¿Cómo afectará el incremento del salario mínimo y las revisiones salariales a los contratos en vigor?

Saludos a todos los que participáis en el foro de un recién llegado al mismo.

Soy gerente de una empresa de servicios contratista de las administraciones públicas tanto locales como autonómicas, con las que suscribimos normalmente contratos de servicios con duración habitual de 1 o 2 años prorrogables hasta un total de 4 años. En algún caso, se trata de concesiones, pero de muy corta duración.

El caso es que he podido leer las informaciones que hablan del acuerdo para intentar aprobar los presupuestos generales del estado con la inclusión de un significativo aumento del Salario Mínimo para el 2019, salario al que están sujeto las categorías salarias más bajas de algunos convenios sectoriales que utilizamos en algunas contratas. Además, tras unos años de paralización, son numerosos los convenios que van aprobando subidas salariales que son de aplicación a los trabajadores de contratas que tenemos actualmente lo que nos conlleva importantes problemas en contratos donde la mano de obra es el coste fundamental.

Teniendo en cuenta la nueva ley de contratos de 2017 y la Ley de desindexación de 2015 y su desarrollo de 2017, se hace imposible, en nuestro caso, la revisión del precios del contrato. Tampoco cabe el restablecimiento del equilibrio económico del contrato puesto que estas cuestiones salariales no constituyen causa para ello.

Además, partimos de precios muy ajustados puesto que, normalmente, los estudios de costes preparatorios del contrato, aunque puedan estar bien hechos, solo contemplan normalmente los costes salariales vigentes cuando se elaboran y no previsiones futuribles (pueden quedar, incluso, ya desfasados esos estudios cuando empiece a ejecutarse el contrato) y las bajas económicas ya suponen para la empresa un ajuste a la baja del presupuesto que te limita el margen de reacción.

Con la nueva Ley de contratos, se podría utilizar la posibilidad del desistimiento del contrato si se cumplen los requisitos pero, como normalmente nuestros servicios no pueden dejar de prestarse a los ciudadanos, la entidad contratante nos obligaría a seguir prestando el servicio hasta que hubiera un nuevo adjudicatario y, fácilmente, puede pasar un año hasta que pudiéramos desligarnos al llegar un nuevo adjudicatario, además de ser más eficaz para la administración mantener el contrato que tener que iniciar una nueva licitación.

En conclusión, mis preguntas son:

  • a) si hay alguna forma de evitar que un contratista tenga que seguir prestando un servicio aunque no le sea rentable hacerlo (sin incurrir este en posibles penalizaciones o inhabilitaciones)
  • b) si hay alguna forma de que se pueda revisar el precio del contrato o modificar este de manera que el contratista pueda asumir este incremento de costes sobrevenido.

Gracias.

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Respuestas a esta discusión

El "esquema" es estupendo, Miguel. Plantea alguna que otra salida, lo que es bueno, ya que este tema empieza a "apretarnos el zapato". Muchas gracias. 

Hay dos cuestiones Miguel que no has mencionado, creo: el principio de mantenimiento del equilibrio económico se aplica a los contratos que no sean de concesión, como son los de servicios (salvo, con matizaciones, a los privados); el legislador, ya con el TRLCSP, expresamente ha excluido el riesgo imprevisible como causa para restablecer el equilibrio económico, reduciéndolo a supuesto de fuerza mayor del art. 239 de la LCSP...

En esta enlace se puede acceder a un breve artículo mío sobre el tema, en el que me decanto por aplicar por analogía la previsión de los artículos 270.4.a) y 290.6.a) de la LCSP: posibilidad de renuncia al contrato por parte del contratista sin indemnización, cuando el incremento de costes supere el 5% del valor neto de la cifra de negocio por el periodo que reste hasta la conclusión del contrato, y mantenimiento del contrato sin compensación si no alcanza ese porcentaje.

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.487/relca...

