Me ha llegado vía Javier Piriz la Resolución 104/2018, de 22 de octubre, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. Anulan unos pliegos porque no se regula la licitación electrónica. Resumo:

  • El recurrente alega que procede la admisión del recurso, dado que se basa en cuestiones de nulidad de pleno derecho, como son la existencia de vicios del procedimiento por defectos en el modo de presentación de las ofertas (prohibición de presentación electrónica) y la nulidad de uno de los criterios de adjudicación...
  • El órgano de contratación alega sobre esta cuestión:
    • Que, “habida cuenta del escaso tiempo de adaptación otorgado por la [LCSP] para la adaptación de los protocolos y procedimientos de contratación”, concurriría en el Ayuntamiento el supuesto previsto en la letra c) del apartado 3 de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP (“Cuando la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos especializados de los que no disponen generalmente los órganos de contratación”). 
    • Que esta situación no solo se ha producido en el ámbito de la contratación pública, sino también de la administración electrónica en generalcomo lo demuestra la publicación del Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que modifica la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), en el sentido de diferir por dos años (hasta el 2 de octubre de 2020) la entrada en vigor de las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico.
    • Que tales previsiones resultarían aplicables a la legislación en materia de contratación pública, máxime cuando el plazo de adaptación a la contratación electrónica ha sido escasamente de seis meses (no de tres años, como en el caso de la administración electrónica) razones por las que se haya considerado necesario utilizar medios distintos de los electrónicos”.
    • Que, de mantenerse la obligatoriedad de la presentación electrónica de ofertas (fijado por la Resolución 632/2018, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales –TACRC-), “se estaría imponiendo de facto a la Administración local contratante la utilización de una determinada plataforma electrónica de contratación [la plataforma de contratación del sector público] mediante la imposición de un plazo de adaptación inasumible”.
    • Por ello, considera que una interpretación amplia del apartado 3.c) de la disposición adicional decimoquinta “correcta y acorde al orden constitucional de competencias y al principio de garantía institucional de la autonomía local y al tenor de la STC 55/2018 permite, sin embargo, entender que el Ayuntamiento (…) aún carece de los equipos ofimáticos especializados de los que no disponen generalmente los órganos de contratación, entendiendo por aquellos el software propio que permita su adaptación a la Ley 9/2017”.
  • El TARCYL considera que:
    • Por tanto, teniendo en cuenta el carácter de ley especial de la LCSP y, en todo caso, dado que la Directiva ha fijado como límite temporal máximo para la aplicación de las previsiones sobre presentación electrónica de ofertas el 18 de octubre de 2018, ha de concluirse que la disposición adicional decimoquinta no se ve afectada por el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, y que su aplicación no se ve diferida por la entrada en vigor de esta última norma.
    • Sobre la concurrencia de la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 de la disposición adicional decimoquinta.
      • Esta letra c) dispone que “los órganos de contratación no estarán
        obligados a exigir el empleo de medios electrónicos en el procedimiento de
        presentación de ofertas en los siguientes casos: (…) c) Cuando la utilización
        de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos especializados de los que 
        de las excepciones recogidas en la citada disposición adicional Ley y así se justifique debidamente por el órgano de contratación.
      • Dicha disposición adicional decimoquinta transpone el artículo 22.1 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública. El considerando 52 de la Directiva señala que “debe hacerse obligatoria (…) -tras un período transitorio de 30 meses- una comunicación totalmente electrónica, lo cual significa la comunicación por medios electrónicos en todas las fases del procedimiento, incluida la transmisión de solicitudes de participación y, en particular, la presentación (electrónica) de las ofertas”. En consonancia con ello, el artículo 90.2 de la Directiva permitía a los Estados miembros diferir hasta el 18 de octubre de 2018 la aplicación del citado artículo 22.1, esto es, la obligatoriedad de exigir el empleo de medios de comunicación electrónicos en el procedimiento de presentación de ofertas.
      • Sin embargo, la LCSP no solo no ha previsto aplazamiento alguno para dicha obligación, sino que ha previsto de manera expresa la entrada en vigor de su disposición adicional decimoquinta desde el 9 de marzo de 2018.
      • Y así resulta también de la Exposición de Motivos de la propia LCSP, cuando declara “la decidida apuesta que el nuevo texto legal realiza en favor de la contratación electrónica, estableciéndola como obligatoria en los términos señalados en él, desde su entrada en vigor, anticipándose, por tanto, a los plazos previstos a nivel comunitario”.

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Ya son varios los pronunciamientos tb del TARC en el mismo sentido, desde la 632/2018 el último del pasado 13 de septiembre (808/2018), y tres ICCAPE (1, 2 y 71), así que no nos queda otra a los rezagados que apretar el acelerador para licitar solo en formato electrónico, bajo pena de nulidad en caso contrario... Y por supuesto a los empresarios a aprender a colgar sus ofertas electrónica al menos en la PCSP y en las plataformas que utilicen las entidades con las que suelan contratar...

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