La valoración de aspectos cualitativos en servicios intelectuales y otros del Anexo IV hasta el 51%. Consecuencias en el abierto simplificado.

En los contratos de servicios del Anexo IV de la LCSP-2017, los criterios de selección relacionados con la calidad tiene  que ser al menos el 51% de la puntuación asignable en la valoración de ofertas.

Así lo establece el artículo 145.4 con carácter general, y aplica esta misma regla a los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual.

Los servicios del Anexo IV, son esencialmente la tipología de servicios que cubre el marco de los servicios sociales, educativos, sanitarios y culturales, pero también algunos otros como los servicios de catering o los servicios de seguridad...

En todos estos servicios, al aplicar el procedimiento abierto no se plantean dudas especiales:

 51% criterios de calidad, con o sin comité de expertos, en función de si son o no subjetivos más de un 50%

Pero para el procedimiento abierto simplificado (PAS) el art.159.1b) establece los siguientes criterios de adjudicación: 75% automáticos, 25% subjetivos con carácter general, salvo los que contengan prestaciones de carácter intelectual, que pasa la proporción a 55-45. Adviértase que no se hace la misma salvedad para los servicios del Anexo IV

Y en el procedimiento abierto simplificado abreviado (PASA) del art.159.6 donde el 100% de los criterios han de ser automáticos, se excluye expresamente su aplicación a los servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual. En este caso, tampoco se hace mención alguna a los servicios del Anexo IV

La cuestión que se plantea es ¿ se ha olvidado el legislador consciente o inconscientemente de los servicios del Anexo IV, al regular las distintas modalidades del procedimiento abierto? 

La falta de previsión específica nos lleva a las siguientes cuestiones:

- Si hemos de aplicar criterios de calidad en un 51% siempre y no podemos objetivar ni convertir en automáticos el 100% de los criterios, ello nos llevaría a concluir que no podríamos utilizar el PASA en un servicio social de acompañamiento a menores inferior a 34.000 € ¿????

- Y si en un procedimiento PAS tampoco se pudiera objetivar en la proporcion 75-25 ¿no cabe tampoco utilizar esta modalidad del procedimiento abierto para el mismo servicio anterior sea este de 34.000 o de 94.000???

- La falta de previsión y la imposibilidad que en ocasiones pueda existir para objetivar el 100% o bien en la proporción 75-25, cuando hay que valorar en base a una pluralidad de criterios y al menos el 51% han de ser de calidad ¿nos debe llevar a la conclusión de que habrá que aplicar siempre y en cualquier caso el procedimiento abierto en su modalidad ordinaria  independientemente de la cuantía del servicio? En mi opinión esto no debería ser así.

Y no debería ser así por ser absolutamente contrario al criterio de eficiencia.

Me gustaría conocer sus opiniones al respecto, y si tienen sugerencias interpretativas que puedan arrojar algo de luz en esta cuestión.

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Respuestas a esta discusión

Hola Isabel. Ayer impartí un webinar sobre el PAS. Comenté lo que comentas.

Creo que el PAS está limitado en los servicios. He tenido que sacar un estudio de viabilidad de las estructura de un puente por 30.000,00€. Es una prestación intelectual, así que descarté el simplificado sumario. 

Luego dudé en la valoración, ví el artículo 145 y la exigencia del 51%. Lo único que se nos ocurrió es valorar la organización, cualificación y experiencia de ... un criterio que no hemos sabido objetivar. En consecuencia, hemos montado un procedimiento abierto con comité de expertos.

Ahora tenemos el servicio de vigilancia y nos vamos a lo mismo. Comité de expertos. En organizaciones pequeñas es un problemón.

Creo que la eficiencia, y esta forma de valorar está reñida.

Por otra parte, hay que conseguir la oferta económicamente más ventajosa y ésta será la que presente la mejor relación calidad/precio o la mejor relación coste/eficacia. Hay que profesionalizar la valoración de las ofertas.

Un saludo y muchas gracias por participar.

Hola. Yo lo que voy a hacer para contratar servicios de arquitectura y no montar un comité de expertos es valorar la cualificación y experiencia de forma objetiva en los que supere lo exigido como solvencia. Haremos algo así:

Calidad:

-Por mayor número de proyectos redactados de igual naturaleza al que es objeto de contrato.......hasta 37 puntos.

-Por mayor equipo técnico adscrito al contrato que supere lo exigido como mínimo....hasta 14 puntos: Arquitecto/arquitecto técnico o profesión equivalente...3,5 puntos. Ingeniero de caminos/técnico de obras públicas o profesión equivalente....3,50. Ingeniero industrial o profesión equivalente...3,5. Ingeniero con otras titulaciones...3,5 puntos.

Saludos.

¿Se podría incluir la media de la antigüedad en la empresa del equipo adscrito a la ejecución? Lo digo por el tema de estabilidad laboral y suponer menores costes indirectos al presupuesto público (menos subsidios de desempleo, más cotizaciones a la SS). Lo intento relacionar con todo aquello del ciclo de vida y el tema de coste-beneficio... esos territorios ignotos en los que tendremos que adentrarnos tarde o temprano.

Pues sí que son territorios ignotos... y uno este comentario al primero que dice que habrá que profesionalizar la valoración de las ofertas.

En cualquier caso, Albert, a mis colegas interventores de la Administración para la que trabajo les cuento tus sugerencias... y salvo que me las avale la mismísima Junta Consultiva, me mandan así de entrada... a paseo... Y es que estos Interventores, estan escasos de imaginación y sobrados de reparos ¡!!!!

Uff! En principio, no parece que conlleve beneficio social para los trabajadores que se adscriben ni para el coste del contrato concreto.

