Hola a todos:

 

Tengo que elaborar un pliego de cláusulas administrativas para la construcción de un edificio por procedmiento abierto oferta económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación. Puede ser un criterio la valoración de  la contribución a la creación y mantenimiento de empleo en la localidad

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Hola Prado, aunque se uso en el Plan E, no sé que relación puede tener con el objeto del contrato ese criterio.

Te dejo anexado el informe 44/98, de 16 de diciembre de 1998. "Posibilidad de exigencia de declaración responsable sobre contratación de minusválidos y utilización en los concursos de criterios de adjudicación que atribuyan en la valoración de la oferta de una puntuación en función de la estabilidad de la plantilla de trabajadores de la empresa, el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido, la ejecución directa del objeto del contrato por trabajadores de la empresa o las nuevas contrataciones de personal vinculadas a la ejecución del contrato", no resuelve el asunto, pero sí que orienta.

Un saludo

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Hola Prado, en la línea de lo que ha dicho Guillermo, creo que no es posible valorar en los pliegos la creación o mantenimiento de empleo en la localidad, en este sentido se pronuncia la JCCAE en concreto en el informe 9/2009 que no permite su consideración ni como requisito de aptitud ni como criterio de valoración. 

Un saludo

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Hola,

ni como criterio de valoración ni de solvencia, por los motivos que apuntáis. En todo caso, mirad el art. 118 TRLCSP: vía condiciones de ejecución del contrato.

 

Un saludo

Tienes que tener en cuenta si la licitación se encuentra financiada con cargo a algún proyecto de inserción laboral o está relacionado con políticas de fomento del empleo.

Informe 44/2004,   de 12 de noviembre de 2004, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa:

Como resumen de la normativa comunitaria constituida por la Directiva 93/37/CEE y de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, interpretativa de la misma, pueden extraerse las conclusiones de que se diferencia claramente entre la fase de selección de contratistas, en la que se tienen en cuenta circunstancias relativas a las empresas y la fase de adjudicación del contrato, en la que, tratándose de la proposición más ventajosa económicamente, deben utilizarse criterios tendentes a comprobar esta circunstancia, admitiéndose excepcionalmente la condición de emplear parados de larga duración, no como criterio de adjudicación, siempre que esta última, que se califica de cláusula particular suplementaria, no produzca discriminación con los licitadores de otros Estados miembros, es decir, que no solo pueda ser cumplida por los licitadores nacionales sino también por los licitadores de otros Estados miembros...

...al igual que las Directivas comunitarias diferencian la fase de selección de contratistas, en la que se toman en consideración características de las empresas y la fase de adjudicación del contrato, en la que en el concurso, han de establecerse criterios objetivos de las propias ofertas o del objeto del contrato, siendo necesario para que excepcionalmente pudieran establecerse otras condiciones, que no produzcan efectos discriminatorios respecto a otros empresarios de los restantes Estados miembros de la Unión Europea

Igual lo podrías incluir como un criterio de preferencia en la adjudicación en caso de igualdad en la valoración de los criterios, como se hace en el caso de discapacitados y para la promoción de los planes de igualdad hombre y mujer.

No es el mismo caso y es un tema que creo que da para escribir un tratado, la incorporación de cláusulas sociales, pero las preciosas instrucciones del Ayuntamiento de Avilés en Asturias (anoto el link acto seguido) que rigen la incorporación de cláusulas sociales dicen lo que copio también abajo:

 

http://www.conr.es/descargas/INSTRU.%20INCLUSI%C3%93N%20C.SOCIALES%... 

 

A) Creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral: Hasta 25 puntos.

• Se puntuará con 25 puntos a la empresa que se comprometa a emplear para la ejecución del contrato un mayor número de personas con dificultades de acceso al mercado laboral, teniendo preferencia las que procedan de programas de incorporación y acompañamiento laboral del Ayuntamiento de Avilés. El porcentaje mínimo deberá superar el porcentaje obligatorio señalado en las condiciones de ejecución. El resto obtendrán una puntuación decreciente y proporcional, conforme a la siguiente fórmula:

NPD

PL= -------- X25

NMPD

PL: Puntuación obtenida por el licitador.

NPD: Número de personas con dificultades de acceso al mercado laboral que se compromete a contratar

el licitador.

 

NMPD: Número de personas con dificultades de acceso al mercado laboral contenido en la mejor oferta de

los licitadores.

Sí, se que no es lo mismo, porque es para creación de empleo, pero dice ¿¿¿"teniendo preferencia los que procedan el programas de Aviles" ??? Seguro que hay mucho escrito de esto pero la idea de fondo es la misma, si se puede valorar esto se puede también la pregunta del compañero. De nada me sirve que esté encuadrado en cláusulas sociales... La idea es la misma. Yo no voy a escribir un tratado sobre esto y si puedo colocaré aquí lo que de otros encuentre para compartir, pero mi opinión es que estas clásulas no deberían servir porque tomando las palabras del informe que cita Almudena "son discriminatorias" sobre la gente del municipio de al lado que quizás en Asturias, por ejemplo, tenga 2 habitantes por hacer un pequeño chiste de nada para acabar.

