Discrepancias entre Tribunales sobre la utilización de convenios colectivos de seguridad como criterios de adjudicación.

Buenos días:

Me gustaría recabar información de la opinión de los miembros de la comunidad que hayan sufrido o disfrutado recientemente con las opiniones dispares que presentan distintos Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales sobre la utilización, bien como criterios de adjudicación o bien como obligación sine qua non para licitar, de la aplicación de convenios estatales en lugar de convenios de empresa.

  • En el ámbito laboral no hay discusión posible porque el artículo 84.2 del  Estatuto de los trabajadores y el artículo 81 del Convenio Estatal de Vigilancia dan preponderancia al convenio de empresa. 
  • Pero cuando nos ponemos a tramitar una licitación para contratar, por ejemplo, el servicio de vigilancia de nuestras dependencias, dependiendo del tipo de Administración o incluso Comunidad Autónoma a la que pertenezcamos o, lo que es lo mismo, el criterio del Tribunal que, llegado el caso, pueda revisar nuestras actuaciones por la vía del recurso, las reglas del juego son totalmente distintas.
    • Así, si perteneces a un organismo de la Comunidad de Madrid, cuyo Tribunal entiende que se pueden utilizar como criterio de adjudicación de tipo social, la aplicación de las tablas salariales establecidas en el Convenio Estatal, tienes más margen de maniobra para establecer criterios que dificulten que la adjudicación se la acabe llevando una empresa que aplica unos convenios de empresa con unas tablas salariales muy inferiores ( a veces hasta el 40%) al Convenio Estatal.
    • Pero si por el contrario, se trata de un Organismo de la Administración Estatal, tienes que cuidarte muy mucho de considerar como criterio de adjudicación de tipo social una de las condiciones de trabajo de los trabajadores subrogados más importante como es el salario que se les aplique, porque si lo haces tienes la certeza de que la empresa, que ya conoce el criterio del Tribunal, presentará recurso y que el Tribunal te dejará sin licitación porque considerará que estos criterios “No son ajustados a derecho”. Si además tenemos en cuenta que esta circunstancia suele derivar en protestas y manifestaciones de los trabajadores y que buena parte de estos convenios de empresa tienen sentencias de anulación o inaplicación que mientras se pierden en el entramado de la firmeza impiden su ejecución podemos concluir que la situación de  estos últimos organismos en, cuando menos delicada.

Por último, otra cuestión relacionada directamente con lo anterior. Se trata de la justificación de una baja temeraria por la aplicación de un convenio de empresa. En la nueva Ley de contratos parece que ya está resuelto este tema con la obligación de aplicar el convenio sectorial (que en este caso sería, entiendo, el estatal), pero mientras no entre en vigor, el Tribunal Central sigue manteniendo el criterio de que se puede aplicar el convenio de empresa, aunque esté anulado, pues, aunque reconoce la ejecutividad de las sentencias en los procedimientos de impugnación de convenios colectivos, se apoya en el artilugio legal ( y válido) de que la ejecutividad provisional se solicite por los interesados, lo que habitualmente, desconozco el motivo, no ocurre.

un saludo a todos y buen fin de semana

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Igual ya la conoces. Te dejo el link de la sentencia del TSJ en la que se impugna la Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP) no 16/2.016 de 3 de Febrero, y estima el recurso en cuanto al criterio:

a) Por el compromiso de aplicar durante toda la vigencia del contrato a los vigilantes que realicen la prestación del servicio de vigilancia y seguridad objeto del contrato, el Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad vigente (o el texto que le sustituya) en todo lo relativo a retribuciones....15 puntos”.

Dice el Tribunal que “además de no ofrecer una directa relación con el objeto del contrato en términos de comparación con los criterios de valoración recogidos en el artículo 150.1 del TRLCSP -que tampoco se justifica por el órgano de contratación según se apunta en la resolución del TACP impugnada-, supone una manifiesta e indebida injerencia en el ámbito de la regulación salarial de los trabajadores, que ha de quedar excluido de los criterios de valoración de ofertas a efectos de la adjudicación de un contrato por cuanto que si la empresa cumple con los parámetros retributivos establecidos correspondientes a sus trabajadores, no hay razón objetiva para primar la aplicación de una u otra regulación de salarios”

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8097051&links=%22Ayuntamiento%20de%20Madrid%22%20objeto%20contrato%20%22Tribunal%20Administrativo%22&optimize=20170714&publicinterface=true

 

 Pero ahora si se contempla como criterio de adjudicación en la nueva ley, así que veremos qué pasa.

Hola José Antonio, Pilar se maneja bien estos temas. Vamos a ver si algún experto más en clausulas sociales se puede pasar y dar su opinión.

En cuanto a las discrepancias que comentas la nueva LCSP dice en su Disposición adicional vigésima tercera. Coordinación entre los órganos de resolución de recursos especiales en materia de contratación. "Los diferentes órganos de recurso que sean creados acordarán las fórmulas de coordinación y colaboración más adecuadas para favorecer la coherencia de sus pronunciamientos y para la unificación de su doctrina en relación con las cuestiones que sean sometidas a su conocimiento. Dichos órganos podrán además proponer los ajustes normativos y recomendaciones que resulten pertinentes para un mejor funcionamiento de los mecanismos de recurso previstos en la normativa sobre contratos públicos".

