¿Cómo afectará el incremento del salario mínimo y las revisiones salariales a los contratos en vigor?

Saludos a todos los que participáis en el foro de un recién llegado al mismo.

Soy gerente de una empresa de servicios contratista de las administraciones públicas tanto locales como autonómicas, con las que suscribimos normalmente contratos de servicios con duración habitual de 1 o 2 años prorrogables hasta un total de 4 años. En algún caso, se trata de concesiones, pero de muy corta duración.

El caso es que he podido leer las informaciones que hablan del acuerdo para intentar aprobar los presupuestos generales del estado con la inclusión de un significativo aumento del Salario Mínimo para el 2019, salario al que están sujeto las categorías salarias más bajas de algunos convenios sectoriales que utilizamos en algunas contratas. Además, tras unos años de paralización, son numerosos los convenios que van aprobando subidas salariales que son de aplicación a los trabajadores de contratas que tenemos actualmente lo que nos conlleva importantes problemas en contratos donde la mano de obra es el coste fundamental.

Teniendo en cuenta la nueva ley de contratos de 2017 y la Ley de desindexación de 2015 y su desarrollo de 2017, se hace imposible, en nuestro caso, la revisión del precios del contrato. Tampoco cabe el restablecimiento del equilibrio económico del contrato puesto que estas cuestiones salariales no constituyen causa para ello.

Además, partimos de precios muy ajustados puesto que, normalmente, los estudios de costes preparatorios del contrato, aunque puedan estar bien hechos, solo contemplan normalmente los costes salariales vigentes cuando se elaboran y no previsiones futuribles (pueden quedar, incluso, ya desfasados esos estudios cuando empiece a ejecutarse el contrato) y las bajas económicas ya suponen para la empresa un ajuste a la baja del presupuesto que te limita el margen de reacción.

Con la nueva Ley de contratos, se podría utilizar la posibilidad del desistimiento del contrato si se cumplen los requisitos pero, como normalmente nuestros servicios no pueden dejar de prestarse a los ciudadanos, la entidad contratante nos obligaría a seguir prestando el servicio hasta que hubiera un nuevo adjudicatario y, fácilmente, puede pasar un año hasta que pudiéramos desligarnos al llegar un nuevo adjudicatario, además de ser más eficaz para la administración mantener el contrato que tener que iniciar una nueva licitación.

En conclusión, mis preguntas son:

  • a) si hay alguna forma de evitar que un contratista tenga que seguir prestando un servicio aunque no le sea rentable hacerlo (sin incurrir este en posibles penalizaciones o inhabilitaciones)
  • b) si hay alguna forma de que se pueda revisar el precio del contrato o modificar este de manera que el contratista pueda asumir este incremento de costes sobrevenido.

Gracias.

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Respuestas a esta discusión

Hola, el otro día me llegó vía Charo Delgado la noticia de que la subida del SMI a 900 euros causa un terremoto en la contratación...

Creo que la discusión es muy oportuna para ir explorando alternativas o ideas, porque el problema está a la vuelta de la esquina.

Un saludo y muchas gracias.

Es innegable que va a suponer un nuevo alboroto, sobre todo a la hora de calcular los costes relativos a los contratos con alta importancia de la mano de obra que se liciten mediante tramitación anticipada (es decir, cuya ejecución comience el año que viene), porque, en su ejecución estará ya en vigor, presumiblemente, el aumento del SMI.

Lo adecuado será recurrir los pliegos  que se publiquen sin ese cálculo, para que se contemple la subida del primer año y sucesivos. No obstante, a las administraciones también nos atan las limitaciones presupuestarias, así que el tema no se presenta nada fácil.

El contratista deberá continuar prestando el servicio a no ser que consiga un acuerdo con la administración para la resolución del contrato mientras dure el plazo de ejecución establecido. Las prórrogas serán obligatorias si el preaviso de la misma se realiza con, al menos, dos meses de anticipación respecto del plazo de ejecución.

La revisión de precios solo podrá hacerse cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, y si está recogida en los pliegos, asi que tampoco...

Hola, el tema de la revisión de precios por incremento de gastos salariales es un tema muy rodado, y en principio es que no se permite revisión de precios por incremento de gastos salariales, y entraría dentro del concepto de riesgo y ventura que todo contratista ha de asumir cuando es adjudicatario.

Es mas, en el nuevo régimen de revisión de precios previsto para contratos que tengan una duración mínima de 5 años todo y que logréis aprobar la fórmula de revisión de precios de acuerdo con el reglamento de desindexación, no se permite incorporar un incremento en gastos salariales que supere el techo previsto para la función pública por la ley de presupuestos para ese año.

