Hola tenemos un contrato de suministro en el que exigimos para acreditar la solvencia, lo mínimo legalmente establecido:

  • Requisitos mínimos de solvencia económica y financiera: "Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, en los tres últimos años, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. La acreditación de este criterio se llevara a cabo a través de las cuentas aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil (o Registro Oficial correspondiente o, caso de empresarios individuales no inscritos en el R.M., libros inventarios y cuentas anuales legalizadas por el R.M.)

Una empresa de nueva creación nos plantea que empezó la actividad comercial comenzó en Enero de 2016 y que alcanza el volumen de negocio exigido, pero no pueden presentar su volumen de negocio en los dos ejercicios anteriores.

He estado viendo alguna resolución que dejo anexada. Se contempla la posibilidad, para conseguir la solvencia exigida en el pliego:

  • Artículo 75.2º. La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.
  • Sumar con la solvencia de otras empresas.

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Guillermo, no entiendo una cosa, si solicitáis el volumen anual de negocios, ni siquiera pueden acreditar el año 2016, ¿no? Entiendo que las cuentas anuales de 2016 no se van a aprobar y depositar hasta 2017. 

Igual lo estoy entendiendo mal, pero la única vía que veo, si esto es así, es que acrediten mediante la integración por medios externos (artículo 63) o a través de suma de solvencia...

Las empresas pueden siempre acreditar su solvencia con medios externos (excepto los "personalísimos") o por medio de la subcontratación, pero hay que ser exigente con la acreditación de que efectivamente puedan disponer de los recursos externos con los que dicen pueden contar. Pero con las empresas nuevas hay que tener un poco de cuidado no sean la forma de eludir una prohibición de contratar o que ralamente no dispongan de solvencia suficiente, lo que se traducirá en la calidad de lo ejecutado.
Esto de la solvencia no es algo exclusivo de la contratación pública: si vamos a hacer una reforma en nuestra casa ¿contrataremos a unos jóvenes que acaban de salir de un curso de FP de albañilería o buscamos empresas que sepamos han dejado satisfechos a clientes que conozcamos?

José Manuel, me parece interesante lo que apuntas en el último párrafo. 

En mi opinión, la administración ha de atender al interés general a la vez que garantiza los principios de libre concurrencia y no discriminación (cosas que, por cierto, también sirven al interés general). Las empresas que participan de una licitación ya saben a qué se atienen, no son pocas las prerrogativas de la administración, y es mejor tender a promover la participación de las empresas y profesionales en los procesos de contratación que limitar el acceso por cuestiones relacionadas con la antigüedad o similar.

Probablemente, esos jóvenes que salen del curso de FP albañilería vivirán el encargo como el más importante de sus vidas hasta ese momento, y lo que falté de experiencia lo compensarán con tiempo, responsabilidad (se juegan mucho) y empeño. Sin embargo, el experimentado sabe bien, por experiencia, que no todo el mundo queda igual de satisfecho, y que al fin y al cabo la vida sigue y "otros vendrán".

Opino que puede acreditar el volumen de negocios del año en curso haciendo valer los Modelos 303. IVA. Autoliquidación. que haya presentado durante el año.

También entiendo que cuando habla de "...los tres últimos años, que referido al año de mayor volumen de negocio..." no exige que tenga al menos tres años de historia, sino que limita a los tres últimos años y de estos al mejor. Si su mejor año esta en curso o a punto de acabar -como es el caso- parece razonable aceptar los impuestos pagados sobre la facturación como forma de acreditar su volumen de negocios.

Otra cosa será la solvencia técnica, pero eso ya es "harina de otro costal".

Hace poco comentábamos por aquí algo parecido/relacionado: http://www.contratacionpublicacp.com/forum/topics/solvencia-econ-mi...

Pero si se ha establecido como medio de acreditación las cuentas anuales, ¿cómo cambias el medio? Vería la opción que planteas si se hubiera previsto en el Pliego, pero, en principio, la cláusula parece taxativa al respecto y limita el medio de acreditación.

Estoy de acuerdo con aquéllo que no limita a tres años de historio pero sí a la presentación de las últimas cuentas anuales.

