Criterios Sociales y Medioambientales como criterios de adjudicacion o solvencia?

Hola a todos,  

Respecto al art 1 de la Ley, impone sin lugar a dudas que deben regir como criterios de adjudicación ( ¿también como criterio de solvencia? ) aspectos sociales, medioambientales e innovadores, la ley lo regula como una obligación, pues incluye dentro del contenido mínimo que deben reunir los pliegos estas consideraciones sociales, laborales y ambientales, cuyo incumplimiento provoca la resolución anticipada del contrato.

"Siempre que guarden relación con el contrato", esa frase es muy bonita a la vez que vacía y abstracta.

Por tanto como solvencia entiendo que sino se cumple dicho criterio que solicita el Órg. de Contratación es imposible poder ser adjudicatario de la licitación.

Como criterio de adjudicación ( por ejemplo una licitación para recogida de residuos urbanos y sustitución de contenedores, solicitar la certificación de que los contenedores han sido fabricados con material reciclado) tendría que ser una certificación única o podría ampliar con el término "equivalente".

Sino lo amplio con "equivalente" estaría quebrantando la concurrencia perse uno de sus principios que rigen la contratación pública pero con el termino anteriormente indicado quedo expuesto a que las certificaciones equivalentes hayan sido expedidas por a saber quien...y se cuele un licitador que posteriormente sea adjudicatario.

¿Qué límites tienen estos criterios ya sea en solvencia o como criterio de adjudicación?

He visto dos pliegos de la JA con la nueva Ley y ninguno de ellos establece ni como solvencia ni como criterio de adjudicación dichas cláusulas sociales ambientales e innovadoras a pesar de que en distintos artículos como 122,145 y 202 entre otros, establece como prioridad que debe ir incluido al menos uno de ellos como criterios para poder adjudicar en relación a la mejor calidad-precio.

Agradecería si alguien tiene conocimiento de algun pliego con la nueva Ley que tuviese estas causas que expongo para poder guiarme mejor.

Gracias a todos. Un saludo.

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Respuestas a esta discusión

El art. 1.3 exige tener en cuanta criterios sociales, medioambientales, de fermento de la innovación y facilitar la participación de las pymes en las tres fases de la contratación, En mi opinión, eso no quiere decir que se deben forzosamente incluir como criterios de solvencia o de valoración siempre. Se puede cumplir con ese mandato en la elaboración de la los pliegos, como indican los artículos 14 y 126 y al determinar el valor estimado (101.2). Como criterio de solvencia los arts. 89.1.d, 89.1.c) y g), 90.1.c) y f) y 90.2 y 3, por ejemplo, señalan criterios de solvencia social, medioambiental y de innovación.

Como criterio de adjudicación, previsto en el a145.2 como antes en el 150, tiene en mi opinión, más riesgos: limita la concurrencia, en especial de las pymes, al tener que elaborar uno documentos (por ejemplo un "plan social" o un "plan ambiental") que lleva tiempo y requiere ciertos conocimientos; puede que la mejor oferta en conjunto no haya ofrecido las ventajas sociales, ambientales y/o de innovación mejores o más convenientes; y finalmente, resulta más difícil verificar su cumplimiento, pues no es inusual que las ofertas técnicas se vuelven a meter en el sobre y no nos ocupamos más de ellas en fase de ejecución. Me parece por ello, en general, suficiente confiar los criterios sociales y medioambientales en esta fases a los criterios de desempate y a la exclusión por temeridad, que como criterio de valoración de las ofertas. No es infrecuente ver criterios sociales o medioambientales que jurídicamente no son válidos por suponer "umbrales de saciedad" del tipo si/no, como el que se indica en relación a los contenedores.

Creo que lo más efectivo es ser exigentes en condiciones especiales de ejecución, imponiendo más de una (mínimo 1 que exige el 202), pero sin exagerar: han de tener un coste que no desvirtúe el valor estimado del contrato y que sea asumible en el mismo, un efecto claro en la eficiencia social de lo que se contrata y han de ser fácilmente verificable su su cumplimiento para el órgano de contratación.

Un saludo

. Recordamos que los criterios de solvencia analizan empresas, los de valoración ofertas. Como criterio de solvencia social o medioambiental puede pedirse determinado certificado a la empresa o determina experiencia

Comparto tu misma opinión respecto a que las pymes (7-10 trabajadores) que se presentan a licitaciones tienen mas complicado elaborar y presentar un plan social o medioambiental..en cierto modo puede limitar la concurrencia, ya que se interpreta que la Ley quiere dar mas notoriedad a las pymes pero con esta redacción solo veo que puede ocasionar impedimentos.