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1100465

https://www.fiscalizacionlocal.es/ius-variandi-riesgo-imprevisible-...

Enlazo estos artículos sobre el factum príncipis de recomendable lectura.

Un saludo

Gracias!

No puede calificarse par alas EELL, una norma del Estado como factum principis, porque es un acato de otra Administración. Los arts.  290.4.b y 270.2.b lo dice literalmente, recogiendo la doctrina jurisprudencial y el Consejo de Estado, desde el dictamen 3.725/1948, repetido en todos los posteriores que hablan del tema, por ejemplo el 632/1994, en un caso un tanto similar, la devaluación de la peseta un 19%.

Los dos preceptos citado de la LCSP tiene una solución expresa para este caso: art. 270.4.a) y 290.6.a): desistimiento sin indemnización.

La cuestión es ¿se puede aplicar esta regla por analogía a contratos diferentes a los que se refieren esos artículos, en concreto a los contratos de servicios? ¿y  a los contratos suscritos con anterioridad a la LCSP? ¿y a los contratos privados de los entes que no son aapp? ¿ si no es un caso de factum principis, es un riesgo imprevisible??

Me ha llegado vía José Manuel Martinez el informe de la Abogacía del Estado 1/2019 (R- 33/19), lo dejo anexado. Parece que considera que no es aplicable la revisión de precios en los contratos administrativos por el incremento de costes laborales derivado de la subida del salario mínimo profesional.

Me parece que José Manuel no está de acuerdo. Está estudiando el tema y pronto nos dirá algo.

Archivos adjuntos

Fantástico, Guillermo. Gracias. Me temo que, salvo que se logre diseñar la cuadratura del círculo, jurídicamente hablando, los órganos de contratación se van a quedar en esa solución. Buen día. 

Veo que el informe, en una lectura general, no desciende a los PANAP y también veo que nos habla de la LCSP actual. Por lo menos yo, tengo peticiones de contratos que se regían por el TRLCSP que dictaminada diferentes cosas, por ejemplo el régimen jurídico de los contratos en lo que se refiere a ejecución y extinción, cuando el contratante es un PANAP, en el texto refundido, nos remite al derecho privado con excepción del artículo 107 pero en la LCSP lo cambia y nos dirije, la mayor parte de las veces, a la propia ley de contratos strictu sensu.

Me parece que el informe de la abogacía del estado no contempla ninguna de las dos cuestiones por lo que, aunque quedo agradecida por su puesta en conocimiento por Guillermo no me aclara mucho la verdad.

¿´Tenéis otra opinión?

No sé si la solución es buena, está claro que hay un incremento de costes laborales impuestos al contratista. Si lo hubiera sabido cuando presntó su oferta, seguro que no lo hubiera hecho. ¿Cuánto podrá aguantar el contratista en la ejecución del contrato?

Yo personalmente, no estoy de acuerdo con lo que nos esgrime la Abogacía del Estado, no entiendo eso de que no se considere un riesgo imprevisible y que el contratista lo tenga que soportar.

La conclusión del informe de la Abogacía del Estado, que puede ser válida para la Administración del Estado (aunque puede ser cuestionable la aplicación de la responsabilidad patrimonial de la Administración a un supuesto de sujeción especial contractual), no me parece que no puede extrapolarse mutatis mutandi al resto del sector público, y ello por dos motivos:

- Para los poderes adjudicadores no estatales, la decisión de la subida del SMI no es un factum principis, sino un riesgo imprevisible derivado de la «cláusula de progreso normativo».

- La LCSP 9/2019 da una solución expresa para los casos de progreso normativo o técnico para los contratos concesionales y ha de analizarse si esta solución es aplicable a los demás contratos de otro tipo y también a los anteriores a la LCSP

Me inclino por aplicar por analogía la solución de los artículos 270.4 y 290.6 de la LCSP, solución expresa para la evolución normativa que en parte refleja la doctrina legal al respecto.

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