Marta, es cierto que lo que planteo no es ortodoxo, mi opinión es que el contratista puede ofrecer al órgano de contratación otros medios alternativos de acreditación cuando no pueda hacerlo con los previstos legalmente. Desde luego que corresponde al órgano de contratación valorar si es justificada la causa por la que no se aportan los previstos en el pliego o el artículo 75.1 TRLCSP y, si son apropiados los ofrecidos y/o aportados por el licitador en sustitución de aquellos.

El tema es sin duda delicado, fíjate que lo que defiendo se "tumba" con el 11.4.a del RGLCAP: "...volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos..." total, que excluye al año en curso, y tema zanjado. :-)

Pues mira, parafraseando a  Paco Umbral, esto me viene bien para hablar de mi libro, en este caso de mi artículo que, bajo el título Medios de acreditación de la solvencia: Ocho diferencias entre la regulación de la Directiva 2014/24/UE y la del TRLCSP, creo que próximamente publicará en OBCP. La segunda de las diferencias que se señalan en este artículo, se refiere precisamente al tema planteado, así que copio y pego (y tener en cuenta que el artículo da cuenta de otras siete más).

2ª) SEF. Admisión de otros medios de acreditar la solvencia económica y financiera en circunstancias excepcionales. Realmente llama la atención el devenir regulatorio de este asunto en la normativa española. En el año 2007, la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (Art. 64.2), reproduciendo casi literalmente lo establecido en la Directiva 2004/18/CE (Art.47.5), reconocía la posibilidad de que el licitador o candidato, “por una razón justificada” acreditase su SEF por medios distintos a los relacionados en la norma. En la práctica, mayoritariamente solía aplicarse este precepto en relación a aquellas empresas que, por ser de reciente creación, no les resultaba posible acreditar su SEF a través de la presentación de cuentas anuales y/o declaración el volumen de negocio exigido.

Pues bien, este apartado 2º del artículo 64, se incorporó a la primera versión del TRLCSP [Art.75.2], y en el permaneció hasta que, sin que se diese explicación alguna, [ni en la tramitación parlamentaria o en el preámbulo de la Ley 25/2013, ni en pronunciamientos de organismos con competencia en materia de contratación], el mismo fue suprimido por la modificación que introdujo en el texto refundido la Ley 25/2013. Ahora bien, esta modificación/supresión del año 2013, no se haría efectiva hasta el 5 de noviembre de 2015, por mor de la modificación introducida en la disposición transitoria cuarta del TRLCSP por la Ley 25/2013, y posterior aprobación del Real Decreto 773/2015, que modificó el reglamento de contratación y activo aquella modificación de la Ley.

Frente a esta supresión, la Directiva 2014/24/UE reproduce en su artículo 60.3, con mínimas diferencias, el texto de la Directiva 2004/18/CE y, en consecuencia, el que originariamente reflejaba el TRLCSP, estableciendo:

Cuando, por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el poder adjudicador, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.” (Art.60.3.2º pfo. D.2014/24/UE).

No cabe duda de que la normativa española actual rechaza toda posibilidad de acreditar la SEF por otros medios que no sean los señalados en el artículo 75 (“La SEF del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes…” -Artículo 75 TRLCSP).

Por lo tanto y en resumen, un importante precepto, plasmado en dos directivas y dos leyes, desaparece sin explicación alguna en el año 2013 mediante una modificación que entra en vigor a partir del 5 de noviembre de 2015. Ahora bien, en la práctica, tal supresión en ningún caso pudo ser (o debió de ser) efectiva. Desde el 5 de noviembre de 2015 al 18 de abril de 2016 por el efecto directo del artículo 47.5 de la Directiva 2004/18/CE y, desde el 18 de abril de este año por el efecto directo del artículo 60.3 de la Directiva 2014/24/UE.