Igual no me explico bien, que me pasa a menudo.

Entiendo que la estabilidad laboral en una empresa, supone menos cargas y más ingresos para las cuentas públicas en general, no en lo tocante al contrato en particular. Por eso expongo la duda.

Lo miro desde una perspectiva que desborda a la administración contratante. No es un ahorro directo sobre la administración contratante, pero sí sobre el conjunto de las administraciones.

Luego, está la ponderación que le pueda corresponder a un criterio como éste, que debería ser diferenciador pero no decisorio.

El tema es, como comenta Isabel, cómo convencer a los órganos fiscalizadores de la conveniencia de éste tipo de criterios.

Creo que aúna las dos características que confluyen en el 51% que estamos debatiendo: una fórmula matemática y un criterio de calidad. Calidad entendida como una mejor ejecución del contrato por una plantilla con mayor experiencia.

Pero es una manera de verlo muy particular.

Sobre el procedimiento simplificado, yo he optado por descartar de el los criterios no matemáticos, pues si hay tres sobres, con sus tres mesas y posible informa de valoración, el procedimiento se alarga tanto (además de abrirse más posibilidades de recurso) que no veo la ventaja de utilizar el procedimiento simplificado. Los criterios sociales y ambientales o de  calidad se pueden medir con criterios matemáticos quizá de manera más precisa y sin duda más objetiva que con criterios no matemáticos.

En cuanto a la contratación de técnicos para la redacción de proyectos, la valoración de la experiencia y los equipos supone una barrera de entrada de nuevos técnicos en el mercado de los proyectos público, por lo que creo que debe usarse con prudencia y no debería utilizarse para eludir el procedimiento restringido, que es el que la propia Ley recomienda en estos casos. Un criterio de valoración objetivo que incentiva la calidad de los proyectos, es la valoración de los porcentajes de errores y responsabilidades (reducción en un caso y ampliación en el otro) que regulan los artículos 314 y 315 de la Ley.

Yo interpreto la Ley de la siguiente manera:

Por un lado, está el binomio criterios cualitativos vs económicos; por el otro, el binomio citerios evaluables por juicio de valor vs cuantificables mediante la aplicación de fórmulas. Y no son lo mismo.

El primero de los binomios se corresponde con los criterios de adjudicación del artículo 145: criterios referidos a la calidad de la prestación (características cualitativas) y criterios económicos referidos al coste (precio o rentabilidad). Normalmente se optará por una combinación de ambos para la selección de la oferta con mejor relación calidad-precio, y deben formularse conforme a los requisitos del 145.5: vinculación al objeto del contrato en el sentido del 145.6, objetividad, igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, no conferirán al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada y garantizarán que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva.

El segundo de los binomios es el que se refiere a la aplicación o valoración de los anteriores criterios de adjudicación, artículo 146. Algunos criterios se evaluarán mediante juicios de valor, otros se valorarán mediante la aplicación de fórmulas. Se dará preponderancia a las características que permitan su valoración mediante fórmulas.

Y aquí está, para mí, el quid de la cuestión. Los binomios no son correlativos: asociamos criterios cualitativos a valoración por juicio de valor, y criterios económicos a valoración por fórmulas matemáticas, pero creo que la Ley quiere que rompamos esa asociación. Que también los criterios cualitativos puedan ser valorados, en función de la concreta naturaleza de cada característica, conforme a fórmula matemática. Por poner un ejemplo muy sencillo: un criterio cualitativo consistente en una característica social del contrato como «la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato». Puede valorarse perfectamente mediante fórmula matemática, asignando 2 puntos por cada trabajador que se contrate por encima de 5, hasta un máximo de 10. No debe dejarse su evaluación a juicio de valor, si se puede objetivar y cuantificar.

Teniendo en cuenta esta distinción, me parece que no hay contradicción entre los artículos 145.4 y 159. 

El artículo 145.4 pide un mínimo del 51 % para criterios relacionados con la calidad, en los tipos de contratos a los que se refiere. Y el 159 se refiere a (PAS) a un máximo del 25 % en criterios evaluables mediante juicio de valor (45 % en servicios intelectuales), mientras que el 159.6 (PASA) exige un 100 % de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

Es decir, que se puede tramitar un contratos de servicios del Anexo IV, o un contrato que tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, con un 51 % de criterios cualitativos, siempre y cuando todos ellos sean cuantificables mediante la aplicación de fórmulas (en modalidad PASA), o solo un 25-45 % sea evaluable mediante juicios de valor (modalidad PAS).

Un saludo

--
Esteban

Efectivamente Esteban, tienes toda la razón, no estamos ante binomios correlativos.

Gracias por tu respuesta, la redacción esta muy clara.

Yo tengo asumido que hay criterios de calidad que resultan perfectamente objetivables.

La dificultad para mi está en objetivar el 75% en el PAS o el 100% en el PASA cuando estamos ante contratos de servicios que conlleven atención al ciudadano de los del Anexo IV, y pongo por ejemplo: servicios de atención a jóvenes y menores para educación en tiempo libre, servicios de atención bibliotecaría, y otro tipo de servicios intensivos en coste de personal.

Coincido con vosotros. No tendrían por qué identificarse los criterios relacionados con la calidad con los evaluables mediante juicio de valor, y es posible que se establezcan criterios de calidad evaluables de forma automática, con lo que serían compatibles el art. 145.4 y el 159.

La cuestión estaría en establecer de forma objetiva en los pliegos cuál es la valoración que se va a dar a cada criterio de calidad no sujeto a juicio de valor, de manera que haya automaticidad en la aplicación de la puntuación.

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