Hola. Como este tema vuelve a salir en este foro, aprovecho la ocasión para discrepar.

- Estáis utilizando un informe de 1998, previo a la Directiva, a la LCSP y al TRLCSP. 

- Su validez la ratifica la jurisprudencia comunitaria y nacional: Sentencia Beentjes de 20 de septiembre de 1988 (asunto 31/87),  Sentencia Nord-Pas-de-Calais (asunto C-225/98); Sentencia Concordia Bus (asunto C-513/99), Sentencia EVN Wienstrom de 4 de diciembre de 2003 (asunto C-448/01).

- Lo ha dejado clarísimo y meridiano el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, de 17 de julio de julio de 2012, recurso 5377/2009, resulta coherente con lo antedicho. El motivo del recurso se basa en la improcedencia de incluir entre los criterios de adjudicación del contrato un criterio denominado «de igualdad», que otorga hasta un máximo de 5 puntos –sobre un total de 100– a aquel licitador que presente un mayor porcentaje de personal femenino fijo en el total de la plantilla, valorándose con 5 puntos al de mayor porcentaje, 0 puntos al de menor porcentaje y adjudicándose para los valores intermedios una puntuación proporcional.

La Confederación Nacional de la Construcción consideró que este criterio contravenía lo dispuesto en el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, pero el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del TSJ Extremadura (que ya había fallado a favor del criterio de adjudicación denominado “de igualdad” y que declaró conforme a Derecho la resolución). Citemos parte de la argumentación jurídica:

En consecuencia los preceptos referidos, deben ser interpretados literal y teleológicamente, por ello en el ámbito contractual administrativo, carecería de sentido realizar una diferenciación entre fases de licitación, adjudicación o ejecución. Lo que se pretende es primar en un grado razonable a aquellos contratistas que hayan incorporado a su plantilla a mujeres. Eso no choca con el resto de criterios, que en este supuesto enjuiciado, la Administración ha tenido en consideración y a los que otorga mayor puntuación, como son la proposición económica, viabilidad técnica, seguridad, etc. Estas medidas pueden favorecer laboralmente a la mujer, en caso de igualdad de méritos entre candidatos, pero no si falta este requisito, en cuyo caso el trato distinto sí es contrario a la igualdad (Sentencias Kalanke y Marshall). En consecuencia la legislación contractual-administrativa, no puede aislarse de esta ley orgánica, ley transversal, en el sentido de que irradia los principios de igualdad real y no discriminación, sobre todos los ámbitos de la vida política, jurídica y social, y contiene medidas dirigidas a la actuación de los poderes públicos en muy diversos ámbitos, introduciendo las correspondientes modificaciones en todas las leyes estatales afectadas por la regulación del principio de igualdad real. En consecuencia se sigue el criterio de adjudicación no a la mejor oferta económica sino a la más ventajosa para los intereses generales, determinando el Legislador que dentro de los mismos cabe primar a empresas que en su plantilla existan mujeres desempeñando funciones laborales».

El Tribunal Supremo además recuerda la Exposición de Motivos de la LOI: "El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades".

Y argumenta a continuación: “La cual pone de manifiesto que, por lo que hace a las Administraciones públicas, el objetivo o meta de la igualdad de hombres y mujeres podrá ser perseguido en la totalidad de sus actividades, esto es, cualquiera que sea el instrumento formal en que estas se manifiesten (procedimiento, acto o contrato), cualquiera que sea su contenido (regulador, de servicio público, fomento, policía, etc. y cualquiera que sea la materia sectorial a que esté referida.

. según deriva de todo lo anterior, circunscribir la política de igualdad en materia de contratación únicamente al instrumento o mecanismo jurídico de las condiciones de ejecución resulta, en principio, contrario a esa transversalidad que con tanta amplitud se define en la LO 3/2007 [LOI]; pues lo que dicha transversalidad demanda es que, dentro de ese ámbito de la contratación, la igualdad de hombres y mujeres pueda ser perseguida a través de todos los instrumentos jurídicos que la legislación de contratos regula.