Ejemplo: una licitación para controlar plagas en un municipio...las empresas que se presentan son cercanas con no mas de 10-12 trabajadores, creeis que una empresa "familiar" de pocos trabajadores tendrá un plan social o de igualdad de género o mas importante dentro de su sector, un plan medioambiental? creo que no, y elaborarlo si es que lo hacen les llevará tiempo y sino lo producen estan fuera de la licitación si lo impones como solvencia y como criterio de adjudicación estarían a la cola de la clasificación de ofertas...

Un saludo.

En efecto no tiene ningún sentido exigir un Plan de Igualdad (obligatorio para empresa con más de 250 personas), cuando la previsión sea que concurran Pymes. No obstante, disiento respecto a que dicho contrato no sea apto para incorporar cláusulas de género, pues si se redactan y eligen bien las cláusulas resultará completamente idóneo para incorporar criterios de adjudicación relacionados con la igualdad de mujeres y hombres (en ese caso requisitos de solvencia técnica entiendo que no proceden).

El objetivo siempre debe ser que las empresas licitadoras se replanteen y mejoren sus políticas de igualdad y que el adjudicatario ofrezca una valor añadido a la prestación en materia de género. Pero siempre dimensionando el importe y la prestación, de forma adecuado. Por eso, insisto, no es coherente valorar un Plan de Igualdad, pero sí lo sería valorar acciones de mejora de manera proporcional. Por ejemplo, se pueden valorar los siguientes compromisos, perfectamente asumibles por pymes y micropymes, y de las que no resultan discriminadas:

  • Compromiso de elaborar un análisis sobre la situación de igualdad de mujeres y hombres en la empresa, en su plantilla o entre las personas beneficiarias del contrato y compromiso de realizar al menos una acción de mejora.
  • Diseñar e impartir formación de al menos cinco horas en materia de igualdad para la plantilla que ejecuta el contrato.
  • Compromiso de acreditar por medio de TCs que no existe discriminación salarial entre hombres y mujeres en la plantilla que ejecute el contrato.
  • Compromiso de que en la plantilla que ejecute el contrato habrá al menos un 40% de mujeres.
  • Designación de una persona de la plantilla como responsable en materia de igualdad.
  • Aprobación de un protocolo o medidas específicas para prevenir y hacer frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el trabajo.
  • Aprobación de un protocolo específico para el empleo de lenguaje de género.

Son solo unos ejemplos, nada gravosos, en absoluto discriminatorios, que ofrecen resultados positivos, que generan una cultura de igualdad, que lanzan un mensaje de coherencia y responsabilidad, y que plantean un proceso de mejora en las empresas licitadoras y adjudicatarias.

Saludos de nuevo.

No me parece que el artículo 1.3. genere confusión ni interpretación. Y de acuerdo con José Manuel Martínez.

Impone la obligación de establecer "consideraciones" sociales y medioambientales, pero no impone que dichas consideraciones deban establecerse como criterios de adjudicación ni como solvencia técnica. Por lo tanto, el órgano de adjudicación deberá determinar la idoneidad procedimental para su inclusión.

Disiento eso sí con José Manuel Martínez respecto a que los criterios de adjudicación sociales conllevan más riesgos o complejidad que las condiciones especiales de ejecución, y de hecho ninguno de los dos comporta riesgo alguno. Por ejemplo: se establece como condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria deberá emplear en la plantilla que ejecutará el contrato, a tiempo completo, a una persona con discapacidad igual o superior al 33%. Y se establece, además, de forma complementaria, como criterio de adjudicación a las empresas licitadoras que se comprometan a emplear a dos personas con discapacidad igual o superior al 33%. La complejidad y dificultad es la misma: ninguna en absoluto.

Saludos.

De acuerdo con Santiago, debí precisar que las dificultades a las que me refiero se dan especialmente cuando se establecen criterios de valoración no matemático, que requieren la elaboración de  memorias, planes o documentos similares, que luego no suele controlarse la ejecución. en todo caso, ya sea como criterio de valoración o como condición de ejecución, es imprescindible verificar que en la ejecución del contrato se cumple

Hola, a ese respecto del cumplimiento y ejecución de las actuaciones valoradas como criterio de adjudicación, en nuestra organización ya desde la anterior Ley venimos realizando lo siguiente:

- Inclusión en el contrato de todas las obligaciones (ofertas realizadas por el adjudicatario) derivadas de los criterios valorados en la adjudicación (si hacen referencia a memorias o planes extensas se adjuntan copias como anexo).

- En la recepción o finalización del contrato se debe emitir informe del responsable del contrato sobre el cumplimiento (incluyendo medios empleados para dicha comprobación) de todas aquellas obligaciones.

