administración incumpla las leyes. De momento se hará lo que se pueda, pero sabiendo que lo hacemos de forma provisional y precaria, y tomando medidas para solucionarlo lo antes posible. O al menos eso espero.

Estoy de acuerdo contigo Charo pero hoy ya he escuchado la frase de "¡Cómo le vas a pedir a las empresas que presenten la documentación por vías telemáticas!" 

Así que con los bueyes que tenemos, veremos el campo que aramos....

Amen

 

Comparto la opinión de Pilar, si bien voy incluso más lejos que ella en la conclusión, pues a mi entender ni a partir del 2 de octubre de 2016, ni a partir del 2 de octubre de 2018, se puede obligar a un operador económico a relacionarse electrónicamente con la Administración en el marco de un procedimiento de contratación pública, salvo que -[y evidentemente una de estas dos posibilidades se producirá a corto o medio plazo]- una modificación del TRLCSP, o una nueva ley de contratos lo establezca, no siendo siquiera posible en este punto una simple remisión del TRLCSP (o norma que lo sustituya) a la Ley 39/2015.  

A mi entender la cuestión es simple, porque deriva de lo básico, esto es, de los principios de la contratación pública, en concreto de los de libre concurrencia y competencia en las licitaciones, igualdad de trato y no discriminación.

El procedimiento de licitación finaliza con la adjudicación del contrato a uno de los XXX licitadores o candidatos que presentaron su oferta. Como en la película, “sólo puede quedar uno”, y cualquier ventaja  que se ofrezca a unos operadores sobre otros romperían aquellos principios, y desde luego, la posibilidad de que las personas físicas puedan estar en el procedimiento de “forma electrónica” o de “forma tradicional”, en tanto que las personas jurídicas estén obligados a hacerlo de un solo modo (electrónicamente), quiebra indudablemente el principio de igualdad de trato a favor de aquellas.

El procedimiento de contratación es  un procedimiento de selección, un procedimiento competitivo en la que todos los partícipes deben partir de una misma línea de salida. El que se posibilite licitar de forma electrónica, incluso el que se obligue a todos los participes a hacerlo de este modo NO rompe el equilibrio, pues se trata en definitiva de un mismo procedimiento para todos. Por el contrario, que a unos se le apliquen unas obligaciones (en este caso la de  licitar electrónicamente), en tanto a otros no, si rompe la igualdad entre los participes.

Creo que lo hasta aquí expuesto se recoge y/o se deduce plenamente en la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se regula el empleo..., norma que por cierto, -y aunque sea un simple detalle-, ni ha sido derogada por la Ley 39/2015, ni ha sido eliminada del elenco de normas que publica el BOE en su  Código de Administración Electrónica.  En cualquier caso lo importante de esta norma no es tanto la regulación que ofrece, como los principios que subyacen o, incluso, que directamente invoca la norma. Señala así la Orden:   

“Segundo. Condiciones para el empleo de medios electrónicos en los procedimientos de contratación. (…) Dos. Cuando, conforme a lo señalado en el punto anterior, los pliegos hayan admitido el empleo de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de contratación, su uso será potestativo para los licitadores. () En ningún caso podrá derivarse para los licitadores y contratistas una discriminación o restricción de cualquier naturaleza contraria a los principios de libre concurrencia e igualdad de trato por razón de los medios por los que opten para efectuar sus comunicaciones con el órgano de contratación.

Tres. No obstante lo señalado en el número anterior, en los contratos en que, por razón  ()

los pliegos de cláusulas administrativas podrán establecer la necesidad de que la presentación de las solicitudes de participación y proposiciones, la aportación de documentos y las comunicaciones y notificaciones entre el órgano de contratación y los licitadores o contratistas, se realicen, en todas o en alguna de sus fases, de forma exclusiva, por medios electrónicos.

Para que en los pliegos pueda establecerse la necesaria utilización de medios electrónicos, deberá acreditarse en el expediente de contratación, que esta exigencia no supondrá restricción o discriminación alguna para los licitadores,()

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