La reclamación de este derecho por parte del licitador o candidato, cabe realizarla a través de la impugnación de los pliegos [ver resolución del TACRC que se cita más abajo]. A mi entender, también es posible hacerlo valer, sin necesidad de impugnar los pliegos, en el caso que el medio de acreditación exigido sea el volumen de negocio, y el operador económico hubiera cubierto el cuadro 3) del apartado B, de la parte IV), del Documento Europeo Único de Contracción (DEUC en lo sucesivo) [“Si no se dispone de la información sobre el volumen de negocios (general o específico) en relación con todo el periodo considerado, indíquese la fecha de creación de la empresa o de inicio delas actividades  del operador económico”].

Recientemente (15/07/16), la resolución del TACRC 586/2016, confirmo el efecto directo del artículo 60.3 de la Directiva vigente.

Anotar por último, que el Anteproyecto de la LCSP, sigue lo (no) establecido en el TRLCSP, ignorando como éste el contenido de la Directiva.

Creo que no funciona el hiperenlace a la resolución 586/2015 del TACRC. La anexo.

Archivos adjuntos

En el pasado mes de abril, con ocasión de la aplicación efectiva del efecto directo de la Directiva 2014/24/UE, analizaba en este artículo el desplazamiento del “restrictivo e ineficaz” artículo 75 del vigente TRLCSP, en materia de acreditación de la solvencia económica y financiera, por el artículo 60.3 y el Anexo XII, parte I, de la Directiva.

 

A través de otros varios artículos también he criticado los cambios recientes producidos en la legislación (en el 01/12/2014 y los más recientes del 07/09/2015 y 15/09/2015) –porque a mi juicio son irrazonables– y cómo es absolutamente ineficaz la acreditación de la solvencia económica y financiera con base en la cifra de negocios, la del patrimonio neto o la relación entre activos y pasivos (ver capacidad financiera del contratista y el caso TRAGSA y la huelga de recogida de basura en Madrid). ¿Acaso es sensato –con la que le está cayendo– aceptar la acreditación de la solvencia económica y financiera de ABENGOA, a través de su cifra de negocio, si no tiene garantía de ser respaldada por el Gobierno con avales?.

 

Ahora bien, con independencia que en el Anexo XII, parte I, de la Directiva –en mi opinión– sea más amplia la gama de medios para la acreditación de la solvencia económica y financiera –regresa la certificación bancaria (también ineficaz, a mi juicio) y los estados financieros o extractos de ellos (que no sirven para nada si no se analizan apropiadamente y se extraen las conclusiones adecuadas, porque para muestra tenemos los casos TRAGSA y ABENGOA)– conforme al artículo 60.3 de la Directiva ¿qué otro/s documento/s serían apropiados a discreción del poder adjudicador?, porque no se le limita, sino que tiene abiertos los que a su juicio considere apropiados.

 

Gracias a la Resolución del TACRC de 15/07/2016, que generosamente se nos ha facilitado, he confirmado el hecho que ya adelantaba en mi artículo del pasado mes de abril, por cuanto una manera apropiada que puede elegir el poder adjudicador para evaluar y acreditar la solvencia económica y financiera del licitador, cuando no lo pueda hacer por los otos medios disponibles, es aceptar como documento de prueba de la solvencia el informe financiero de los «Estados de Flujo de Efectivo», tanto los históricos –de los empresarios que dispongan de ellos– como los “previsionales” estimados (futuros) –que podrían presentar también las empresas de reciente constitución y que todavía no hayan completado un ejercicio para depositar cuentas anuales– durante el periodo previsto de ejecución del contrato; o se soliciten garantías de avales o compromisos firmes de concesión de créditos que financien sus operaciones durante dicho periodo de ejecución del contrato.

 

Este enfoque, no exento de complejidad, exige aplicar una innovación en las cláusulas correspondientes de los pliegos y en el procedimiento de calificación de acreditación de la solvencia económica y financiera por la Mesa de Contratación, porque genera la necesidad de contar, en las unidades de contratación que apoyan al poder adjudicador y en las mesas de contratación, con el asesoramiento de especialistas en materia financiera y contable que determinen, evalúen y analicen la documentación financiera (histórica y/o previsional) que deba ser presentada por los licitadores y emita un informe sobre su razonabilidad.