- La nueva propuesta de Directiva Comunitaria que sustituirá a la actual 2004/18/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación pública, de 20 de diciembre de 2011, COM(2011) 896 final, lo deja claro (no legisla ex novo, ni cambia el criterio, sino solo aclara):

(41) Por otra parte, debe admitirse que los poderes adjudicadores hagan referencia, en las especificaciones técnicas y en los criterios de adjudicación, a un proceso de producción específico, a un determinado modo de prestación de servicios o a un proceso concreto correspondiente a cualquier otra fase del ciclo de vida de un producto o servicio, a condición de que estén relacionados con el objeto del contrato público. A fin de integrar mejor las consideraciones sociales en la contratación pública, puede autorizarse también a los compradores a incluir, en el criterio de adjudicación de la oferta económicamente más ventajosa, características relacionadas con las condiciones de trabajo de las personas que participen directamente en el proceso de producción o la prestación de que se trate. Esas características solo podrán tener como objetivo proteger la salud del personal participante en el proceso de producción o favorecer la integración social de las personas desfavorecidas o los miembros de grupos vulnerables entre las personas encargadas de ejecutar el contrato, incluida la accesibilidad de las personas con discapacidad.

- Hay 100 ejemplos de que sí se puede. El último del segundo Ayuntamiento del país, el de Barcelona, mediante medida de gobierno aprobada por unanimidad del plenario, que introduce estas cláusulas sociales de forma obligatoria para todos los contratosm hace escasos quince días:

  1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Article 9. S'incorporaran als plecs de clàusules administratives les clàusules establertes en els article 11 i 12. Els esmentats criteris d'adjudicació -relacionats amb la contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral- resulten conformes amb l'article 150 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCPS); i els Fonaments de Dret 1 i 46 de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de març de 2004, sobre coordinació dels procediments d'adjudicació dels contractes públics d'obres, de subministrament i de serveis.

Article 10. Considerant que els criteris d'adjudicació han d'estar vinculats amb la finalitat del contracte, tots els plecs que incorporin criteris d'adjudicació de caràcter social inclouran expressament a l'objecte del mateix una referència a l'objectiu d'aquesta Instrucció: el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral. Serveixin a tall d'exemple: "Contracte d'obres a través de la contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral", o "Contracte de jardineria i d'inserció social de persones amb dificultats particulars d'inserció el mercat laboral".

Article 11. Contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral.

- S'establirà com a criteri d'adjudicació la contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral conforme als perfils descrits a l'article d'aquesta Instrucció, per sobre del percentatge assenyalat com a condició d'execució.

- A tal efecte, les empreses licitadores hauran de presentar una declaració jurada en la qual consti el nombre total de treballadors/as que empraran en l'execució del contracte i el càlcul individualitzat d'hores de treball anuals de cada treballador/a, assumint el compromís que estimin oportú per sobre de l'assenyalat com a condició d'execució.

- El present criteri d'adjudicació tindrà un barem que els òrgans de contractació estimaran entre 5 i 10 punts.

Article 12. Subcontractació d'Empreses d'Inserció, Centres Especials de Treball i entitats no lucratives o empreses mercantils que contractin persones amb discapacitat o en situació d'exclusió social.

- S'estableix com a criteri d'adjudicació la subcontractació - per sobre del percentatge assenyalat com a condició d'execució- amb Centres Especials de Treball legalment constituïts i registrats conforme al Reial Decret 2273/1985, de 4 de desembre; i/o amb Empreses d'Inserció constituïdes i registrades conforme a la Llei catalana 27/2002, de 20 de desembre, d'Empreses d'Inserció Sociolaboral, o la Llei estatal 44/2007, d'Empreses d'Inserció.

- Per tal de no vulnerar el principi de lliure concurrència, podran ser també beneficiàries de la subcontractació les entitats no lucratives i les empreses mercantils, sempre que compleixin el requisit legal establert per als Centres Especials de Treball i les Empreses d'Inserció, en el que es refereix respectivament a compondre les seves plantilles en al menys un 70% de persones amb discapacitat igual o superior al 33%; o al menys amb un 30% de persones en situació d'exclusió social conforme als perfils establerts a l'article 2 de la Llei 27/2002, de 20 de desembre, d'Empreses d'Inserció Sociolaboral.

- A tal efecte, el licitador haurà d'adjuntar una declaració jurada amb indicació de les partides concretes que té previst subcontractar, la seva quantia econòmica i el percentatge sobre el pressupost base de licitació, assumint el compromís que estimi oportú per sobre de l'assenyalat com a condició d'execució. A més, si fos possible indicarà nominalment el Centre Especial de Treball Empresa d'Inserció, o bé entitat o empresa mercantil que preveu subcontractar.
- El present criteri d'adjudicació tindrà un
barem que els òrgans de contractació estimaran entre 5 i 10 punts.

http://www.slideshare.net/Barcelona_cat/contractaci-pblica-responsa...

Hola Santiago, muchas gracias por tan fundada aportación. Hay otra duda sobre la compra de viviendas para alquiler social que precisa de orientación. No sé si podrás darle un vistazo.

Lo dicho, muchas gracias por participar.

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