Dicho eso, habría que analizar a que se debe ese incremento salarial, ¿se deben a incrementos por necesidad de incorporar nuevos perfiles de trabajadores y con una habilitación o profesionalización en un ámbito concreto? si es así no es que se trate de una modificación del contrato por incremento de costes salariales, sinó por la conveniencia d'incorporar un perfil concreto de trabajadores que lo hacen conveniente por necesidades técnicas sobrevenidas que un poder adjudicador diligente no pudo prever en el  momento de la licitación.

Buenos días, me acaba de llegar esta noticia:

"El Gobierno abre la puerta a revisar las subcontratas públicas y compensarles por el alza del salario mínimo
Hacienda estudiará caso a caso y dará soluciones transitorias a las empresas con contratos en la administración que se vean muy afectadas por la subida de los sueldos".

Más aquí.

Es posible que en este supuesto entre el juego el viejo pincipio del "Factum Principis", por ser un desequilibrio producido unilateralmente por un acto de la administración. No se trata de un cambio de coste salarial por decisión entre empresarios-trabajadores, como consecuencia de un convenio colectivo firmado extra muros de la administración, que hasta ahora ha estado incluido en el concepto de "riesgo y ventura". Se trata de una decisión unilateral de la administración que  si provoca un "desequilibrio patrimonial no justificado", debe ser compensado. Dicho esto, se debería acreditar documentalmente por el licitador el "desequilibrio real" antes de proceder a cualquier modificación contractual.

Es una opinión muy provisional, que seguro que admite muchas opiniones en otro sentido.

Un saludo.

En nuestro caso, contrato de servicio de control acceso formalizado con TRLCSP, que vence a final de enero, prorrogable por 2 años. La contrata se niega a firmar prórroga sin no se incrementa el 22,3% de subida salario mínimo, ya que alega que el personal contratado está en dicho supuesto. Hemos solicitado autorización al Servicio de Contratación para prórroga con el incremento solicitado y aunque ellos si consideran adecuado esto ( hemos alegado que  con la subida no se produce un incremento del beneficio, sino que se mantiene equilibrio del contrato, que sería aplicable el principio del "Factum Principis", por ser un desequilibrio producido unilateralmente por un acto de la administración, etc.), dado que, además, no es por modificación del convenio, sino por un IMPERATIVO LEGAL (VS. informe JCCA 32/2019 de 10/01, a contrario sensu).

A pesar de esto, tanto la Asesoría Jurídica como la Intervención municipal, nos indican que lo entienden pero que no ven soporte jurídico para acceder a lo pretendido, a menos que, por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa haya un informe en este sentido. ¿Tenéis noticias al respecto, sobre si están en ello?., o noticias sobre como se está haciendo. Sí sé que esto se esa teniendo en cuenta para revisar contratos en algunos municipios...

Buenos días. No creo que un informe de una junta consultiva sea mucho soporte jurídico y tampoco se oye ninguna noticia respecto a cambios normativos en la Ley de contratos que, a lo mejor, ni podrían afectar a los contratos que se rijan por la antigua Ley. De todas maneras, la capacidad de la Administración en la interpretación de las Leyes es muy amplia y, por el bien de todos y del propio servicio que se presta los ciudadanos, no habría que dar lugar a llegar al contencioso, sobre todo porque las PYMES no tenemos los medios y el aguante de las grandes empresas para emprender estas batallas.

Por lo menos en el caso que menciona Enrique Muñoz existe una prórroga cerca (aunque no se si será o no de obligado cumplimiento por el contratista, que ese es otro tema). Mi empresa tiene contratas en la que hemos entrado en pérdidas desde el 1 de enero y nos quedan 2 años de contrato, a ver que hacemos.

Es alucinante la improvisacion, falta de planificación y evaluacion e inseguridad jurídica que tenemos en este nuestro maravilloso país. También no deja de sorprenderme lo poco que nos defienden a las PYMES nuestras organizaciones empresariales y como no están ya organizando medidas contundentes de protesta por parte de las empresas.

Pero es que, además, no solo estamos viendo la afectación a las empresas por la subida del salario mínimo. También se ha producido un importante aumento de las cotizaciones a la seguridad social y por acidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Además, los sindicatos ya estan proponiendo  otra subida importante del SMI para el 2020 con el agrado del Gobierno y, en las negociaciones de convenios vencidos, respecto a la subida actual, una subida proporcional de salarios en todas las categorías superiores a las que cobran el SMI (y tiene su lógica porque si un auxiliar infantil pasa ganar igual que un educador infantil sin tener la cualificación y responsabilidad de esta última categoría, el educador quiere una subida proporcional o que le pasen a auxiliar). A ver también que pasa con la inflación y con el amento de la economía sumergida, infracciones laborales y litigiosidad de todo tipo.

Que no se entienda, por favor, que los empresarios estamos en contra de que ganen más nuestros trabajadores (a mi, personalmente, me parece una miseria que un trabajador gane menos de 1000 € al mes netos). Lo que no se puede hacer es legislar en contra de la realidad de un país y pasarle el marrón de los problemas a las empresas.

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