Un saludo y buena mañana.

Para preparar los pliego ha de utilizarse, en mi opinión, el convenio sectorial. Ahora lo ha dejado claro la LCSP tras el rechazo de las enmiendas del Senado que pretendía dejarlo como "convenio aplicable". Unas empresas pueden haberse descolgado del convenio sectorial, pero otras pueden tenerlo más elevado (ej. en RSU), por ello creo las AAPP debemos hacer los estudios y los pliegos sobre el convenio de mayor ámbito.

Durante la vida del contrato las empresa y trabajadores tiene libertad para negociar su convenio, y las entidades contratantes no deben interferir en ello. Las normas de las DF vascas tratando de impedir la aplicación del fin de la ultra actividad de los convenio fue anulada por los Tribunales.  Otra cosa es tratar de "desincentivar" el descuelgue del convenio tenido en cuanta para la adjudicación, considerándolo ruptura del equilibrio contractual en favor del contratita y aplicándole un descuento en el precio...

Prever como condición de ejecución el mantenimiento de un salario determinado creo que es cuestionable. La 

RTACRC 663/2017 de 21 de julio de 2017, anuló con entender que carecía de vinculación con el objeto del contrato prever como condición de ejecución en un contrato de servicios la obligación de asumir las retribuciones del convenio nacional durante la vida del contrato. Pero el ATARC de Madrid 196/2017, de 5 de julio, lo había admitido. El TJUE en la st de 17 de enero de2015 tb admitió la validez de establecer un salario mínimo.

A mi me parece que es un injerencia en la libertad de negociación colectiva que puede volverse contra los propios trabajadores a los que se quiere favorecer, porque el empresario tendrá esa excusa para no subirles los sueldos.

Buenos días:

Sobre este tema el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid acaba de publicar una resolución (nº 309/2017), donde se desestima un recurso contra los PCAP en cuanto a la inclusión como criterio de valoración del compromiso de sumisión al Convenio Colectivo Sectorial aplicable.

El TACPCM tiene un buscador de resoluciones en su web: http://www.madrid.org/es/tacp/busquedaresoluciones

Sobre el tema de seguridad se puede buscar en objeto: "seguridad"

Un saludo.

Muchas gracias a todos;

A pesar de la Sentencia que menciona Pilar, el Tribunal de Recursos de la Comunidad de Madrid parece que sigue en su línea, lo cual parece correcto y adaptado a la tendencia actual.

No conocía la Disposición adicional vigésima tercera de la nueva Ley que menciona Guillermo, pero viene fenomenal en orden a unificar unos criterios que en algunos casos son totalmente dispares.

El caso concreto por el que planteé este tema es la licitación que tengo en curso, en la cual, después de mucho meditar no utilicé el criterio de aplicar el Convenio Estatal porque el Tribunal  que revisaría nuestros actos en el más que seguro supuesto de que se recurrieran los pliegos (TCARC), lo viene rechazando de forma sistemática. Pero solucionado este problema se presentó el de que la oferta económicamente más ventajosa, incursa en presunción de temeridad por un ínfimo 0,15 %, vincula la viabilidad de su oferta a la aplicación de un convenio de empresa anulado por la Audiencia Nacional y dictada su inaplicación en el caso de 6 trabajadores por dos Juzgados de lo Social, circunstancias ambas que me temo no va a considerar suficientes el citado Tribunal, por cuanto las sentencias carecen, de momento, de firmeza. No obstante, estoy estudiando la posibilidad de rechazar la justificación presentada por la empresa, amparándome para ello en que la misma considera como un hecho cierto que el fallo de los respectivos tribunales va a producirse en el sentido de revocar la anulación por la Audiencia Nacional e inaplicación por los Juzgados de lo Social del convenio que sirve de base para el cálculo de sus costes salariales, por cuanto no incluye previsión económica alguna para afrontar los costes ni siquiera de una sola de las tres sentencias actualmente en su contra, cuando en realizad esta circunstancia depende de factores externos y ajenos a la voluntad de la empresa, con lo que se puede poner en entredicho la viabilidad de la oferta, existiendo un riesgo cierto que impide garantizar el cumplimiento del contrato con la justificación aportada. No sé qué pensáis vosotros al respecto, pero me parece que no hay otra salida y que el riesgo de que se estime un hipotético recurso contra la excusión es alto, pero puede merecer la pena intentarlo.

Es una pena que no esté ya en vigor la nueva Ley. En lo que respecta a estos temas de las cuestiones laborales de los contratos de servicios que realizamos, mejora mucho, en mi opinión, con respecto al TRCLSP.

Hola, a mi se me ocurre que se podría exigir la aplicación de un convenio provincial o estatal, no de empresa, estableciéndolo en los pliegos administrativos con una condición especial de ejecución, creo que encaja en el 118 TRLCSP, también atribuirle el carácter de obligación contractual esencial, del apartado 2, luego lo de siempre, controlar que no se les aplica el convenio de empresa a los trabajadores y si es así penalidades o rescisión.

saludos

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