 

Aunque está previsto y lo he creado para evaluar la solvencia económica y financiera de los licitadores en contrataciones exentas de su acreditación (las comprendidas en la modificación del Reglamento General de Contratación por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto), este formulario, debidamente adaptado, puede utilizarse para analizar la evolución del flujo de efectivo y ser el “otro” medio alternativo para la acreditación de la solvencia económica y financiera que faculta el artículo 60.3 de la Directiva y el TACRC en su Resolución determina preceptivo.

 

Soy consciente que el enfoque que propongo no es fácilmente entendido y que genera recelos, pero creo firmemente que es el futuro en Europa, porque en las contrataciones federales del Gobierno de Estados Unidos ya lo practican.

 

Guillermo, no te estoy dando una respuesta a tu pregunta sobre la “acreditación de la solvencia económica y financiera de empresas de nueva creación”, porque creo que ya ha sido dicha anteriormente con mucho acierto y solvencia. Tampoco pretendo crear una doctrina a este respecto, porque sería pretencioso por mi parte y no soy nadie ni tengo la cualificación y ni el reconocimiento para ello. Simplemente, mi propósito, es dejar enunciada mi propuesta con el objetivo de alimentar, si lo consideráis, un debate que gire sobre esta materia y orientado hacia lo que debería ser en el futuro la acreditación eficaz de la solvencia económica y financiera, y no conformarnos con darle vueltas a lo es conocido y que ya tenemos.

Sobre el articulo al que me refería en mi entrada anterior: Medios de acreditación de la solvencia: diferencias (8) entre la re.... Hay una versión corta en la web, y una versión larga (7 páginas), en formato pdf.

Muchas gracias a todos por compartir vuestro tiempo, conocimientos y experiencias. Es un tema complejo que plantea dudas. Creo que habría que plantearse estas cuestiones cuándo se elaboran los pliegos.

En principios les voy a pedir que intenten acreditar la solvencia con medios externos.

Me ha gustado la comparación con la FP y la visión de Luis del alumno "nuevo".

Muchas gracias a todos.

Hola Guillermo.

Aunque hayas tomado la decisión de pedir a estas empresas de reciente constitución que acrediten la solvencia económica y financiera con medios externos, te propongo otra solución –a ver qué te parece– para que la lleves a la práctica, porque pienso que es factible.

Partiendo de la premisa de que el candidato a la licitación debe contar con recursos financieros suficientes para ejecutar el contrato, o tener la capacidad de obtenerlos, te propongo lo siguiente:

 

La acreditación de la solvencia económica y financiera debe consistir en que el órgano de contratación obtiene la evidencia aceptable –que no significa absoluta– acerca de la posibilidad de que el licitador ya tiene en la actualidad o puede obtener en el futuro los recursos suficientes para la ejecución del contrato. Esa evidencia aceptable puede consistir en el compromiso, o acuerdo explícito, de que tendrá los recursos financieros suficientes para desarrollar todas las operaciones productivas que demanda la ejecución del contrato. Este compromiso puede efectuarse mediante una “declaración responsable” o a través del DEUC (documento europeo único de contratación) y que sirve como alternativa para la acreditación de la solvencia económica y financiera “por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado” referido en el artículo 60.3 de la Directiva 2014/24/UE. El cumplimiento de este compromiso deberá ser acreditado en el mismo periodo de plazo que el establecido para la demostración del resto de las obligaciones de la capacidad para contratar (por ejemplo, estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, etc.) y con los mismos efectos.

 

La demostración de que se tiene el recurso financiero preciso para las operaciones de ejecución del contrato se realizará mediante la aportación de la siguiente documentación:

(1) Escritura (modificación de Estatutos) de ampliación de capital, que habrá sido completamente desembolsado, y con el extracto bancario de la cuenta de la sociedad que recoge los fondos de la ampliación; y/o

(2) Contrato de préstamo y/o póliza de crédito suscrito con una o varias entidades financieras y el extracto bancario de la cuenta de la empresa en la que el banco haya efectivamente depositado dichos fondos.

Espero que esta sugerencia te resulte de utilidad. Ya me contarás y te agradecería que compartieras el resultado, si te decides por esta solución.

Un saludo

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