Buenos días,

Los 'ratones de biblioteca' ya tenemos cartón para roer, aquí os dejo el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público (versión de Noviembre 2016) que ha remitido el Gobierno al Congreso de los Diputados, así como la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.

Aún está sin calificar por la Mesa del Congreso, ni publicado en su web.

Habrá que estar atentos a la tramitación parlamentaria.

Enviado por Francisco Cano a INAP Social.

PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO

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Gracias Javier. A estudiar.

Gracias Javier, iremos comentando.

Gracias Javier. A ver que nos depara.

Dejo también el Proyecto de Ley preparado para imprimir a doble cara (PROYECTO_LCSP_NOV16_v04.pdf)

Uyyy, qué bonito.

Hola a todos, ha publicado hoy José María Gimeno su valoración del Proyecto Ley Contratos Sector Público desde la perspectiva de la integridad y prevención de la corrupción.

Valoraciones a favor y en contra de una autoridad nacional en materia de contratación pública.

Coincido plenamente en que "la profesionalización y capacitación de los gestores públicos debe ser la principal palanca del cambio" de la contratación pública actual.

Pinchar aquí.

Efectivamente, en tu último párrafo estoy completamente de acuerdo, mas cuando se incide en la eliminación de la visión burocrática en favor de una mas estratégica.

Aun no tengo una opinión sobre la autoridad nacional... no lo tengo nada claro, digamos que le doy un margen de confianza.

Lo de los poderes adjudicadores no administración pública no tiene nombre, yo es que lo leo y no doy crédito... De un coladerito han hecho un embudo de boca ancha, que sirve para canalizar el líquido en un sentido, no para sujetarlo, ni para filtrarlo... Y según sean las instrucciones el embudo puede asumir el caudal de la manguera de los bomberos. Más aún, hay que tener en cuenta que en estos poderes adjudicadores generalmente no hay funcionarios. Hay personal vamos a llamarlo "normal", al que se puede despedir con facilidad y a veces por poco dinero. Hablando claro, es mucho mas fácil de amenazar ¿se les va a pedir a estos una lucha activa contra la corrupción?.

Además la ley avanza solo en transparencia poniendo en valor PLACE, pero los menores siguen en un cierto limbo...

En fin, veremos que pasa en la tramitación parlamentaria, aunque yo espero que salga tal y como está. Iremos viendo las enmiendas que se proponen, de todas formas.

NO CREO QUE SEA BUENA IDEA LO DE LA AUTORIDAD NACIONAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN,  YA EXISTE SUFICIENTE DERECHO ADMINISTRATIVO Y TRÁMITES CON LO QUE TENEMOS AHORA,

SALUDOS,

Muchas gracias Javier. Hay que ponerse las pilas.... como si no las tuvieramos permanentemente puestas, puesto que estamos más que acostumbrados a la actualización normativa y los cambios. Me sorprende el discurso que recibimos en las jornadas a las que asistimos y la clara diferencia con el resultado de la realidad del texto proyecto de LCSP. Como PANAP nos exige un plus.

Ya lo comente hace unos días en el foro del INAP, me sorprende mucho que se hayan introducido de nuevo las Instrucciones Internas de Contratación para los PANAP, cuando en las versiones anteriores se habían eliminado estableciendo el procedimiento simplificado como procedimiento general para los NO SARA de estas entidades. Me pareció un acierto dada la gran cantidad de Instrucciones Internas de Contataicón y procedimientos de adjudicación que en ellas se regulan, causando grave indefensión a los licitadores y, como ya decía José María Gimeno Feliu, una grave fragmentación del mercado.

Pero parece que no hay una voluntad de trasnparencia por parte de la clase política premitiendo de nuevo esta fragmentación. El hecho de unificar los procedimientos de adjudicación para los PANAP no solo hubiera sido acertado de cara a los licitadores, sino que a los gestores de contrataicón nos hubira facilitado muchísimo el trabajo .

Gracias Javier.

En este momento, mi comentario al Proyecto de LCSP se dirige a señalar el aspecto del "precio" de los contratos –artículo 102.7 del proyecto, que se transcribe íntegramente del 87.5 del (todavía) vigente TRLCSP y que tiene su origen en el lejano artículo 75.5 de la LCSP de 2007–, porque creo que es una de las claves para atajar (quizá cortar de raiz) una de las lacras que asolan la contratación pública, que es la corrupción. Pero siendo este un problema muy grave, la lectura de este artículo deberíamos hacerla en positivo, por cuanto con su aplicación se puede contribuir a realizar compras públicas con eficacia, eficiencia, transparecia, igualdad de trato y no discriminacion.

Nos preocupa la contratación menor –y debe ser así–, pero los grandes pozos de la corrupción están en casos –como los citados por Gimeno– de ACUAMED, NOOS, Palma Arena y, por citar el último, las obras del AVE a Murcia. Es decir, en esa "red" que se ha tejido para hacer una administración "paralela" (de todas las Administraciones) que gestiona un enorme caudal de recursos públicos.

Quiero señalar la trascendencia de este artículo 102.7 en el hecho de la importancia de la frase nueva que incluye, en relación con los dos anteriores: "En los contratos celebrados con precios provisionales no cabrá la revisión de precios". ¡¡Cuánto ahorro habría si en los contratos que se adjudican en procedimientos con negociaciones (o en abiertos con un único licitador), hubiera en ellos realmente negociaciones, se estableciera un precio máximo y el definitivo se determinara por el coste reembolsable que sea admisible (previa auditoría del coste incurrido) y para el beneficio se hubiera acordado una metodología de cálculo, también comprobada!!.

Lo que todavía es opcional, debería convertirse en obligatorio. No hay más que eliminar un adverbio ("excepcionalmente") y cambiar la acción del verbo: "pueden" por "deben". Aun hay tiempo de corregirlo en las Cortes.

Claro, que como también ya ha sido advertido y señalado por muchas presonas, hace falta darle una vuelta a la profesionalización de la contratación pública. Y, digo yo, también hay perderle el "miedo" a negociar con transprencia, aunque eso exija un esfuerzo extra de tiempo y de recursos.

Aunque no es la misión principal de la auditoría de contratos –es decir, su objetivo principal es el de realizar los controles documentales y sobre el proceso de producción que el adjudicador efectúa ("podrá efectuar", dice textualmente la letra c del artículo 102.7 del Proyecto de Ley) sobre los elementos técnicos y contables del coste de producción–, si que contribuye a desvelar a tiempo situaciones en las que hay fraude, corrupción y conflictos de intereses. Además, previene y evita ese "coladero" que son los modificados de los contratos para meter sobrecostes, porque debería ser obligatorio somerter a la auditoría de contratos los modificados sobre todo cuando se adjudican directamente al mismo contratista adjudicatario del pricipal.

Este proyecto de Ley, con todos sus defectos, en mi opinión también continúa proporcionando algunas oportunidades para mejorar la contratación, solo hay que ponerlas en práctica.

Un saludo

Añado, que cuando me refiero a los procedimientos con negociaciones –negociado, diálogo competitivo y asociación para la innovación– en ellos tiene que haber publicidad y, en la medida de lo posible, concurrencia

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