En los nuevos modelos que se están implementando actualmente entiendo que sería una buena idea incluir algo similar.

Un saludo.

En las primeras líneas del art 1.3 parece de obligado cumplimiento que se deben incorporar dichas consideraciones, cierto es que, a medida que llegas al final del propio precepto se tiene que cumplir una serie de requisitos para poder establecer dichas premisas...estoy de acuerdo con Santiago y José Manuel.

Por otro lado para incluirlo como condición especial en el ejemplo que mencionas, para realizarlo de manera adecuada aparte de su seguimiento sería bueno que el licitador completase una declaración responsable por el que si a futuro no la cumple poder incluir penalidades o incluso la resolución del contrato.

Un saludo.

Completamente de acuerdo y subo la apuesta:

1. Se establece la condición especial de ejecución.

2. El licitador firma una declaración responsable con el compromiso explícito.

3. Se señala que la citada condición especial de ejecución constituye una obligación contractual de carácter esencial y se establecen penalidades y la posibilidad de rescisión del contrato.

4. Se señala además en el propio pliego cómo se va a verificar la condición especial de ejecución: por ejemplo exigiendo al adjudicatario una copia del contrato de trabajo y certificado oficial de discapacidad.

5. Se asignan a la persona responsable del contrato de manera expresa las funciones de verificación de la documentación y en caso de incumplimiento de comunicación al órgano de contratación y de inicio del expediente sancionador.

6. Una vez iniciada la ejecución del contrato se verifica el efectivo cumplimiento de la cláusula prevista.

Saludos.

Dos ampliaciones a todo lo dicho:

- cuidado con redactar los criterios de adjudicación en forma de "umbral de saciedad", limitaciones a las ofertas de manera que se pueda conocer de antemano las ofertas que se van a presentar y/o la valoración de las mismas, porque todos los Tribunales y órganos consultivos han rechazado reiteradamente esta forma de valorar.

- el control de la ejecuciones vital. A la figura del responsable del contrato añade la ley un guiño muy útil a la "unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato". Me parece muy importante porque no pocas veces el responsable del contrato no es jurista y se encuentra con dificultades para tramitar expedientes sancionadores por incumplimiento del contrato y mucho más para iniciar la resolución de un contrato.

Muy interesante aportación sobre la "unidad encargada del seguimiento...".

Respecto al "umbral de saciedad" espero no aburrir a nadie con nuestra cuitas, pero como es un tema sobre el que discrepo con José Manuel, muy cordialmente por supuesto, me permito opinar:

Nuestra diferencia de criterio se debe a que en ocasiones yo propongo criterios de adjudicación de "sí o no", por ejemplo 5 puntos a quien se comprometa a contratar a una persona con discapacidad y 0 a quien no. José Manuel considera que en esos casos se da un "umbral de saciedad" pues no permite a un licitador comprometerse a contratar a dos personas (si no lo estoy explicando bien que me corrija por favor), o si lo hace no se ve reflejado en la asignación de puntuación.

Comparto parcialmente el argumento, en el sentido de que en determinados casos los criterios de adjudicación deben establecer franjas o escalas, de modo que la asignación de puntuación no sea de “todo o nada” sino que corresponda a una valoración progresiva.

No obstante, sí que existen determinados criterios de adjudicación en los que resulta adecuado y razonable que la asignación de puntuación establecida en los pliegos sea de “todo o nada”, o bien que establezca un umbral mínimo para obtener puntuación y un umbral máximo por encima del cual no se obtiene mayor puntuación. La validez de esta tipología debe basarse en las características de dichos criterios y fundamentarse en la finalidad perseguida (y debidamente justificada en el expediente).

Por ejemplo, si en un contrato de suministro de papel, se desea valorar que sea papel ecológico, procedente de bosques certificados renovables y cuyos componentes estén completamente libres de cloros, no tiene sentido que demos 5 puntos al papel 100% ecológico, y 2 puntos al papel 40% ecológico. O si valoramos disponer de un Plan de Igualdad no tiene sentido dar 5 puntos por el Plan, 4 por un casi plan, y 2,5 por medio Plan. Lo mismo cabe decir por ejemplo si se valora que se cumpla el convenio colectivo: puedo dar 5 puntos a quien cumpla y es un criterio válido, pero dar 3 puntos al que cumple partes no tiene sentido, ni común ni jurídico. Y aunque la jurisprudencia se refiera a la linealidad y la proporcionalidad y el umbral de saciedad, se refieren a los criterios económicos, cuyas características y aplicación pueden diferir de las sociales y las ambientales, al menos en algunos casos como los expuestos.

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